Servicio noticioso desde Washington 10 de noviembre de 2004 Pareja peruana se declara culpable de contrabando de extranjeros(También es culpable de someter a docenas de peruanos a trabajos forzosos)El 5 de noviembre, la Oficina de Ejecución de las Leyes de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos anunció en un comunicado de prensa que, en el distrito este del Estado de Nueva York, una pareja se ha declarado culpable de una variedad de cargos en los que se los acusaba de introducir de contrabando a ciudadanos peruanos en Estados Unidos y someterlos a trabajos forzados..
Mariluz Zavala y Jorge Ibáñez fueron arrestados el pasado mes de junio, cuando las autoridades hicieron una redada en casas de la pareja y descubrieron a 69 peruanos que estaban en el país ilegalmente y una gran cantidad de documentos de identificación falsos.
En el comunicado de prensa se informa de que estos dos individuos habían concebido un plan en 1999 para obtener visados falsos para introducir ilegalmente a ciudadanos peruanos en Estados Unidos. Cobraban a los presuntos inmigrantes una suma considerable por el viaje. Después, bajo la amenaza de entregarlos a las autoridades, los mantenían en situación de trabajos forzosos y les confiscaban sus salarios.
Zavala e Ibáñez pueden ser sentenciados a una pena máxima de 50 años de cárcel y al pago de una multa que no exceda de un millón de dólares cada uno.
A continuación la traducción del comunicado de la Oficina de Aplicación de Leyes de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) (comienza el texto)
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL TERRITORIO NACIONAL EN EL CONDADO DE SUFFOLK UNA PAREJA SE DECLARA CULPABLE DE TRABAJOS FORZOSOS Y CONTRABANDO DE EXTRANJEROS NUEVA YORK - Martin D. Ficke, agente especial encargado de la Oficina de Aplicación de las Leyes de Inmigración y Aduanas en el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional, Rosalynn R. Mauskopf, fiscal federal para el distrito oriental de Nueva York y R. Alexander Acosta, fiscal general adjunto del Departamento de Justicia de Estados Unidos, anunciaron hoy que Mariluz Zavala y Jorge Ibáñez se han declarado culpables de conspirar para cometer delitos de trabajos forzados; conspirar para reclutar, ocultar, transportar y albergar a trabajadores indocumentados; dedicarse a transacciones de crédito gravosas y transferir tarjetas de registro de extranjeros falsas.
El acto de declaración de culpabilidad se celebró ante la juez del distrito federal Sandra J. Feuerstein, en el juzgado federal de Central Islip, Nueva York. El 21 de junio, cuando se procedió a arrestar a los acusados, los agentes federales ejecutaron mandamientos de registro en tres residencias en el condado de Suffolk, Nueva York, pertenecientes a los acusados, situadas, respectivamente, en 5 Felway Drive, en Coram; 4 Forth Avenue, en Brentwood, y 3524 Great Neck Road, en Amityville y se llevaron bajo custodia a 69 extranjeros peruanos ilegales, entre ellos 13 niños, que vivían hacinados y en condiciones sórdidas. Los agentes también confiscaron gran cantidad de documentos de identificación falsos, incluidos pasaportes.
Entre el 1 de junio de 1999 y el 2 de junio, los acusados, que son marido y mujer, concibieron un plan para obtener por medios ilícitos visados para extranjeros peruanos que trataban de entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Como parte del plan, Zavala e Ibáñez obtenían visados de turista para los extranjeros, sin que éstos tuvieran que pasar por los procesos obligatorios de entrevista y clasificación, les cobraban una comisión por contrabando que oscilaba entre 6.000 y 13.000 dólares por persona. Una vez que los extranjeros llegaban a Estados Unidos, Ibáñez les conseguía registros de extranjeros falsos y tarjetas de Seguridad Social y, con ayuda de los documentos de identidad falsos, encontraba trabajo para los extranjeros en fábricas del condado de Suffolk.
Los acusados confiscaban los pasaportes de los extranjeros y los amenazaban con entregarlos a las autoridades si se negaban a trabajar. Los extranjeros se veían obligados a entregar la casi totalidad de sus ganancias a los acusados, que usaban el dinero para adquirir casas, bienes raíces y vehículos y pagar sus propios gastos. En la mayor parte de los casos, a los extranjeros sólo se les permitía quedarse con 50 dólares o menos para su propio mantenimiento y el de su familia.
"Las declaraciones de culpabilidad de hoy son otra victoria contra los que abusan y explotan a los inocentes y los vulnerables y es un ejemplo del compromiso de la Oficina de Ejecución de las Leyes de Aduanas e Inmigración de hacer nuestras comunidades más seguras para todos", declaró Ficke. "Como principal brazo de investigación del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional, estamos comprometidos a usar todos nuestros recursos y atribuciones para investigar y combatir a las redes que se dedican a la trata de seres humanos".
"Los acusados en este caso se aprovecharon de víctimas desesperadas que hubieran hecho cualquier cosa para venir a Estados Unidos para construir una vida mejor para ellos y su familia", afirmó Mauskopf. "La condena de los acusados es una indicación clara de que protegeremos a las víctimas del contrabando de extranjeros y haremos recaer todo el peso de la ley sobre quienes los exploten para su beneficio y ganancia personal".
Acosta afirmó "La trata de seres humanos no es otra cosa que la esclavitud moderna, y tiene que terminar. Estamos decididos a perseguir vigorosamente a quienes tratan de aprovecharse del trabajo forzado de otros".
Zavala e Ibáñez se enfrentan a sentencias de un máximo de 50 años de cárcel y una multa que no exceda de un millón de dólares cada uno. Como parte de su declaración de culpabilidad, los acusados perderán una residencia situada en 3524 Great Neck Road, Amityville, Nueva York, valorada en 175.000 dólares y cuentas bancarias que contienen, unos 30.000 dólares, producto de sus actividades delictivas.
Ejercieron la acción penal los fiscales federales adjuntos Bonnie S. Klapper y Richard Luger, y Adriana Vieco, fiscal de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Todo aquél que tenga conocimiento de actividades de contrabando o trata de seres humanos debe llamar al teléfono confidencial de la Oficina de Ejecución de las Leyes de Aduanas e Inmigración 1-877-DHS-2ICE (I-877-347-2423). (termina el texto)
(Distribuido por la Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado. Sitio en la web: http://usinfo.state.gov/espanol)
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