Considere las siguientes circunstancias. Una noche, luego de trabajar hasta tarde, usted alcanza a tomar el último autobús. Luego de bajar del autobús en la parada acostumbrada, usted comienza a caminar hacia su casa. Al acercarse a su casa, observa una situación perturbadora. Oye a un grupo de niños que lloran. Están de pie junto a una mujer que yace sobre la acera. Cuando usted corre hasta allí, nota lo que parece ser una figura masculina que se escurre entre las sombras hacia el callejón. ¿Qué haría usted?

Les he planteado esta pregunta a millares de ciudadanos en docenas de estados norteamericanos. La respuesta es constante. Primero, usted atiende a la mujer, verifica sus signos vitales y determina la naturaleza de sus lesiones. Segundo, observa los niños para averiguar si ellos también han sido agredidos. Tercero, recurre a un vecino para que llame al número telefónico de ayuda de emergencia apropiado y despache a la policía para que ubique y arreste al delincuente. Esta secuencia, atender a la víctima del crimen, tomarle el pulso a la comunidad circundante y, luego, ocuparse del delincuente, parece ser un protocolo norteamericano en respuesta a un delito.

Fallas del sistema

Si ésta es, en realidad, la serie de acciones que se emprenden en el momento en que ocurre el crimen, ¿por qué la justicia penal estadounidense parece adherirse a un protocolo que es virtualmente opuesto? En Estados Unidos establecemos servicios legales, financiados por el gobierno, en beneficio del delincuente, le proporcionamos consejo e intervenciones terapéuticas y, aun después de encarcelarlo, le proveemos amplios servicios educativos y vocacionales. Entre tanto, las víctimas del crimen languidecen mientras se las entienden por sí mismas con sus traumas. En consecuencia, el público norteamericano ha llegado a la conclusión de que el sistema de justicia penal se ha vuelto tan concentrado en el delincuente que, en esencia, nos hemos convertido defensores del delincuente. Muchos hasta nos perciben como defensores del delincuente a expensas de la víctima y de las necesidades de la comunidad. Esta paradoja no debería aceptarse nunca, y nunca lo será.

El sistema estadounidense ha dependido del encarcelamiento como el medio preferido y, en muchos casos, el único de hacer que los delincuentes sean responsables de su comportamiento. Hay pruebas crecientes de que podemos imprimir más profundamente en el delincuente los efectos personalizados de su comportamiento si involucramos a la víctima en todo el procedimiento. Esto, a su vez, puede despertar en el delincuente un sentido mucho más profundo de responsabilidad.

Reconozcamos en primer lugar que las cárceles ocupan un lugar indiscutible para controlar a los delincuentes peligrosos durante las deliberaciones antes del juicio y, subsecuentemente, para castigar a esos delincuentes por sus actos perversos. Estos criminales requieren que se los coloque en prisiones seguras durante largos períodos. Pero es necesario recordar también que una gran cantidad de víctimas sufren pérdidas materiales a manos de delincuentes que no presentan una tendencia demostrada hacia la violencia. Estos delitos incluyen actos tales como el robo, el allanamiento de morada, el vandalismo y el giro de cheques sin fondos. Estos delitos representan el 90 por ciento de todos los que se cometen en Estados Unidos. En estos casos puede ser más satisfactorio y, por cierto, menos costoso, hacer que el delincuente sea directamente responsable ante la víctima y la comunidad.

Esto puede lograrse permitiéndole a la víctima determinar un nivel apropiado de restitución, identificar una cantidad significativa de servicio de trabajo comunitario y, con la ayuda de un mediador entrenado, hacer arreglos para que la víctima le exprese al delincuente, cara a cara, el trauma que sufrió como resultado del delito.

De hecho, si el sistema de justicia penal reservara el espacio que hay en las prisiones para los delincuentes peligrosos que causan daños personales a otros y para aquellos delincuentes crónicos e imparables que cometen delitos contra la propiedad, podríamos tomar lo que ahorraríamos y proveerles a las víctimas amplios y muy necesarios servicios de tratamiento. Podríamos también financiar enfoques viables de prevención del delito, por mucho la mejor manera de impedir que haya víctimas.

Esto nos lleva a un tercer elemento del sistema de justicia penal estadounidense: la prevención del delito. Tenemos un sistema con la información más abarcadora que haya disponible en lo que respecta a lugares, ocasiones, frecuencia y patrones de la actividad delictiva. Pero si examinamos los recursos dedicados a prevenir el delito, encontramos que hay amplia oportunidad de mejorar. Así como el sistema, en su mayor parte, le presta tradicionalmente poca atención a la víctima, también le ha prestado demasiado poca atención a una verdadera discusión en torno a la prevención del delito. El sistema se ocupa primordialmente del movimiento de los delincuentes, dependiendo a menudo de respuestas muy costosas. Este enfoque, opinan algunos, es miope.

Justicia comunitaria

En el Condado de Deschutes, en Oregón, y en un puñado de otras jurisdicciones en Estados Unidos, un grupo de funcionarios judiciales ha formado equipo con funcionarios locales elegidos, representantes legislativos y ciudadanos particulares para identificar las deficiencias del sistema y, lo que es más importante, para construir un sistema de justicia penal mejor, un sistema que hemos llegado a reconocer como la "justicia comunitaria".

Dentro de la estructura judicial de una comunidad, a la víctima se la considera el principal "cliente" del sistema de justicia, a los delincuentes se los hace responsables de modos constructivos y significativos, y a la prevención del delito se le asigna una prioridad elevada. La participación del ciudadano en la atención de las necesidades de las víctimas, la determinación de prioridades, la mediación en los requerimientos de restitución y la supervisión de los proyectos de servicio de trabajo comunitario son de primera importancia en la estrategia de justicia de una comunidad. Los funcionarios del sistema judicial recalcan con mucho cuidado que este cambio es posible mientras permanecen invariables los requisitos del debido proceso de ley.

El Condado de Deschutes ha tomado varias medidas para demostrar que procede con seriedad respecto de su nueva visión del sistema judicial. Luego de una serie de reuniones convocadas por el juez presidente del Tribunal de Circuito, Stephen Tiktin, en relación con la necesidad de que el sistema de justicia local realzara los servicios a las víctimas y la prevención del delito, el condado aprobó una "resolución oficial" para responder al liderato del grupo. Esta resolución, a su vez, acicateó una serie de acciones que han hecho avanzar rápidamente el sistema hacia un modelo de justicia comunitaria.

He aquí algunos ejemplos de ideas que se han puesto en práctica desde la aprobación de la resolución:

Mejor atención a las víctimas

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Deschutes ha desarrollado un complemento completo de servicios a las víctimas. El departamento atiende las necesidades de las víctimas desde el momento en que se informa sobre el crimen hasta el momento en que se hace el último pago de restitución. Este programa de ayuda a las víctimas sigue el patrón del "código" estadounidense de emergencias hospitalarias. Los delitos en que una persona es víctima de actos de violencia se clasifican en el código azul, y el programa asegurará que la víctima tenga a su lado un voluntario de apoyo a los pocos minutos de recibida una llamada.

A los delitos de menos gravedad se les da una respuesta en cuestión de horas, y en un par de días, luego de recibido el informe, se entra en contacto con las víctimas de delitos menores. Las víctimas reciben también otros servicios, tales como consejo en casos de trauma, alojamiento temporal de ser necesario, información y ayuda legal en registrar las pérdidas. Las víctimas del crimen reciben un mensaje claro: "Usted es un miembro honesto de nuestra comunidad; usted ha sido agraviado, y es nuestra tarea hacer todo lo podamos para asegurar que se le restaure en la mayor medida posible. Estaremos de su lado hasta que recupere una sensación de seguridad".

El Tribunal de Circuito de Deschutes ha impulsado una gama completa de oportunidades para que las víctimas se involucren directamente en el proceso judicial. El tribunal le ha dado una prioridad particularmente alta a los servicios de mediación entre víctima y delincuente. De acuerdo con este enfoque, las víctimas pueden optar por enfrentarse cara a cara con los delincuentes para explicarles las consecuencias humanas de sus pérdidas, manifestar su necesidad de recuperar pérdidas financieras y determinar los requerimientos apropiados de servicios comunitarios. Voluntarios sumamente entrenados hacen más fácil la sesión.

El Departamento de Justicia Comunitaria, formado recientemente, coordina el programa para el tribunal. Los primeros resultados de esta estrategia son muy alentadores. Las víctimas dan cuenta de un nivel de satisfacción mucho más alto con la mediación que con los procesos judiciales tradicionales. Y los acuerdos a que se llega son mucho más durables que las órdenes corrientes de libertad condicional. Los delincuentes pagan restitución a una tasa mucho más elevada, que se acerca al 90 por ciento, en comparación con el promedio nacional de libertad condicional de apenas el 33 por ciento.

