Un poder judicial imparcial e independiente es el custodio de los derechos individuales en una sociedad democrática. Para que los ciudadanos tengan fe en su sistema de tribunales, todos deben tener acceso a los tribunales cuando lo necesitan. El autor describe el funcionamiento práctico de esta doctrina en Estados Unidos, en los asuntos civiles y penales, y la contribución de los profesionales del derecho del país para hacer que el lema de "igualdad de justicia para todos" sea una realidad. Concluye el artículo con algunos ejemplos de los esfuerzos del Colegio de Abogados de Estados Unidos para mejorar el acceso a la justicia más allá de las fronteras de Estados Unidos, a través de sus programas internacionales sobre el estado de derecho.

En una sociedad democrática, donde los gobernados renuncian a una parte de su autonomía, el sistema judicial es el custodio contra los abusos de quienes ostentan el poder. Los ciudadanos aceptan limitaciones a su libertad a cambio de la coexistencia pacífica y esperan que cuando surjan conflictos entre ellos, o entre ellos y el Estado, puedan recurrir a un lugar que sea independiente de influencias indebidas, que sea digno de confianza y que tenga autoridad sobre todas las partes para resolver las diferencias de manera pacífica. Los tribunales, en cualquier régimen democrático, son ese lugar de refugio. El presidente del Tribunal Supremo William Howard Taft dijo en 1926 que "la bendición práctica de nuestra Declaración de Derechos consiste en su disposición de procedimientos fijos que aseguran a cada individuo un juicio justo por tribunales independientes".

Un valor fundamental del sistema de justicia en Estados Unidos es que la estabilidad de nuestra sociedad depende de la facultad del pueblo de obtener fácil acceso a los tribunales, porque el sistema judicial es el mecanismo reconocido y aceptado por todos para la resolución pacífica de controversias. Negar el acceso a los tribunales fuerza a resolver las controversias por otros medios y lleva a la gente a tomarse la justicia por su mano y a recurrir a la violencia.

Los sistemas de justicia de Estados Unidos están estructurados para garantizar a todos los ciudadanos el acceso a los tribunales y la igualdad ante la justicia. La Constitución de Estados Unidos y las constituciones de los 50 estados contienen artículos concretos sobre el poder judicial. Los sistemas judiciales de Estados Unidos son poderes separados, e iguales de gobierno, que mantienen su autonomía mediante sus propias estructuras, atribuciones y reglas. El principio de independencia judicial incorporado en las constituciones federal y estatales y en la historia jurídica y política del país, permite a los jueces tomar decisiones basadas en el derecho y en los hechos de cada caso, en vez de en la opinión popular o consideraciones políticas

Las sistemas judiciales de Estados Unidos incluyen los tribunales federales y otros tribunales separados para cada uno de los 50 estados, el Distrito de Columbia y los cinco territorios. Estos sistemas distintos atienden aproximadamente 100 millones de casos al año, en su gran mayoría en los tribunales estatales. En el plano federal, aproximadamente 2.200 jueces sirven en los 50 estados, en las capacidades siguientes: magistrados del Tribunal Supremo, jueces de tribunales de apelación, jueces de tribunales de distrito, jueces de quiebra y jueces de paz. En el plano estatal, aproximadamente 31.000 jueces ejercen sus funciones desde los tribunales superiores a los tribunales locales de jurisdicción limitada.

Cada estado y territorio tiene competencia para establecer y dirigir su propio sistema de tribunales. La estructura de los sistemas de tribunales estatales varía de un estado a otro. Algunos estados tienen sistemas "unificados" o simplificados, sistemas de sólo dos o tres niveles, mientras que otros tienen múltiples niveles de tribunales para distintos tipos de casos. Se selecciona a los jueces mediante una variedad de métodos que van desde el nombramiento por el gobernador, a la elección popular y la selección por la legislatura. Los mandatos de los jueces estatales varían desde los cuatro años a los de carácter vitalicio.

La igualdad de justicia en la práctica

Al examinar la idea del acceso a los tribunales, el simple acceso, en el sentido teórico o jurídico, no es suficiente; más bien, son los resultados que se derivan de las decisiones de los tribunales los que le dan significado a este concepto. Por ejemplo, el valor del "acceso" es evidente cuando los tribunales deciden que nadie, en particular quienes ostentan el poder, está por encima de la ley, o cuando el acceso requiere el derecho a la asesoría de un abogado en casos en que la libertad del individuo está en peligro.

La aplicación práctica del derecho fundamental al acceso a los tribunales de conformidad con la Constitución de Estados Unidos se ha puesto a prueba a lo largo de la historia de nuestro país. Ha sido invocado e impugnado por muchos. Desde un principio, el Tribunal Supremo estableció su competencia en todas las disputas. En 1807, el presidente Thomas Jefferson invocó el privilegio ejecutivo en un caso contra Aaron Burr a quien acusó de traición. En su defensa, Burr pidió al Tribunal que dictase una orden judicial que ordenara que Jefferson presentara su correspondencia privada con respecto a Burr, a lo que Jefferson se negó. El presidente del Tribunal, John Marshall, desoyó el argumento del presidente Jefferson y dictaminó que la afirmación del presidente de que la publicación de los documentos pondría en peligro la seguridad pública era un asunto que competía dirimir al Tribunal, no al presidente.

La inmunidad presidencial se volvió a discutir casi 200 años después. En 1974, un fiscal especial ordenó a la Casa Blanca la entrega de cintas grabadas para verificar si el presidente estaba implicado en un escándalo político conocido como Watergate. El presidente Richard Nixon trató de que se anulara la orden, para lo que se amparó en el privilegio ejecutivo. El Tribunal, por voto de ocho a cero, dictaminó que las cintas se tenían que entregar porque el Tribunal había determinado que nadie, ni siquiera el presidente de Estados Unidos, está completamente por encima de la ley. En el dictamen que siguió, el presidente del Tribunal Supremo, Warren Burger, señaló: "Ni la doctrina de separación de poderes, ni la necesidad de confidencialidad de las comunicaciones de alto nivel, sin más, puede sostener un privilegio presidencial incondicional, absoluto, de exención del proceso judicial en cualquier circunstancia".

La importancia del acceso libre a los tribunales tal vez se reconoce mejor en las causas penales que entrañan el derecho a un asesor legal. En Estados Unidos se ha establecido que, al menos en causas penales en las que está en juego la pérdida de la libertad, no se puede considerar que una persona tiene acceso a la justicia a menos que se le facilite la asistencia de un abogado. En una decisión transcendental de 1963, el Tribunal Supremo sostuvo que la Constitución de Estados Unidos exige que se facilite asesoría legal a los acusados indigentes en los procedimientos estatales por delitos graves (Gideon contra Wainwright). Decisiones posteriores del Tribunal ampliaron el derecho de los acusados indigentes a la asesoría legal a los procedimientos estatales por delincuencia juvenil, procedimientos estatales por delitos menores con penas de privación de la libertad, procedimientos estatales por delitos menores con condena condicional de privación de libertad, y el primer recurso ante un tribunal de apelación. Además, el tribunal ha dictaminado que el derecho a letrado se aplica a diversas etapas esenciales previas al juicio, incluidos los interrogatorios bajo custodia, la identificación en ruedas de identificación de sospechoso, la lectura de cargos, las vistas preliminares y la negociación de la declaración de culpabilidad o inocencia del acusado. Las decisiones tienen por objeto proteger a los ciudadanos de castigos injustos.

La protección de los niños y los discapacitados

La igualdad de acceso a los tribunales no está reservada exclusivamente a los ciudadanos adultos. Los menores merecen el mismo acceso a los tribunales del país, porque también son ciudadanos y merecen ser oídos. No obstante, se enfrentan a obstáculos adicionales. Los menores no pueden iniciar acción legal sin la ayuda de un adulto; puede ser que no sepan a dónde recurrir o incluso si pueden obtener ayuda; y a veces no se les hace caso o pasan inadvertidos. Sin embargo, mejorar el acceso de los menores a la administración de la justicia puede contribuir a fortalecer a las familias y alentar a las víctimas a que revelen los delitos cometidos contra su persona y apoyar el proceso legal.

El ordenamiento jurídico de Estados Unidos se ha esforzado durante los últimos decenios para poner la justicia más al alcance de los menores y sus necesidades especiales. Determinadas decisiones judiciales, entre ellas varias del Tribunal Supremo, han facilitado la prestación de testimonio de los menores ante los tribunales. La adopción de procedimientos especiales, como la toma de testimonio en circuito cerrado y la asistencia de abogados especiales de menores, pueden amortiguar el trauma que pueden sufrir los niños testigos. Los juzgados con un ambiente acogedor para los niños, donde los muebles son de su tamaño y en los que el juez no se sienta en un estrado elevado por encima de todo el mundo, pueden hacer que los niños se sientan más tranquilos. Muchas jurisdicciones han establecido procedimientos interdisciplinarios que adaptan las intervenciones teniendo presente el interés de los niños para evitar causarles nuevos daños.

