Establecido por la Constitución de Estados Unidos en 1789, el Tribunal Supremo es, a la vez, el árbitro final de los casos legales significativos y es la autoridad que prevalece en cuanto a la constitucionalidad de una ley en particular. Si bien la Constitución especifica la jurisdicción original del tribunal, no explica claramente cómo debe llevar a cabo su trabajo, ni tampoco determina la cantidad de jueces que deben actuar en el tribunal, o cuáles deben ser sus calificaciones. De esta manera, los fundadores de la nación dispusieron un tribunal con la adaptabilidad necesaria para responder a las necesidades de sus ciudadanos.

John Paul Jones es profesor de Derecho en la Universidad de Richmond, en Virginia, y editor del "Journal of Maritime Law and Commerce", colaborador de "A Biographical Dictionary of U.S. Supreme Court Justices", y autor de numerosas publicaciones sobre derecho marítimo y administrativo y otras especialidades legales.

En la mayoría de los estados modernos, uno de los tribunales está facultado para evaluar la constitucionalidad de los actos del parlamento y del ejecutivo, en tanto que otro actúa como tribunal de última instancia. El Tribunal Supremo de Estados Unidos se cuenta entre una pequeña minoría diferente facultada para actuar a la vez como máximo tribunal de la nación y cómo árbitro legal de la constitucionalidad. Una jornada de trabajo en el tribunal, por lo tanto, puede incluir asuntos de importancia histórica, en tanto que otras estarán dedicadas a las tareas ordinarias de un tribunal de revisión, incluyendo la supervisión del departamento de justicia federal en y la corrección de decisiones inconstitucionales de los tribunales inferiores.

El Sistema de Tribunales de Estados Unidos

	Tribunal Supremo de Estados Unidos	Cuestiones Federales de los Tribunales Estatales
Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos 12 Tribunales*	Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal**	Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para las Fuerzas Armadas
94 Tribunales Federales y Tribunal de Impuestos de Estados Unidos	Tribunal de Estados Unidos para el Comercio Internacional Tribunal de Estados Unidos para Reclamaciones Federales Tribunal de Estados Unidos para Apelaciones de Veteranoss	Tribunales de Apelaciones Penales del Ejército, la Armada-Cuerpo de Infantería de Marina, la Fuerza Aérea y el Servicio de Guardacostas
* Los 12 Tribunales de Apelaciones regionales también reciben casos de varias agencias federales. ** El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal también recibe casos de la Comisión de Comercio Internacional, la Junta de Protección del Sistema de Mérito, la Oficina de Patentes y Marcas y la Junta de Apelación de Contratos.

La Constitución estadounidense hace del Tribunal Supremo de Estados Unidos un tribunal de primera instancia (de "primera instancia o de primer grado") sólo en dos tipos de casos raros: aquellos en que un estado de la Unión demanda a otro (por lo común acerca de una disputa fronteriza o un derecho de aguas) y aquellos en los que está involucrado un diplomático extranjero.

Es una corte de revisión (jurisdicción de apelación) para todos los demas tipos de casos dentro del alcance del poder judicial federal, que en el sistema federal de Estados Unidos está limitado por la naturaleza de los litigantes (la jurisdicción de "diversidad" federal se aplica a los casos entre ciudadanos de diferentes estados) y la materia de la disputa (el caso debe plantearse bajo la Constitución). En el sistema federal, los tribunales superiores de los 50 estados siguen siendo los tribunales de última instancia, en los que se aplica la ley estatal en disputas entre ciudadanos del estado que corresponde a la jurisdicción de ese tribunal. Al igual que los tribunales federales y estatales inferiores, el Tribunal Supremo de Estados Unidos decide generalmente los casos refiriéndose a normas del derecho consuetudinario, en casos decididos anteriormente, en la legislación o en una constitución, estatal o federal. Desde el caso Marbury V. Madison (1803), los tribunales norteamericanos tienen la facultad de revisar la acción gubernamental para comprobar si está de acuerdo con la ley suprema del país, la Constitución de Estados Unidos.

Dada la naturaleza limitada de su jurisdicción original, las grandes controversias en torno al poder público en Norteamérica han llegado hasta el Tribunal Supremo en apelación o mediante otro dispositivo similar de otro estado o de tribunales federales. En consecuencia, para el momento en que las controversias constitucionales nacionales llegan al Tribunal Supremo, ya han sido debatidas, elaboradas y en ocasiones espectacularmente reenfocadas en rondas anteriores de argumentos de abogados y decisiones judiciales en uno o más tribunales inferiores. El Tribunal Supremo es el tribunal de última instancia para virtualmente todos los casos de este tipo.

