En Estados Unidos, el público cree que los funcionarios de policía y los jueces son autoridades legales que tienen poderes considerables que pueden emplear para hacer cumplir la ley. Se los considera autoridades cuyas decisiones están respaldadas por el uso potencial de la fuerza disuasiva mediante castigo, y a quienes mayormente se los obedece.

Sin embargo, la realidad, en lo que respecta a la autoridad jurídica estadounidense, difiere grandemente en dos maneras. Primero, si bien es cierto que los norteamericanos generalmente respetan la ley, y que muchas veces están dispuestos a someterse a las decisiones de la policía y de los jueces, su cumplimiento de la ley no puede darse por sentado. Las autoridades jurídicas estadounidenses siempre han tratado de fomentar en el público el acatamiento de la ley, y existen muchas indicaciones de que esta lucha se hace más difícil.

Los agentes de policía norteamericanos, en su trato con los ciudadanos, señalan que cada vez les es más difícil lograr acatamiento por parte del público, y los jueces informan que es más difícil ejecutar las decisiones judiciales y lograr que el comportamiento de los ciudadanos corresponda con las órdenes de los tribunales. En términos de la influencia que la ley tiene en la vida diaria de las personas, hay indicaciones de que, en una amplia gama de comportamientos - desde pagar el impuesto sobre la renta hasta parar frente a las luces rojas del tránsito - los norteamericanos prestan menos atención a la ley. No se debe exagerar la magnitud de estos problemas de acatamiento de la ley, pero las autoridades jurídicas cada vez más dirigen su atención a la necesidad de comprender mejor por qué la gente obedece la ley.

La motivación ética en el acatamiento de la ley

Es interesante notar que los estudios realizados revelan que la motivación que sustenta el acatamiento diario de la ley no es, típicamente, el temor a ser castigado por ignorar o resistir la ley, lo que constituye la base de los modelos de disuasión. En cambio, lo que motiva principalmente a las personas a obedecer la ley es algo de carácter ético. Hay dos motivaciones de naturaleza ética que anteceden al acatamiento: la legitimidad y la moralidad. La legitimidad se refiere a la creencia de que a la autoridad hay que obedecerla. Los norteamericanos generalmente expresan estar muy inclinados a obedecer a la policía y a los tribunales. Por ejemplo, casi todos los norteamericanos convienen en que deberían "obedecer la ley, aun cuando piensen que está equivocada". Cuando las personas consideran que las autoridades jurídicas son legítimas, acatan en forma voluntaria sus órdenes, aun cuando no crean que serán aprehendidas y castigadas por ignorarlas.

En su libro titulado, Justice, Liability and Blame: Community Views and the Criminal Law (Justicia, responsabilidad y culpabilidad: Opiniones de la comunidad y el derecho penal), Paul Robinson y John Darley explican que la moralidad personal implica el grado en que las personas creen que la ley concuerda con sus propias ideas sobre lo que está bien o mal. En algunos casos, la moralidad del público es altamente compatible con la ley. El asesinato es ilegal, y la mayoría de la gente cree que también es moralmente incorrecto. Sin embargo, en otros casos esto quizás no sea así. En lo que respecta a beber, consumir drogas, copiar programas de computadora y hasta cumplir con los reglamentos sobre el estacionamiento de automóviles, algunos segmentos de la población estadounidense no consideran su conducta moralmente equivocada, aun cuando esos comportamientos sean contrarios a la ley.

En un estudio realizado en 1990 sobre por qué el público obedece la ley, yo comparé directamente la influencia que ejercen sobre las personas los criterios sobre riesgos, las opiniones acerca de la legitimidad de las autoridades jurídicas y los criterios sobre la moralidad de la ley, en lo que respecta al acatamiento diario de la ley. Encontré que tanto la legitimidad como la moralidad influyen en el acatamiento de la ley, independientes de los criterios sobre el riesgo de ser aprehendido y castigado por la fechoría. La mayor influencia fue la moralidad, seguida de la legitimidad. Las consideraciones sobre riesgos influyeron también en el acatamiento, pero de las tres influencias descritas, éstas fueron la más débil. En otras palabras, los criterios de naturaleza ética tuvieron la mayor influencia sobre el acatamiento de la ley, y las consideraciones de los riesgos fueron las menos influyentes.

El problema de la disuasión para asegurar el acatamiento

Otros estudios sugieren que la amenaza o el uso de sanciones, que da cuerpo a las consideraciones de los riesgos, influyen también en cierta medida en el comportamiento relacionado con la ley. Sin embargo, de igual manera que en mi estudio, generalmente se determina que la magnitud de esa influencia es pequeña. Por ejemplo, en una reseña de la literatura sobre el consumo de drogas en Estados Unidos, Robert MacCoun encontró, en un artículo sobre drogas y la ley, aparecido en Psychological Bulletin, que aproximadamente cinco por ciento de las variaciones en el consumo de drogas por parte de los ciudadanos se debe al criterio que ellos tienen sobre las probabilidades de ser aprehendidos y castigados por la policía y los tribunales. Esta conclusión es típica de los hallazgos realizados en los estudios sobre el acatamiento de la ley: se ha encontrado que la disuasión ejerce, en el mejor de los casos, una pequeña influencia sobre el comportamiento de las personas.

La consecuencia práctica de esta conclusión es que la policía y los tribunales tienen dificultades en aplicar eficazmente la ley cuando únicamente pueden depender de su poder de castigar a las personas. Sin una amplia legitimidad, y/o cuando aplican leyes que no son compatibles con la moralidad del público, las autoridades no pueden realizar bien su trabajo. Este es el caso tanto en el derecho penal como en derecho civil de Estados Unidos, es decir, los esfuerzos de las autoridades jurídicas de mantener el orden público y resolver disputas entre los ciudadanos.

Las consecuencias de una escasa legitimidad se observan cuando se examina el efecto que la falta de confianza en la policía y los tribunales tiene entre los ciudadanos de grupos minoritarios. Esta falta de legitimidad no sólo lleva a una mayor conducta ilegal entre los ciudadanos de grupos minoritarios, sino que a una renuencia general entre los miembros de la comunidad minoritaria a colaborar con la policía para abordar problemas de delincuencia. Entre los ejemplos famosos de problemas que surgen cuando la ley se aparta de la moralidad pública, sacados de la historia de Estados Unidos, figura la ley que hacía ilegal el consumo de alcohol (la Prohibición) y las continuas gestiones para aplicar las leyes contra la prostitución y los juegos de azar. Cuando quiera que la policía procura aplicar las leyes contra un comportamiento que algunos segmentos del público no consideran moralmente incorrecto, la tarea de la policía es más difícil.

¿Cómo se puede abordar este asunto? Un planteamiento posible podría ser el aumento drástico del número de las fuerzas policiales y el otorgamiento de más poder para que se entremetan en la vida diaria de la gente, lo cual aumentaría las probabilidades de que los que quebrantan las leyes fuesen aprehendidos y castigados por sus infracciones. Esto, a su vez, aumentaría las consideraciones sobre el riesgo de ser aprehendidos, y por lo tanto disuadiría el comportamiento delictivo. Por ejemplo, algunos países, en su afán de impedir que alguien conduzca automóvil en estado de embriaguez, permiten que la policía coloque barreras para detener a los automovilistas, mientras que otros países permiten que la policía pare e interrogue a cualquier ciudadano en la calle o en el automóvil, y hasta lo encarcele sin habérsele acusado de nada. No se sabe con certeza qué efecto tendría realmente en el comportamiento del público el dar a las autoridades jurídicas tales poderes mayores, pero es posible imaginar las estrategias que se podrían usar para que la disuasión fuese más efectiva.

Hay varias dificultades asociadas con procurar acrecentar el mandato de la ley mediante la disuasión. Una de las cuestiones es que fortalecer el poder del gobierno en Norteamérica es contrario a la importancia que siempre se ha dado a la libertad y los derechos personales firmemente arraigados en la Declaración de Independencia, la Constitución y la Declaración de Derechos de Estados Unidos. Esta tradición democrática ha sido asociada con la disposición general de los norteamericanos a acatar el gobierno y la ley, pero el acatamiento no es automático, y sospechar del gobierno y desafiar las leyes que se consideran innecesariamente intrusas son otros elementos de larga data de la cultura política y jurídica norteamericanas.

Por lo tanto, aumentar el poder del gobierno podría tener el efecto de socavar la legitimidad y reducir el acatamiento de la ley. Otra cuestión es si es realista pensar que las estrategias para cambiar las consideraciones sobre el riesgo alterarían efectivamente el comportamiento del público. Como se ha indicado, los cambios en el criterio acerca de los riesgos, ejercen en el mejor de los casos, una influencia menor en tal comportamiento.

La imparcialidad procesal en el acatamiento de la ley

¿Existe un planteamiento alternativo para crear y sostener un sistema jurídico viable? Estudios recientes en lo que respecta a la base en que el público reacciona a las leyes norteamericanas y las decisiones de las autoridades jurídicas, apuntan a un planteamiento posiblemente importante. Debido a que la policía y los tribunales son autoridades reguladoras de la sociedad, con frecuencia se ven obligados a tomar decisiones en cuanto a resultados que el público considera indeseables y hasta injustos. La policía, por ejemplo, les dice a las personas que no hagan lo que esas personas quieren hacer, y refuerza esas órdenes con amenazas, arrestos y hasta fuerza física. Los jueces muchas veces deben ejecutar la ley e imponer multas o condenas de prisión. Muchas veces se supone que tales resultados indeseables se aceptan únicamente cuando las autoridades jurídicas están respaldadas por la amenaza o el uso de fuerza.

Los estudios de las reacciones del público a experiencias personales con la policía y los tribunales sugieren una imagen diferente y mucho más positiva de cómo los ciudadanos reaccionan a las decisiones tomadas de las autoridades jurídicas. Estos estudios demuestran que los individuos aplican criterios éticos al evaluar sus experiencias personales. En particular, evalúan sus experiencias con las autoridades jurídicas a través de un filtro de justicia procesal. Los estudios revelan constantemente que la base principal de que el público acepte o rechace las decisiones de los funcionarios policiales y los jueces es su evaluación de la imparcialidad de los procedimientos utilizados por las autoridades al tomar esas decisiones.

Considérese un ejemplo. Entrevisté a personas que tuvieron que comparecer ante el juez en un tribunal de tránsito en Chicago, Illinois. En ese entonces era común declarar sin lugar los casos cuando las personas comparecían ante el tribunal, basándose en la suposición de que comparecer en el tribunal era castigo suficiente por infracciones menores. Por lo tanto, no se los multaba y no tenían antecedente alguno. Habríamos esperado que estuvieran contentos. Sin embargo, constantemente observé que estaban enojados. ¿Por qué? Porque no consideraban justa esta manera de disponer de los casos. Deseaban tener un juicio en el que pudieran presentar sus pruebas y oír una decisión legal acerca de los méritos de su multa. Un resultado favorable era para ellos menos importante que poder presentar su caso en el tribunal.

En The Social Psychology of Procedural Justice (La Sicología Social de la Justicia Procesal), E. Allan Lind y yo entrevistamos a varias personas que tenían tratos personales tanto con funcionarios policiales como con jueces. Vimos repetidamente que los individuos reaccionan fuertemente a sus evaluaciones de la imparcialidad de estas autoridades jurídicas. Los que creen que se los trata imparcialmente tienen más propensión a aceptar las decisiones, aun cuando éstas sean desfavorables, sin tomar en consideración si creen que serán aprehendidas y castigadas si no las aceptan.

¿Por qué es esto así? La experiencia de procedimientos justos despierta en las personas el sentimiento de la obligación de obedecer. Conduce también a que consideren que las decisiones son más compatibles con sus propios valores morales. Por estas razones, están más dispuestos a aceptar estas decisiones. Este hallazgo es importante porque implica que las personas, cuando reaccionan a sus experiencias con la policía y los tribunales, se concentran en temas éticos y no en sus beneficios y pérdidas personales.

Estos hallazgos sugieren que las autoridades jurídicas pueden lograr que sus decisiones se acepten si prestan atención a cómo se toman esas decisiones. Un estudio realizado en 1997 por Paternoster et al., indica que, con el tiempo, la aceptación de estas decisiones aumenta, puesto que la gente siente una mayor responsabilidad de aceptarlas y obedecer leyes similares en el futuro. El estudio de 1997 muestra que las personas que creyeron que la policía las había tratado en forma justa son más propensas a cumplir con la ley durante un período de seis meses después de su experiencia. Puesto que la policía no estaba presente durante todo ese tiempo o la mayor parte del mismo, los individuos mismos asumieron la responsabilidad de cumplir con la ley.

La experiencia de haber sido tratadas en forma justa impulsó a esas personas a consentir a la regulación social y se sintieron personalmente obligadas a cumplir la ley.

¿Qué elementos del procedimiento dan forma a los juicios que la gente hace acerca de la imparcialidad de tales juicios?

Los estudios sugieren que el público tiene modelos complejos de justicia procesal y muchas veces considera ocho o más temas distintos de justicia cuando decide cuán imparcial es un procedimiento jurídico. Generalmente se encuentra que cuatro son las cuestiones de importancia. Primero, las personas aprecian la oportunidad de participar y dar sus opiniones cuando se toman las decisiones. Segundo, desean que los procedimientos sean neutrales, imparciales, basados en criterios concretos y en una aplicación uniforme de las reglas. Tercero, desean ser tratadas con dignidad y respeto, y ver que se reconozcan sus derechos. Cuarto, desean sentir que las autoridades han considerado sus necesidades e inquietudes, y han sido honestos al comunicarse con ellas.

En las discusiones sobre si una orden de alguna autoridad jurídica se debe o no se debe aceptar, estos temas generalmente son más importantes que la evaluación de la imparcialidad de la decisión misma.

Implicaciones de la justicia procesal
en el establecimiento de la autoridad jurídica

Los ciudadanos, según sea la naturaleza de la cuestión o problema, atribuyen diferente importancia a estos elementos. Así, por ejemplo, las oportunidades de proveer información son especialmente importantes cuando las autoridades tratan de arreglar una disputa entre varias personas. Por otro lado, la etnicidad de la persona, su sexo y situación social, no influyen en sus opiniones sobre lo que hace que un procedimiento sea justo. Esto sugiere que la imparcialidad procesal puede ser un mecanismo especialmente valioso para encontrar soluciones a disputas que cruzan los límites sociales.

Los estudios encontraron que personas de diferentes grupos económicos, sociales o ideológicos, tienen con frecuencia ideas opuestas acerca de qué tipo de resultado les es favorable a ellas o a su grupo. Estas mismas personas, sin embargo, tienen mucho más en común cuando se les pregunta acerca de los atributos de un proceso imparcial de toma de decisiones. Puesto que se ha notado que la habilidad que un procedimiento imparcial tiene para facilitar la aceptación de las decisiones, es alentador que las personas parecen estar ampliamente de acuerdo en lo que constituye un procedimiento justo.

Hallazgos similares sobre la justicia procesal surgen cuando examinamos el cumplimiento diario de ley por parte de las personas. Es más probable que obedezcan la ley cuando tienen confianza en la imparcialidad de los procedimientos usados por las autoridades y las instituciones jurídicas. Por lo tanto, al adoptar con imparcialidad sus decisiones, las autoridades jurídicas crean una cultura legal en la que el individuo siente la responsabilidad personal de atenerse a la ley. Tal sociedad autorreguladora se basa en los sentimientos de responsabilidad y obligación de los ciudadanos hacia la ley, y en su disposición de seguir los dictados de sus propios valores morales. La clave para crear y sostener tal sociedad es el uso de procedimientos imparciales por parte de las autoridades jurídicas.

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