Los federalistas tal vez nunca habrían obtenido la ratificación de varios estados importantes si no hubieran prometido agregar una carta de derechos a la Constitución. La mayoría de las constituciones estatales adoptadas durante la Revolución incluían una declaración muy específica de los derechos de todas las personas. La mayoría de los estadounidenses pensaban que ninguna constitución se podía considerar completa sin ese tipo de declaración. George Mason de Virginia tuvo a su cargo la primera y más famosa de las cartas de derechos estadounidenses, la Declaración de Derechos de Virginia, en 1776. Él y Patrick Henry habrían impedido la ratificación de la Constitución en Virginia si los federalistas no hubieran accedido a sus demandas en materia de enmiendas.
James Madison encabezó al nuevo Congreso para proponer las enmiendas. Él mismo sugirió 15 enmiendas y el Congreso aceptó que 12 de ellas fueran presentadas a las legislaturas estatales para su ratificación bajo el proceso de enmienda descrito en el Quinto Artículo de la Constitución. Ya para el 15 de diciembre de 1791, las tres cuartas partes necesarias de las asambleas legislativas de los estados habían aprobado 10 de las 12 enmiendas. A esas 10 enmiendas se las conoce como la Carta de Derechos. Una de las dos enmiendas rechazadas se refería al número de miembros de la Cámara de Representantes. De acuerdo a ella, la representación habría oscilado entre no más de un representante por cada 30.000 personas y no más de uno por cada 50.000. La otra enmienda rechazada disponía que el Congreso no podría cambiar los salarios de sus miembros sino hasta después de que hubiera tenido lugar una elección de representantes. Fue ratificada 202 años más tarde y se convirtió en la 27a Enmienda.
Los antifederalistas aceptaron su derrota cuando la Constitución fue aprobada, y en seguida se aprestaron a adquirir poder de acuerdo a sus reglas. Sus acciones establecieron un estilo para la política estadounidense que nunca ha cambiado. Los ciudadanos se sienten insatisfechos a veces por las políticas y prácticas de quienes los gobiernan, pero muy pocos estadounidenses han condenado el sistema constitucional o han sentido que en una segunda Convención Constitucional se pudiera establecer un sistema mejor.
