"Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos, como tribunal constitucional . . . es la contribución más importante y única que Estados Unidos ha dado al arte de gobernar

En 1787, nuestro Padres Fundadores redactaron una Constitución que dividía la autoridad del gobierno federal en tres ramas: legislativa, ejecutiva y judicial. A cada una de ellas le asignaron potestades limitadas. Sin embargo, la Constitución también estableció una institución encargada de poner en efecto sus preceptos -el Tribunal Supremo de Estados Unidos. La idea del tribunal constitucional ha sido ampliamente aceptado en algunos países europeos, particularmente desde la Segunda Guerra Mundial, y por los países que antes formaron parte de la Unión Soviética. Sin embargo, en 1787, era única en nuestro país.

Nuestra Constitución fue ratificada en 1789 y, dos años más tarde, en 1791, se promulgaron las primeras diez enmiendas. Estas enmiendas, conocidas de manera colectiva como la Declaración de Derechos, garantizan la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de culto, y varios otros derechos como el juicio por jurado a los acusados de delitos penales. Estas garantías no son exclusivamente estadounidenses. Mucho antes de 1791, Inglaterra ya había elaborado su Carta Magna, la Petición de Derecho y la Declaración de Derechos. Y para 1789, los franceses aprobaron la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sin embargo, la idea de que jueces, independientes del poder ejecutivo, harían cumplir estos derechos no figuraba en ningún otro sistema de gobierno en ese momento en la historia.

Creo que el establecimiento del Tribunal Supremo de Estados Unidos como tribunal constitucional, con la autoridad de aplicar las disposiciones de la Constitución -incluyendo las garantías de libertad individual— es la contribución más importante y única que Estados Unidos ha dado al arte de gobernar.