Por la misma razón, las controversias constitucionales llegan al Tribunal Supremo sólo cuando están incluidas en casos específicos entre litigantes reales. Según el Artículo III de la Constitución, el poder del Tribunal Supremo, junto con el de los otros tribunales federales, se limita a "casos en Derecho y Justicia Natural". Ningún tribunal federal, inclusive el Tribunal Supremo de Estados Unidos, puede emitir una opinión consultiva, ni siquiera a solicitud del presidente o el Congreso. No importa cuán grande sea la controversia, el Tribunal no la oirá a menos que se reduzca a una manifestación concreta de una persona en particular o una clase específica de personas, en forma de un perjuicio del tipo que la ley tendrá en cuenta. En ocasiones, grupos externos interesados en establecer un principio legal ayudarán a un litigante en un caso particular, con la esperanza de preparar una apelación que llegue hasta el Tribunal Supremo.

Mientras que la Constitución de Estados Unidos (Artículo III, Sección 2) especifica los tipos de casos en los que el Tribunal Supremo posee jurisdicción original, guarda silencio en cuanto si esa jurisdicción puede cambiarse, y cómo puede cambiarse. El Tribunal ha fallado que su jurisdicción original no puede ser ampliada, excepto mediante una enmienda de la propia Constitución, y la lógica de este razonamiento dicta la misma conclusión para cualquier limitación de la jurisdicción original.

Pero la Constitución no guarda silencio acerca de si puede cambiarse la jurisdicción apelativa del Tribunal Supremo, y cuándo puede cambiarse. El Artículo III, Sección 12 le asigna al Congreso el poder de alterarla con "excepciones o regulaciones". Por lo tanto, es sólo con la aprobación de la rama legislativa que el Tribunal Supremo sigue atendiendo apelaciones que plantean grandes controversias constitucionales. Aún así, el Congreso sólo una vez (en un caso que involucró la detención de prisioneros de la Guerra Civil [1861-1865] consideró apropiado limitar la jurisdicción apelativa del Tribunal. Cualquier esfuerzo que hiciera hoy el Congreso para limitar la jurisdicción apelativa del Tribunal, demostraría indudablemente ser sumamente controversial.

La jurisdicción, por supuesto, define simplemente el universo de casos que son elegibles para revisión; la Constitución no le obliga al Tribunal a aceptar ninguna apelación en particular. De hecho, el sentido común sugiere que no puede ser de otra manera, dada la cantidad abrumadora de tales solicitudes y los recursos relativamente limitados para tomar decisiones que tiene el tribunal. El propio Tribunal selecciona la abrumadora mayoría de su agenda de litigios por medio de un recurso de certiorari, que es una orden legal que instruye a un tribunal inferior que envíe el expediente completo del caso que tiene ante sí, para someterlo a revisión.

UNAS POCAS REGLAS BASICAS

Las cláusulas constitucionales que establecieron el Tribunal Supremo proveyeron deliberadamente sólo unas pocas reglas básicas de jurisdicción. No disponen los procedimientos que el Tribunal Supremo debe seguir cuando actúa. De hecho, son bastante vagas en cuanto a la composición del Tribunal. El Artículo III no limita el número de jueces del Tribunal Supremo, y el Congreso, que tiene el poder de alterar el tamaño y composición del Tribunal, no lo ha hecho así en más de un siglo, aún cuando el volumen de peticiones ante el Tribunal ha aumentado espectacularmente. Más aún, por su propia decisión, el Tribunal sigue oyendo casos sólo en pleno (con la participación de todos los jueces).

Al contrario de algunas constituciones modernas, la de Estados Unidos no les ordena explícitamente a los jueces explicar sus decisiones por escrito, pero los tribunales norteamericanos, incluso el Tribunal Supremo, hace tiempo han adoptado la práctica de emitir opiniones por escrito que explican y amplían sus fallos. Mientras que había (y todavía hay) en los tribunales ingleses compuestos por varios jueces, la práctica de emitir opiniones por separado por cada juez involucrado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos adoptó desde temprano la alternativa de las opiniones conjuntas escritas por uno de los jueces y endosadas por uno o más de los otros. El texto completo de estas opiniones se publica ampliamente desde hace tiempo, de modo que en Norteamérica y en cualquier parte, en lo que a esto concierne, todos pueden examinar casi de inmediato el razonamiento legal sobre el que se basan las sentencias. Desde el principio, los jueces en disidencia han sido escuchados y sus disidencias publicadas junto con la opinión de la mayoría. Esto les permite a los lectores ver, por ejemplo, cuán cerca estuvo la opinión minoritaria de persuadir a uno o más jueces de la mayoría. En la historia constitucional de Estados Unidos hay varios ejemplos de opiniones disidentes que incluían interpretaciones que, más tarde, reemplazaron a la opinión de la mayoría.