El Departamento de Justicia Comunitaria convierte posturas que en una ocasión se concentraban en ofrecerles consejo a los delincuentes, en otras que recalcan el apoyo y el consejo a las víctimas. El viejo sistema preguntaba en cada caso de aplicación de la ley: "¿En qué condiciones está el delincuente? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué servicios se requieren para cambiar su comportamiento?". El nuevo sistema pregunta: "¿Cuál es la situación de la víctima? ¿De qué grado son sus padecimientos? ¿Qué tiene que hacer el delincuente para compensar a la víctima?"

El departamento sigue administrando y supervisando el comportamiento del delincuente. Pero el contexto primordial de la supervisión tiene que ver con la responsabilidad del delincuente de restituir a la víctima y pagar la restitución. La responsabilidad, y no el consejo, es la prioridad máxima de la supervisión del delincuente.

Una manera más creativa de abordar los delitos contra la propiedad

La comunidad empresarial del Condado de Deschutes ha unido fuerzas con el Departamento de Justicia Comunitaria para formar lo que ha llegado a conocerse como la Junta de Rendición de Cuentas al Comerciante. La junta se ha formado por varias razones:

• El hurto en las tiendas, el robo al por menor y los cheques sin fondos le imponen un costo terrible a los comerciantes de la zona, costo que en algunos casos amenaza la viabilidad de algunas empresas pequeñas.

• La Oficina del Fiscal de Distrito llegaba a un punto donde apenas podía permitirse llevar ante la justicia el gran número de casos, ya que cada encausamiento le costaba al presupuesto del departamento de 600 a 900 dólares en honorarios de abogados y otros costos de personal. El costo era el mismo si la cantidad de dinero robado era grande o pequeña.

• Los comerciantes, aun cuando apoyaban el Programa de Mediación entre Víctima y Delincuente, no disponían de tiempo para pasar por el proceso de mediación en todos los casos.

Como resultado de estas circunstancias, los comerciantes organizaron un programa en el que uno de ellos actuaría como víctima sustituta en una docena de casos y determinaría el nivel de restitución apropiado. De esta manera, se maneja el caso sin necesidad de un enjuiciamiento costoso, el comerciante víctima tiene una oportunidad de hacerles sentir a los rateros de tienda y a los ladronzuelos la gravedad de lo que le hacen a la familia de las pequeñas empresas, y los comerciantes reciben su restitución con más rapidez, y a una tasa más elevada, que a través de los procedimientos judiciales tradicionales.

Construcción de comunidades más viables

Uno de los cambios destacados que han ocurrido debido al compromiso del departamento con la justicia comunitaria es que ahora se considera a la sentencia de servicio a la comunidad como un recurso para construir comunidades más viables. El servicio a la comunidad se ha usado tradicionalmente como medida punitiva. En el Condado de Deschutes, de acuerdo con la filosofía general de la justicia comunitaria, el servicio de trabajo se considera un medio de restituirles a las víctimas y la comunidad.

Dentro de este contexto, el departamento ha colaborado diligentemente con agencias comunitarias sin fines de lucro para abordar una gama de proyectos innovadores. Estos incluyen:

• entrar en sociedad con un Club Rotario local para ayudar a construir un centro para niños víctimas de abuso,

• unir fuerzas con una agencia local contra la pobreza para ayudar a recaudar dinero destinado a un alojamiento de transición consistente en 70 unidades,

• trabajar para construir un parque comunitario en honor de un ex educador comunitario; y

• desarrollar una relación formal con Habitat for Humanity (organización que construye viviendas para personas de escasos recursos), en la que los delincuentes han construido viviendas con los auspicios de esa organización.

Con este enfoque, la comunidad del departamento recibe beneficios tangibles y los delincuentes comienzan a forjar un vínculo con la comunidad, reduciendo en consecuencia la probabilidad de que cometan actos de vandalismo. La comunidad ha demostrado apoyo abrumador a este enfoque.

Estrategias de prevención

Esta cuestión puede muy bien haber inspirado el modo de pensar más creativo del condado. Al analizar el sistema de corrección juvenil del estado, el condado determinó que Oregón, por inadvertencia, creó un incentivo para que los condados usen las instalaciones de corrección estatales. En Oregón los condados no pagan nada por usar las instituciones estatales, de modo que, en esencia, los condados pueden optar por colocar a los delincuentes juveniles, molestos pero no necesariamente peligrosos, en las instalaciones de corrección estatales. No es sorprendente que haya y, probablemente, siempre habrá presión a favor de ampliar las instituciones juveniles para alojar a los delincuentes juveniles de los condados. Si bien aparentemente esto parece ser financieramente beneficioso para los gobiernos de los condados, sólo sirve para empujar hacia arriba la población y los costos de las prisiones, con lo que amenaza otros servicios estatales esenciales, tales como la educación.

El Condado de Deschutes y la Administración de Asuntos Juveniles de Oregón elaboraron una manera de revertir esta tendencia. El condado ofreció cambiar a una base de subsidios en bloque según la cual podía administrar sus propias instalaciones para delincuentes juveniles no peligrosos que, de otro modo, habrían sido colocados en instituciones estatales. Los programas locales se pagan con fondos procedentes de los subsidios en bloque, con el acuerdo de que cualquier ahorro puede reinvertirse en estrategias de prevención del delito. Y el ahorro puede ser significativo, tanto como varios centenares de miles de dólares al año. Una Comisión de ciudadanos para Niños y Familias administra el dinero. Estos ciudadanos aportan al programa una fuerte perspectiva empresarial, y hacen diferencias claras entre gastos e inversiones. Este enfoque innovador ganó el apoyo de la legislatura estatal y del gobernador John A. Kitzhaber.

Si este programa da resultados y se extiende a otros condados, Oregón saldrá ganando de dos maneras. La actual población carcelaria puede, por lo menos, disminuir, y los dólares que una vez se destinaron a costosas operaciones carcelarias pueden reinvertirse en estrategias comunitarias de prevención del delito.

Estos son apenas unos pocos ejemplos de los esfuerzos emprendidos desde que se inició la iniciativa de justicia comunitaria. Al involucrarse más los ciudadanos y las víctimas, hay disponible una inagotable energía creativa para transformar el sistema de justicia penal en un sistema de justicia comunitaria.

Es evidente que la justicia comunitaria responde en primer término a las necesidades de las víctimas, ofrece soluciones creativas para responsabilizar a los delincuentes no violentos y destaca la prevención del delito como un aspecto importante de las actividades diarias del sistema de justicia penal. La participación activa de los ciudadanos en todos los aspectos del sistema judicial es un elemento central de esta filosofía. Esta participación ciudadana sirve para expandir el sentido de responsabilidad con miras a conseguir comunidades más seguras, mucho más allá de los profesionales del sistema de justicia. Con este nuevo sentido de pertenencia y responsabilidad, los ciudadanos aportarán gustosos energía y recursos que nunca han estado disponibles a través medios financiados con el dinero de los contribuyentes. Armados de una nueva filosofía y equipados con liderazgo y recursos provistos por los mismos ciudadanos, el futuro aparece más brillante y seguro para aquellos lugares que van en procura de la justicia comunitaria.

Resolución sobre Justicia Comunitaria

Resolución No. 96-122

Por cuanto los ciudadanos del Condado de Deschutes deben tener derecho al más alto nivel de seguridad pública, y

Por cuanto las crecientes tasas de delincuencia juvenil y adulta plantean una amenaza a la condición y sensación de seguridad de nuestros ciudadanos, y

Por cuanto una estrategia general de reducción del delito requiere hacer hincapié, de manera equilibrada, en la prevención del delito, la intervención temprana y los esfuerzos de corrección efectivos, y

Por cuanto la Justicia Comunitaria encarna una filosofía que involucra a la comunidad para liderar todas las estrategias de prevención y reducción del delito,

Por tanto, la Junta de Comisionados del Condado de Deschutes adopta la Justicia Comunitaria como la misión y propósito centrales de los esfuerzos de corrección comunitarios del condado. Además, el condado crea por la presente un Departamento de Justicia Comunitaria para reemplazar el Departamento de Corrección Comunitaria.

SE RESUELVE que el Departamento de Justicia Comunitaria trabajará en asociación con la ciudadanía del condado para llevar a cabo iniciativas efectivas de prevención del delito, control del delito y reducción del delito.

SE RESUELVE, ADEMAS, que el condado construirá un Centro de Justicia Comunitaria para proveer servicios y programas para que se restituya a las víctimas del delito, para que los delincuentes se responsabilicen y ganen las competencias para convertirse en ciudadanos responsables y productivos, y para que la comunidad tenga acceso un centro organizativo de la amplia gama de esfuerzos de lucha contra el crimen.

DADO EN ESTE 25to. día de septiembre de 1996 por la Junta de Comisionados del Condado de Deschutes (Oregón, Estados Unidos de América).

Principio de página