"El Tribunal se atiene a las lecciones de la experiencia y la fuerza del mejor razonamiento, y reconoce que el procedimiento de tanteo, tan útil en las ciencias físicas, también es válido en la función judicial"

— Louis D. Brandeis, Magistrado del
Tribunal Supremo de los EE.UU
Burnett contra Coronado Oil and Gas Co., 1932

Desde que el Tribunal Supremo fuera convocado por primera vez en 1790, desde entonces ha emitido miles de dictámenes sobre todo tipo de cuestiones, desde las atribuciones del gobierno a los derechos civiles y la libertad de prensa. Aunque muchas de esas decisiones son poco conocidas y de escaso interés para el público en general, varias destacan por el efecto que han tenido en la historia de Estados Unidos. A continuación se presenta una relación sucinta de algunos de los casos más destacados.

MARBURY vs. MADISON (1803)

Marbury contra Madison, a menudo calificado como el fallo más importante en la historia del Tribunal Supremo, estableció el principio de revisión judicial y el poder del Tribunal de dictaminar sobre la constitucionalidad de las medidas legislativas y ejecutivas.

El caso surgió como resultado de una querella política a raíz de las elecciones presidenciales de 1800, en las que Tomás Jefferson, republicano demócrata, derrotó al entonces presidente John Adams, federalista. En los últimos días del gobierno de Adams, el Congreso dominado por los federalistas, estableció una serie de cargos judiciales, entre ellos 42 jueces de paz para el Distrito de Columbia. El Senado confirmó los nombramientos, el presidente los firmó y el secretario de Estado estaba encargado de sellar y entregar las comisiones. En el ajetreo de última hora, el secretario de Estado saliente no entregó las comisiones a cuatro jueces de paz, entre los que se contaba William Marbury.

El nuevo secretario de Estado del gobierno del presidente Jefferson, James Madison, se negó a entregar las comisiones porque el nuevo gobierno estaba irritado por la maniobra de los federalistas de tratar de asegurarse el control de la judicatura con el nombramiento de miembros de su partido. Marbury recurrió al Tribunal Supremo para que ordenara a Madison entregarle su comisión.

Si el Tribunal fallaba a favor de Marbury, Madison todavía podría negarse a entregar la comisión y el Tribunal no tendría manera de hacer cumplir la orden. Si el Tribunal se pronunciaba contra Marbury, se arriesgaba a someter el poder judicial a los jeffersonianos al permitirles negar a Marbury el cargo que podía reclamar legalmente. El presidente del Tribunal Supremo John Marshall resolvió este dilema al decidir que el Tribunal Supremo no estaba facultado para dirimir este caso. Marshall dictaminó que la Sección 13 de la Ley Judicial, que otorgaba al Tribunal estas facultades, era anticonstitucional porque ampliaba la jurisdicción original del Tribunal de la jurisdicción definida por la Constitución misma. Al decidir no intervenir en este caso, el Tribunal Supremo aseguró su posición como árbitro final de la ley.

GIBBONS vs. OGDEN (1824)

El primer gobierno de Estados Unidos con arreglo a los Artículos de la Confederación era débil, en parte porque carecía de atribuciones para regular la economía del nuevo país, incluido el comercio interestatal. La Constitución otorgaba al Congreso de Estados Unidos la facultad de "regular el comercio . . .entre los diversos estados. . .", pero esa facultad fue impugnada con frecuencia por los estados, que deseaban retener el control de las cuestiones económicas.

A comienzos del decenio de 1800, el estado de Nueva York promulgó una ley por la que se exigía una licencia de Nueva York para los barcos de vapor que navegaban entre Nueva York y Nueva Jersey. Aaron Ogden tenía dicha licencia; Tomás Gibbons no la tenía. Cuando Ogden se enteró de que Gibbons estaba compitiendo con él y no tenía licencia de Nueva York, le llevó ante los tribunales.

Gibbons tenía licencia federal para navegar por las aguas costeras con arreglo a la Ley de Navegación de cabotaje de 1793, pero los tribunales del estado de Nueva York convinieron con Ogden en que Gibbons había infringido la ley porque no tenía licencia del estado de Nueva York. No obstante, cuando Gibbons elevó su caso al Tribunal Supremo, los magistrados declararon anticonstitucional la ley de Nueva York por infringir las atribuciones del Congreso de los Estados Unidos de regular el comercio. "La palabra 'regular' implica, por su propia naturaleza, plenos poderes sobre la cosa objeto de la regulación", dictaminó el Tribunal. Por tanto, "excluye, necesariamente, la acción de todos los demás que realizarían la misma operación sobre la misma cosa".

JUNTA DE RELACIONES LABORALES (NLRB) vs. JONES & LAUGHLIN STEEL CORP. (1937)

Si Gibbons contra Ogden estableció la supremacía del Congreso en la reglamentación del comercio interestatal, NLRB vs. Jones & Laughlin extendió la autoridad congresional de la reglamentación del comercio mismo a la reglamentación de las prácticas comerciales de las industrias dedicadas al comercio interestatal.

Jones & Laughlin, una de las principales empresas siderúrgicas del país, infringió la ley nacional de relaciones laborales de 1935 al despedir a 10 empleados por participar en actividades sindicales. La ley prohibía una variedad de prácticas laborales injustas y protegía el derecho de los trabajadores a establecer sindicatos y negociar colectivamente. La empresa se negó a cumplir la orden de NLRB de readmitir a los trabajadores. Un tribunal de circuito de apelaciones se abstuvo de hacer cumplir la orden de la junta, y el Tribunal Supremo revisó el caso.

Lo que se ventilaba en este caso era si el Congreso estaba o no facultado para regular las actividades "locales" de empresas dedicadas al comercio interestatal, es decir, las actividades que tienen lugar dentro de un estado. Jones & Laughlin aducía que las condiciones de su fábrica no afectaban al comercio interestatal y, por tanto, su regulación no era incumbencia del Congreso. El Tribunal Supremo disintió al estipular que "la interrupción de las operaciones [fabriles] por conflictos industriales tendría un efecto sumamente grave en el comercio interestatal. La experiencia ha demostrado cumplidamente que el reconocimiento del derecho de los empleados a organizarse y a tener representantes de su propia elección para fines de negociación colectiva es, con frecuencia, una condición esencial de la paz industrial". Al defender la constitucionalidad de la ley nacional de relaciones laborales, el Tribunal Supremo dio una victoria a los sindicatos y sentó las bases de una mayor regulación de la industria por el gobierno federal.

BROWN vs. JUNTA DE EDUCACIÓN (1954)

Con anterioridad a este histórico caso, muchos estados y el Distrito de Columbia regentaban sistemas escolares segregados racialmente a tenor de lo dispuesto en la decisión de 1896 del Tribunal Supremo en Plessy contra Fergusson, por la que se permitía la segregación si los servicios eran iguales. En 1951, Oliver Brown, de Topeka, Kansas, impugnó esta doctrina de "separados, pero iguales" cuando se querelló con la junta escolar de la ciudad en nombre de su hija de ocho años. Brown deseaba que su hija asistiera a una escuela blanca situada a cinco manzanas de su casa, en vez de a la escuela negra, que estaba a 21 manzanas de distancia. Un tribunal federal, basado en que las escuelas eran substancialmente iguales, falló contra Brown.

Mientras tanto, en Carolina del Sur, Virginia y Delaware, los padres de otros niños negros entablaron pleitos similares. El tribunal de Delaware resolvió que las escuelas negras eran inferiores a las blancas y ordenó que los niños negros fueran trasladados a escuelas blancas, pero las autoridades escolares apelaron la decisión al Tribunal Supremo.

El Tribunal oyó los argumentos de todos estos casos al mismo tiempo. Los alegatos presentados por los litigantes negros incluían datos y testimonio de psicólogos y sociólogos que explicaban por qué pensaban que la segregación era perjudicial para los niños negros. En 1954 el Tribunal Supremo dictaminó, por unanimidad, que "en el terreno de la educación la doctrina de "separados, pero iguales" no tiene cabida, y resolvió que la segregación en la escuelas públicas negaba a los niños negros "la igualdad de protección de las leyes garantizada por la enmienda catorce".

GIDEON vs. WAINWRIGHT (1963)
MIRANDA vs. ARIZONA (1966)

Dos decisiones emitidas por el Tribunal Supremo en el decenio de 1960 promovieron los derechos de los inculpados de cometer delitos.

En 1961, Clarence Earl Gideon fue arrestado en Florida por entrada con fractura en una sala de billar. Cuando solicitó que le asignaran un abogado de oficio para defenderle, el juez se lo negó por entender que la ley estatal sólo exigía el nombramiento de un abogado en casos capitales, o sea, aquéllos que están relacionados con la muerte de una persona o que son punibles con la pena de muerte. Gideon se encargó de su propia defensa y fue declarado culpable. Mientras estaba en prisión pasó horas en la biblioteca estudiando libros de derecho y escribió una petición al Tribunal Supremo para que revisara su caso. El Tribunal entendió que a Gideon se le había denegado un juicio imparcial y resolvió que todos los estados debían proporcionar asistencia letrada a todos los reos indigentes. Cuando Gideon fue juzgado de nuevo disponía de abogado defensor y fue absuelto.

Tres años más tarde, el Tribunal Supremo dictaminó que el reo debía tener derecho a la asistencia letrada mucho antes de presentarse ante un tribunal de justicia. Ernesto Miranda fue condenado en un tribunal estatal de Arizona por secuestro y violación. Su condena se basaba en su propia confesión ante agentes de la policía, después de dos horas de interrogatorio sin haber sido informado de que tenía derecho a la presencia de un abogado. En su decisión, el Tribunal Supremo ordenó que los agentes de policía, al efectuar arrestos, facilitasen la información que ahora conocemos como la información de Miranda, a saber, que los sospechosos tienen derecho a permanecer callados; que cualquier cosa que digan podrá usarse contra ellos; que pueden contar con la presencia de un abogado durante el interrogatorio y que se les facilitará un abogado si no pueden costearse sus servicios.

Miranda contra Arizona es una de las decisiones más famosas del Tribunal Supremo, a la que se hace alusión repetidamente en películas y programas de televisión de los Estados Unidos. No obstante, en 1999, un tribunal federal de apelaciones la impugnó en el caso Dickerson contra los Estados Unidos, en el que una persona condenada por robo a un banco alegaba que no le habían leído debidamente sus derechos. En junio de 2000, el Tribunal Supremo anuló Dickerson por 7 votos contra 2, en un fallo que reafirmó rotundamente la validez de Miranda.

NEW YORK TIMES CO. vs. SULLIVAN (1964)

La Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de prensa, pero durante años el Tribunal Supremo se negó a hacer uso de la primera enmienda para proteger a los medios de información de pleitos por libelo, es decir, aquéllos que se basan en la publicación de información falsa que perjudica la reputación de una persona. El fallo del Tribunal Supremo en el caso New York Times co. vs. Sullivan revolucionó la ley de libelo en Estados Unidos al decidir que los funcionarios públicos no podrían querellarse con éxito por libelo sólo con demostrar que la información publicada era falsa. El Tribunal dictaminó que el demandante también tenía que demostrar que los periodistas o editores habían actuado con "malicia" y publicado información "con despreocupación imprudente de si era falsa o no".

El caso surgió como consecuencia de un anuncio a toda página publicado en el New York Times por la Southern Christian Leadership Conference para recaudar fondos para la defensa del dirigente de derechos civiles Martin Luther King, Jr., que había sido arrestado en Alabama en 1960. L. B. Sullivan, comisario de policía de Montgomery, Alabama, alegó que el anuncio constituía un acto de libelo contra él porque presentaba una descripción falsa de las acciones de la policía municipal. Sullivan se querelló con los tres clérigos que habían puesto el anuncio y con el New York Times, que no había comprobado su exactitud.

El anuncio contenía varias inexactitudes y un jurado adjudicó a Sullivan 500.000 dólares en reparaciones. El Times y los dirigentes de derechos civiles apelaron la decisión ante el Tribunal Supremo, que falló por unanimidad a su favor. El Tribunal resolvió que las leyes de libelo no se pueden invocar "para imponer sanciones por la expresión crítica de la conducta oficial de funcionarios públicos", y que exigir a los críticos garantizar la exactitud de sus observaciones conduciría a la autocensura. El Tribunal no encontró pruebas de que el Times o los clérigos actuaran con malicia al publicar el anuncio.

Reimpreso de An Outline of U.S. Government, del Departamento de Estado de los EE.UU. (http://usinfo.state.gov/products/pubs/outusgov/ch6.htm