Aunque la Constitución impone calificaciones específicas de edad, residencia y ciudadanía para ser presidente de Estados Unidos o miembro del Congreso, no establece calificaciones similares para los jueces del Tribunal Supremo, excepto que todos los candidatos deben ser elegidos por el presidente y aceptados por una mayoría del Senado. Ninguna experiencia anterior como juez, ninguna pericia como constitucionalista, de hecho, ningún adiestramiento en cuestiones legales, son formalmente necesarias. Sin embargo, virtualmente todos los nombramientos han procedido del conjunto de los que tienen adiestramiento legal y experiencia profesional como abogados y jueces. En unas pocas ocasiones, grandes controversias constitucionales de dimensiones obviamente morales (esclavitud, aborto, segregación) han polarizado la opinión norteamericana en torno a la selección de los jueces del Tribunal Supremo, pero si la simpatía de un candidato por un lado de una cuestión en particular deberia determinar su selección, sigue siendo una pregunta a la espera de una respuesta.

Según la Constitución, tal como ha sido enmendada, cada presidente de Estados Unidos se desempeña durante cuatro años y puede ser reelegido sólo por un periodo adicional. Los senadores federales se desempeñan durante seis años y pueden ser reelegidos ilimitadamente, en tanto que los miembros de la Cámara de Representantes se desempeñan durante dos años y, de modo similar, pueden ser reelegidos ilimitadamente. Pero los jueces federales, inclusive los del Tribunal Supremo, se desempeñan sin límite alguno, salvo el de los años que les toque vivir. El juez más joven del Tribunal Supremo de Estados Unidos fue nombrado cuando tenía sólo 29 años. Otro actuó en el Tribunal durante 34 años, y ningún nuevo juez se ha unido al actual Tribunal en más de diez años.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES

No todas las controversias constitucionales norteamericanas son importantes y notorias. Ni todas las decide el Tribunal Supremo y, de hecho, cualquier otro tribunal. Como en otras partes del mundo, innumerables cuestiones constitucionales las deciden a diario oficiales de los gobiernos federal y estatales en el desmpeño de sus obligaciones, al igual que legisladores que votan en el Congreso y las legislaturas estatales. Por lo tanto, la mayoría de los interrogantes constitucionales los resuelven funcionarios elegidos democráticamente que entran y salen de las oficinas en las que residen sus poderes. Así como ellos entran y salen, así cambia la versión funcional de la Constitución. Dicho esto, quedan las relativamente pocas controversias, por lo común persistentes y notorias, que llegan finalmente al Tribunal Supremo. En la medida en que las opiniones de un jurisconsulto sobre cuestiones constitucionales fundamentales se mantienen más o menos intactas luego de pasar por un periodo de debates tras otro, las de un juez del Tribunal Supremo están, por lo tanto, relativamente más profundamente enraizadas y son comparativamente más influyentes que las de quienes toman las decisiones en las ramas políticas del gobierno. Dejando de lado cualquier cuestión de inevitable debilidad, nos queda ponderar si un sistema tal, en el que una jurisprudencia constitucional puede volverse tan personalmente arraigada, sirve bien a la propia Constitución. Ocasionalmente se han oído desde finales del siglo XIX reclamos para limitar la permanencia de los jueces en sus cargos, en particular los del Tribunal Supremo, pero, hasta ahora, sin lograr persuadir las supermayorías requeridas para aprobar la enmienda constitucional necesaria.

En la república democrática y federal que es Estados Unidos de América, en ocasiones observamos con asombro la evolución del poder judicial que delinea la Constitución. Un poder judicial que no ha sido elegido y no tiene límites de permanencia, encabezado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, ha asumido el poder de declarar inconstitucionales y, por lo tanto, invalidar los actos de asambleas y ejecutivos elegidos, estatales y federales. Puede parecer sorprendente que la cultura político-legal se haya acomodado a ese desenvolvimiento durante tanto tiempo y sin grandes tensiones. Las sentencias constitucionales del Tribunal han sido revocadas mediante enmiendas constitucionales sólo en tres ocasiones hasta ahora - mediante la ratificación de la Onceava Enmienda (que limita las demandas judiciales de un ciudadano de un estado [o de una nación extranjera] contra otro estado), la 14ta. Enmienda (que revoca la decisión en Scott vs. Sanford, según la cual los negros no podían ser ciudadanos con acceso a los tribunales federales) y la 16ta. Enmienda (que le permite al Congreso aplicar un impuesto a los ingresos). Pero una mirada más de cerca debe revelar los límites, en su mayoría auto impuestos (pero no menos efectivos) dentro de los cuales ha sido restringido el poder judicial, como así también la paciencia política de la que depende la continuación de su ejercicio. El régimen legal norteamericano es fluido, colaborador y adaptable; un orden constitucional menos flexible no podría haber sobrevivido tanto tiempo.

Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor.