La historia de la enseñanza de la abogacía en Estados Unidos refleja la evolución de la democracia norteamericana, desde los primeros días de la república, cuando las normas profesionales eran escasas y las profesiones eran el coto vedado de los propietarios blancos, hasta la situación actual, que los abogados pueblerinos de las épocas postcoloniales, cuya única educación jurídica era unos pocos años de aprendizaje en el bufete de un abogado, no hubieran podido imaginar. Como Robert W. Gordon, profesor de derecho en la Universidad de Yale, lo expone detalladamente en este artículo, la educación jurídica ha evolucionado enormemente desde sus tempranos comienzos en el siglo XX. En las escuelas de abogacía actuales, que son un cuerpo mucho más diversificado que lo que era hace apenas unas décadas, las clases en terrenos tales como las leyes de derechos civiles, los derechos de la mujer, la discriminación en el empleo y, más recientemente, los estudios jurídicos internacionales, se han añadido a un programa de estudios tradicional que todavía está en proceso de cambio.

En Estados Unidos, ser abogado significa muchas cosas diferentes. Hay abogados litigantes que comparecen ante los tribunales frente a jueces y jurados, y muchos más abogados que nunca ven la sala de un tribunal; socios en enormes bufetes jurídicos de las grandes ciudades que emplean de 500 a 1.000 abogados que hacen un trabajo especializado para corporaciones multinacionales; abogados que trabajan en las gerencias de compañías; abogados que practican por su cuenta o en pequeños bufetes, que ayudan a familias y pequeñas empresas en problemas legales tales como divorcios, testamentos, transacciones de propiedades y disputas o quiebras; abogados que representan a individuos en problemas personales graves, tales como las víctimas de accidentes o los sospechosos acusados de cometer delitos; abogados del gobierno, fiscales y jueces; profesores de derecho; abogados de servicios legales que sirven a los pobres; y abogados de "interés público" que luchan en favor de causas. La abogacía es también la carrera preferida para entrar en la política.

No obstante la diversidad que presentan los abogados norteamericanos en sus especialidades, ingresos y condición social, clientes y antecedentes, todos pertenecen a una profesión única y unificada y tienen las mismas calificaciones, educación y entrenamiento formales básicos. Todos han sido admitidos en el "colegio" -- la organización oficial de la profesión legal -- de uno de los 50 estados, bajo reglas establecidas por los más altos tribunales del estado. Y en realidad, todos han asistido a una escuela de derecho.

El ingreso en la profesión lo controlan las asociaciones de abogados, los tribunales estatales y las escuelas académicas de derecho. Casi todos los estados exigen ahora que para convertirse en abogado uno tiene que completar con éxito cuatro años de colegio universitario, luego, tres años en una escuela de derecho aprobada por la asociación nacional de abogados (la Asociación Norteamericana de Abogados [American Bar Association (ABA)], y finalmente, aprobar un examen de reválida. En la mayoría de los estados, del 50 al 80 por ciento de los candidatos que rinden el examen de reválida lo aprueban. En la práctica, este sistema hace de la admisión en una escuela de derecho el paso crucial y más difícil en la admisión en la profesión.

Hay ahora 185 escuelas de derecho aprobadas por la ABA, en las que enseñan alrededor de 2.000 profesores de jornada completa. Las escuelas se sostienen con los derechos de matrícula que pagan los estudiantes, las donaciones que les hacen los egresados y, si se trata de escuelas públicas, las donaciones de las legislaturas estatales. En Estados Unidos, las escuelas de derecho son de nivel de postgrado, no de pregrado. Las admisiones son muy selectivas, determinadas por las buenas notas en el colegio universitario y un examen estandarizado (el Examen de Admisión a la Escuela de Derecho, o LSAT). La Escuela de Abogacía de Yale, por ejemplo, tiene 5.000 solicitantes para los 170 cupos de su clase de primer año. Los costos son también una barrera considerable. Los estudiantes en escuelas de abogacía privadas deben pagar alrededor de 30.000 dólares anuales en derechos de matrícula y honorarios; incluso en las escuelas de derecho estatales (públicas) deben pagar de 15.000 a 20.000 dólares por año; y por ello muchos se gradúan con deudas de 100.000 dólares o más.

Las escuelas de derecho controlan no sólo quién entra en la profesión, sino sus oportunidades luego de graduarse. A los graduados con buenas notas de las escuelas más selectas se los recluta activamente para los trabajos mejor pagados y más prestigiosos, tales como los de los bufetes de las grandes ciudades; en tanto que los graduados de escuelas de menor rango en ocasiones tienen problemas para encontrar empleo como abogados.

Primer año

Aunque las escuelas preparan realmente a los graduados para muchas carreras diferentes, su programa y métodos básicos son notablemente similares. Todas imparten los mismos cursos de primer año -- propiedad, contratos, pleitos civiles (casos no penales, tales como lesiones en accidentes automovilísticos o aquéllas debidas a productos defectuosos), procedimiento y derecho penal -- y enseñan según el "método de casos". Los estudiantes llegan a cada clase luego de haber leído unos cuantos "casos" -- decisiones y opiniones de tribunales superiores estatales y federales -- recopilados en "libros de casos" que han sido publicados; y el profesor entabla con los estudiantes un diálogo en torno a los casos. Una típica primera clase en una escuela de derecho podría comenzar examinando el siguiente caso ficticio:

Profesor: Señor Fox, ¿cuáles son los hechos que dieron lugar al caso de Hawkins vs. McGee?

Fox: Bueno, Hawkins se había lastimado la mano en un accidente, de modo que consultó al doctor McGee, y McGee dijo que podía repararle la mano quirúrgicamente, de modo que sería una "mano 100 por ciento perfecta". Pero la operación resultó mal, y la mano quedó desfigurada. Entonces Hawkins entabló demanda contra el doctor por incumplimiento de contrato.

Profesor: Y, ¿cuál fue la defensa del doctor McGee?

Fox: McGee dijo que no había hecho esa promesa y que, incluso si la hubiera hecho, los doctores no pueden ser responsabilizados de declaraciones que hacen a los pacientes acerca de los resultados de los tratamientos médicos.

Profesor: Desde el punto de vista procesal, ¿cómo se resolvió el caso en el tribunal de primera instancia? Y, ¿cómo llegó hasta el tribunal supremo del estado?

Fox: McGee presentó una moción al juez de primera instancia para que instruyera al jurado para que decidiera en favor de McGee, el demandado, sobre la base de que los médicos no deben ser responsables de las declaraciones que les hacen a sus pacientes. El tribunal de primera instancia rechazó la moción, y el jurado decidió a favor de Hawkins. McGee apeló, con el argumento de que el juez de primera instancia debería haber admitido la moción. El tribunal supremo confirmó la decisión del juez de primera instancia acerca de la moción, pero dijo que el juez había dado instrucciones erróneas respecto a los daños.

Profesor: ¿No había dejado el señor Fox algo importante fuera de los hechos? ¿Presentó Hawkins alguna otra reclamación? ¿Sí, señor Goldberg?

Goldberg: Hawkins demandó también a McGee por negligencia médica, diciendo que había sido negligente. El tribunal de primera instancia instruyó al jurado que decidiera en favor de McGee en ese reclamo. El juez dijo que no había pruebas de negligencia médica.

Profesor: ¿Por qué? ¿Que pruebas habría tenido que presentar Hawkins? ¿Qué testigos, documentos o cosas? ¿Quién podría prestar testimonio en ese asunto? ¿Señor Lee?

Lee: Creo que habría necesitado pruebas de que el doctor cometió un error, cosa que habría tenido que obtener de otro doctor.

Profesor: Señor Fox, volvamos a la opinión del tribunal sobre la apelación. ¿Llegó el tribunal a la conclusión correcta? Si usted argumentara por McGee, ¿cuál sería su argumento para probar que los doctores no deben ser responsables de rompimiento de contrato, incluso si prometen una cura y la promesa no se cumple?

Requerimientos iniciales

Este sistema de educación jurídica -- el programa de postgrado de tres años, a cargo de un cuerpo docente a jornada completa, que enseña un programa de estudios mayormente estandarizado, usando el método de casos -- se estableció gradualmente. Hasta el siglo XX apenas si existía. En su revolución contra el régimen inglés, los norteamericanos rechazaron aristocracias y monopolios. En los primeros tiempos de la república norteamericana, este sentimiento se transformó en una intensa sospecha democrática de los privilegios profesionales y las organizaciones profesionales. La mayoría de los estados no imponían a los abogados requisitos formales de educación o examen; a lo sumo, les requerían unos pocos años de aprendizaje en un bufete de abogados. Sin embargo, se fundaron unas cuantas escuelas de abogacía -- tales como la famosa Escuela de Abogacía Litchfield en el oeste de Connecticut, y varias escuelas de abogacía universitarias conectadas con los colegios de William and Mary, Harvard y Columbia. Estas primeras escuelas de abogacía entrenaron a muchos de los principales abogados de la nueva república. Pero estas escuelas requerían sólo un diploma de escuela secundaria para admitir estudiantes, y sólo uno o dos años de estudios jurídicos. Su personal consistía por lo común en profesionales que trabajaban a jornada parcial. Los estudiantes oían conferencias y leían tratados o comentarios suplemantarios sobre temas jurídicos.

Vientos de cambio

Los vientos de cambio comenzaron a soplar en la década de 1870. Los logros espectaculares en las ciencias naturales, el prestigio de las grandes universidades europeas (en especial las alemanas), la necesidad urgente de talento educado en la administración industrial y el gobierno, todo ello creaba nueva confianza en los expertos entrenados y demandaba profesiones organizadas como medio de proveerlos. Abogados destacados fundaron nuevas asociaciones de abogados -- por ejemplo, la Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York, de 1870, y la Asociación Norteamericana de Abogados, de 1878 -- con el propósito de imponer nuevos requisitos educativos y de exámenes para la admisión en la profesión de abogado y crear un sistema disciplinario para expulsar a los abogados y jueces corruptos e incompetentes. Los motivos de los reformadores eran en parte elevar las normas de educación, la competencia en el ejercicio profesional y la ética. Pero también esperaban que las normas mantuvieran fuera de la profesión a las nuevas oleadas de abogados inmigrantes procedentes del sur de Europa. Su finalidad era cerrar rutas de acceso alternativas a la profesión, tales como el aprendizaje y estudio en escuelas nocturnas y escuelas a jornada parcial, y preservar la profesión norteamericana en favor de los graduados de colegio universitario, que en esa época constituían sólo el 2 por ciento de la población. (En este último propósito no tuvieron éxito hasta fines del siglo XX, cuando más del 25 por ciento de la población tenía diplomas de colegio universitario).

El modelo de Harvard

La Escuela de Abogacía de Harvard fue la pionera. De 1870 a 1900, el decano de Harvard, C.C. Langdell, y sus colegas crearon un nuevo modelo de educación jurídica. Harvard requería cierto adiestramiento de colegio universitario, y finalmente un diploma de colegio universitario. Estableció un programa de tres años de estudios consecutivos, con exámenes regulares en cada curso; y expulsaba a los estudiantes que no aprobaban los exámenes. Para enseñar abogacía como si se tratara de una "ciencia" rigurosa, redujo el programa de estudios a temas de derecho privado, y prescribió el primer programa de primer año que casi todas las escuelas de abogacía adoptan hoy día: daños y perjuicios, contratos, propiedad y procedimientos civiles. Contrató profesores de derecho a jornada completa para formar su cuerpo docente. Sus profesores publicaron los primeros libros de casos y enseñaban a los estudiantes según el método de casos, haciendo que abordaran los materiales primarios de los casos legales y aprendieran activa e interactivamente mediante el diálogo con el profesor, en lugar de hacerlo pasivamente escuchando conferencias. A los mejores estudiantes de cada clase se los elegía para que editaran la publicación Harvard Law Review, los periódicos que publican los artículos eruditos de los profesores de derecho, y también las notas y comentarios de los estudiantes sobre casos y desarrollo del derecho. Ser miembro de una revista jurídica se convirtió en credencial para obtener empleo como secretario de jueces de tribunales superiores, socios de bufetes de grandes ciudades y profesores de derecho.

El modelo de Harvard de educación jurídica se propagó de una escuela a otra, y finalmente fue adoptado por todas. Los críticos se quejaban de que el modelo enseñaba poco que tuviera relevancia práctica inmediata para la práctica de la abogacía -- ninguna destreza como litigantes o práctica en la redacción de documentos, ninguna exposición a los estatutos (legislación) y decisiones de agencias administrativas que reemplazaban cada vez más la jurisprudencia (o el derecho consuetudinario) como la manera primordial de elaborar la ley, ni el conocimiento del derecho corporativo o el derecho regulador. Los defensores admitían que esto era cierto, pero decían que el modelo enseñaba las destrezas generales de "pensar como un abogado" que los graduados podían aplicar de modo flexible en cualquier circunstancia de su práctica. Otros programas de escuelas de abogacía, tales como los "tribunales de disputas", en los que los estudiantes argumentaban casos hipotéticos ante grupos de jueces reales, vinieron a complementar el método de casos.

Realistas jurídicos

Después de 1920, un grupo de críticos llamado los "Realistas Jurídicos" atacó el modelo de Harvard acusándolo de enseñar sólo reglas y principios de derecho formales, doctrina jurídica o dogma jurídico. Las razones que daban los jueces al decidir un caso, decían los realistas, raramente eran los factores reales que sustentaban las decisiones. El derecho, argumentaban, tenía que estudiarse y enseñarse como un producto social, que surgía de conflictos sociales y servía intereses y políticas sociales. Los realistas urgían a los eruditos integrar el derecho con las ciencias sociales, llevar a cabo estudios empíricos de tribunales y agencias y procesos jurídicos, y enseñarles a los estudiantes a argumentar para obtener resultados basados en política social.

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escribe sobre el concepto de Revisión Judicial

El programa realista recibió un impulso tremendo de los programas del "Nuevo Trato" del presidente Franklin D. Roosevelt (1932-1940). El Nuevo Trato puso a muchos profesores de derecho al servicio del gobierno como redactores de legislación y abogados de las nuevas agencias gubernamentales. La oleada de nueva regulación federal empleó a millares de nuevos graduados en derecho, tanto en firmas privadas como en el gobierno. Los veteranos del Nuevo Trato ingresaron en los cuerpos docentes de las escuelas de abogacía luego de la Segunda Guerra Mundial y trajeron consigo nuevos cursos en nuevos aspectos de legislación -- impuestos, trabajo, títulos de capital, leyes antimonopolio y de industrias reguladas. Los libros de casos se transformaron en libros de casos y materiales -- los materiales eran leyes, dictámenes de agencias administrativas, informes gubernamentales y estudios de ciencias sociales.

La nueva ola de cambios

La agitación social de las décadas de 1960 y 1970 originó varias nuevas olas de cambios en la educación jurídica. Los movimientos sociales en favor de los derechos de los afronorteamericanos y la mujer añadieron nuevos cursos al programa de estudios de las leyes sobre derechos civiles -- que, por primera vez, se convirtieron en un tema central del derecho constitucional -- y la discriminación en el empleo. Un conjunto de nueva regulación social, especialmente en relación con el medio ambiente, creó la demanda de un nuevo campo de derecho ambiental.

En 1965, el presidente Lyndon Johnson creó un programa de servicios jurídicos financiado con dinero federal para atender a clientes pobres y entablar demandas en nombre de clientes pobres. Este programa y otros programas de "derecho de pobreza" financiados por fundaciones, inspiraron a las escuelas de abogacía a crear clínicas -- bufetes dentro de las mismas escuelas, atendidos por nuevos cuadros de profesores de clínica jurídica, donde los estudiantes podían aprender no sólo a pensar como abogados, sino a representar clientes reales mientras estaban en la escuela de abogacía, bajo la supervisión de abogados que ejercían la profesión y profesores de clínicas. Hoy, en muchas escuelas de abogacía muchos estudiantes adquieren alguna experiencia representando a inquilinos, presos, sospechosos de ser delincuentes, beneficiarios del bienestar social, inmigrantes que tratan de entrar o de quedarse en Estados Unidos, deudores pobres en disputas de consumidor o defendiendo causas ambientales.

Los nuevos movimientos sociales transformaron también la población de las escuelas de abogacía. Hasta la década de 1970, muchas escuelas de abogacía del sur no admitían estudiantes negros, y las escuelas del norte admitían pocos de ellos; desde entonces los estudiantes negros e hispánicos han representado alrededor del 10 por ciento de cada clase. Antes de 1970, las escuelas de abogacía les imponían a las mujeres cuotas de admisión estrictas; entre 1970 y 1990, las mujeres pasaron a representar del 4 al 50 por ciento de los estudiantes matriculados en las escuelas de abogacía. Para acomodar a los nuevos estudiantes, en las décadas de 1970 y 1980 las escuelas de abogacía duplicaron su tamaño.

El derecho administrativo y regulatorio, las clínicas, y las disciplinas de dercho ambiental y de la pobreza, así como las leyes de derechos civiles, fueron todos respuestas a retos y cambios externos. Las escuelas de abogacía comenzaron a responder también a los retos intelectuales provenientes del interior de los círculos académicos. En la década de 1930, las escuelas de abogacía habían coqueteado con otras ciencias sociales -- especialmente economía, historia, psicología, sociología y antropología -- pero a estas otras disciplinas se las mantuvo al margen del estudio del derecho. En la década de 1970, los profesores de derecho comenzaron a integrar, con más decisión, otras disciplinas en la investigación y la enseñanza -- entre ellas, filosofía moral y analítica, historia social, estudios feministas, ciencias políticas y criminología. Las alianzas más poderosas y de mayor alcance se establecieron entre el derecho y la economía. Un aspecto tras otro del derecho -- no sólo las leyes antimonopolio y sobre las industrias reguladas, sino las de corporaciones, daños y perjuicios, propiedad y muchas otras -- tomaron prestado de la economía para explicar qué tipos de reglas e instituciones jurídicas eran eficientes o qué podría hacerse para que lo fueran aún más. La teoría económica y el razonamiento económico permean ahora la literatura jurídica académica -- y a menudo también las opiniones de los tribunales, dado que varios bien conocidos profesores de economía y derecho se han convertido en jueces federales. Los nuevos profesores de derecho, especialmente en las escuelas selectas, ahora poseen con frecuencia doctorados en economía, historia, ciencias políticas, filosofía o sociología, además de derecho.

Derecho mundial

Los próximos grandes cambios en la educación jurídica -- que ya han comenzado -- irán, evidentemente, en dirección de los estudios jurídicos mundiales. Las escuelas de abogacía estadounidenses han venido ampliando sus programas de graduados para estudiantes de abogacía extranjeros, admitiendo gradualmente más extranjeros en los programas regulares, y enviando más estudiantes norteamericanos al exterior para que estudien un año en otros países. Los cursos empiezan a proliferar en campos jurídicos transnacionales -- especialmente el derecho comercial transnacional y los derechos humanos internacionales, al igual que en especialidades regionales tales como derecho chino, japonés e islámico.

La historia de las escuelas de abogacía norteamericanas indica una ampliación de visión gradual, lenta y a menudo renuente, pero real. Siguiendo el ejemplo de Harvard, las modernas escuelas de abogacía estadounidenses comenzaron enseñando exclusivamente derecho privado para preparar graduados para la práctica privada, pero gradualmente se expandieron para incluir el derecho público a fin de prepararlos para el servicio y la práctica públicos en beneficio de los pobres y los movimientos sociales. Estas instituciones comenzaron enseñando derecho como un campo aislado de existencia propia, pero desde entonces se han expandido para incluir e integrar el derecho en otras disciplinas. Han aprendido a complementar el método de casos con clínicas con clientes de carne y hueso. Y luego de dos siglos de aislamiento, han comenzado a abrir sus puertas y a aprender -- de los estudiantes -- las tradiciones y los experimentos jurídicos en el mundo fuera de Estados Unidos.

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