En Estados Unidos los tribunales ejercen un poder exclusivo, llamado "revisión judicial", que significa que los jueces pueden declarar inválidas y sin lugar las leyes aprobadas por las legislaturas o medidas ejecutivas que los tribunales entienden que violan la Constitución. Este poder no lo mencionan las constituciones de los estados o de Estados Unidos. Pero, con el tiempo, ha llegado aceptarse como legítimo, y lo ejercen regularmente los jueces tanto en los tribunales federales como estatales.

El concepto de la revisión judicial quedó explicado de modo memorable en Marbury v. Madison (1803), uno de los primeros y más célebres casos resueltos por el Tribunal Supremo. El presidente saliente, John Adams, había nombrado juez de paz a William Marbury. El presidente entrante, Thomas Jefferson, que era hostil al partido de Adams y sus jueces, nunca le entregó el nombramiento a Marbury. Marbury, basándose en una ley del Congreso, pidió al Tribunal Supremo un auto de mandamus, o sea una orden que ordenaba al gobierno entregarle al juez su nombramiento.

En decisión unánime del Tribunal Supremo, el juez presidente John Marshall echó las bases de la autoridad futura del tribunal al declarar que la Constitución no le permitía al Congreso facultar al tribunal para que emitiera autos de mandamus, y que la ley del Congreso era, por lo tanto, nula. La Constitución, dijo Marshall, no era simplemente un plan de gobierno, sino la ley suprema, superior incluso a las leyes aprobadas por las legislaturas. Dado que es "enfáticamente la jurisdicción y deber del departamento judicial decir lo que la ley es", se deduce que los tribunales deben tener el poder de derogar y negarse a hacer cumplir leyes inconstitucionales.

En las décadas que siguieron al caso Marbury, muchos tribunales estatales usaron el poder de la revisión judicial para derogar leyes que consideraban contrarias a la ley constitucional. Entre 1880 y 1937 el Tribunal Supremo de Estados Unidos frecuentemente derogó leyes del Congreso y de los estados que consideró iban más allá de los límites constitucionales del poder gubernamental de regular los negocios. Luego de 1950, los tribunales usaron este poder con más frecuencias para proteger los derechos civiles y las libertades civiles de los individuos contra la acción represiva del estado, tales como las acusaciones penales contra disidentes políticos y grupos religiosos impopulares. En el famoso caso de Brown v. Junta Escolar (1954), el Tribunal Supremo invalidó todas las leyes de segregación correspondientes a las escuelas públicas, sobre la base de que tales leyes violaban el precepto constitucional de que todos disfrutan de la "igual protección de las leyes".

El hecho de que los tribunales tengan la última palabra en cuanto al carácter constitucional de la legislación, significa que en Estados Unidos ciertas grandes cuestiones políticas, como la segregación racial, a menudo terminan siendo debatidas y decididas en los tribunales como cuestiones jurídicas. Como resultado, la labor de los abogados comunes está vinculada a cuestiones fundamentales del arte de gobernar y la política. De ese modo, desde los primeros años de la república norteamericana la educación jurídica ha tenido que ver con enseñarles a los abogados el diseño y propósitos básicos de las estructuras y actos gubernamentales.

Gordon/LA EDUCACION JURIDICA EN ESTADOS UNIDOS: ORIGENES Y DESARROLLO