En fechas más recientes, los estadounidenses incapacitados han recurrido a los tribunales mismos, a los que han reclamado que se les facilite el acceso. En la causa de Tennessee contra Lane (2004), los demandantes, entre los que figuraba un hombre parapléjico que tenía que arrastrarse por dos tramos de escaleras para asistir a una vista de un tribunal de Tennessee, presentaron una querella con arreglo al Título II de la Ley de los Estadounidenses con Discapacidades, en la que alegaban que los impedimentos físicos a la entrada a los juzgados infringían sus derechos. El Colegio de Abogados de Estados Unidos, en calidad de amicus curiae, sostuvo que: "Los tribunales deben ser un modelo de accesibilidad". Y más adelante continuó: (Los juzgados) deben estar libres de obstáculos — y por tanto, abiertos a todos... es esencial para la legitimidad y la confianza pública en la administración de justicia. La falta de igualdad de acceso a los tribunales perjudica no sólo a las personas que están excluidas, sino también a la administración de justicia misma. En la opinión de la mayoría, el magistrado del Tribunal Supremo, John Paul Stevens, dictaminó que el Título II es constitucional "según se aplica a las clases de casos que suponen el derecho fundamental de acceso a los tribunales". Por tanto, la decisión obliga a todos los juzgados y edificios públicos de Estados Unidos, incluido el Tribunal Supremo de Estados Unidos, a atender a las necesidades de los discapacitados mediante la instalación de rampas de acceso, ascensores especiales, barandillas, baños accesibles a los discapacitados y otros arreglos.

El compromiso de los profesionales del derecho

La Constitución establece el derecho fundamental de acceso al sistema judicial. Los tribunales, como custodios de los derechos individuales de cada persona, tienen una responsabilidad especial de proteger y hacer cumplir el derecho de igualdad de acceso a la administración de justicia. Si los tribunales tienen esta responsabilidad especial, pero carecen de una policía judicial que haga cumplir sus decisiones ¿cómo es que se cumplen? Existen dos razones importantes: 1) la confianza pública en la administración de justicia en general y 2) un firme compromiso de los colegios de abogados de trabajar con el poder judicial para establecer y exigir el cumplimiento de las decisiones judiciales.

Como presidente del colegio de abogados estadounidense que cuenta con el mayor número de miembros, considero que es importante examinar ahora cómo se relaciona este segundo punto con el poder judicial. Si el poder judicial es el custodio de los derechos del pueblo, los colegios de abogados y sus miembros son la infantería. Los profesionales del derecho y los que ejercen la abogacía soportan gran parte de la carga. En vista de esto, el Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA) ha establecido 11 metas que tratará de alcanzar en su intento de "Defender la libertad y buscar la justicia". La segunda de esas metas es "Promover un acceso significativo a la representación legal y el sistema judicial de Estados Unidos para todas las personas, cualquiera que sea su condición económica o social".

Fue en defensa de esta meta que la ABA presentó su alegato amicus curiae en nombre de los estadounidenses discapacitados en el caso de Tennessee contra Lane. Cuando estalló el escándalo de Watergate, Chesterfield Smith, entonces presidente de la ABA, declaró en un comunicado de prensa: "nadie está por encima de la ley", palabras que más tarde aparecieron en todos los principales periódicos del país. Posteriormente, la cámara de delegados de la ABA, integrada por 474 representantes jurídicos de los 50 estados y los territorios de Estados Unidos, votó por unanimidad contra la concesión de inmunidad legal al presidente Nixon.

Los colegios de abogados han reconocido desde hace mucho tiempo que deben hablar por el poder judicial cuando éste no puede hacerlo por sí mismo. Esto es especialmente importante durante litigios en curso, por ejemplo cuando la prensa critica el fallo de un juez y la confidencialidad de las actuaciones impide al juez explicar personalmente sus decisiones. La reacción de la prensa puede ser cuestionar no sólo las decisiones del juez, sino el hecho de que aparentemente no está dispuesto a responder. Los colegios de abogados también están en posición de ayudar al público a comprender mejor las actuaciones y la justificación de los fallos judiciales, con el fin de inspirar la confianza pública y generar un debate público atinado.

Los colegios de abogados trabajan con denuedo para facilitar abogados capacitados o asesoría legal en causas civiles. Aunque el derecho a la asesoría legal se ha establecido en los casos penales, no está garantizado en los casos civiles. No obstante, desde el decenio de 1870, la ABA ha participado en actividades orientadas a facilitar servicios legales gratuitos a los pobres. La ABA abogó activamente a favor del establecimiento de asociaciones de asistencia legal en todo el país, porque sus miembros comprenden que, entre otras cosas, los tribunales son más eficaces cuando las partes en un litigio comparecen con un abogado. Se ahorra tiempo, se evitan errores y se asegura la justicia.

Divulgación internacional

La labor de la ABA para mejorar el acceso a la justicia no termina en las fronteras de Estados Unidos. A través de sus programas internacionales sobre el estado de derecho, la ABA lleva a cabo una multitud de proyectos en apoyo de actividades en el extranjero para dar a los ciudadanos voz y parte en la administración de justicia de sus respectivos países. En Europa central, Eurasia, Africa, Asia, Oriente Medio, América Latina y el Caribe, los programas sobre el estado de derecho de la ABA apoyan la labor local para mejorar el acceso a la justicia, mediante el establecimiento de programas de asistencia legal y defensores de oficio, la mejora de la administración de los casos, la elaboración de iniciativas de educación legal clínica en la representación de clientes indigentes y la organización de programas judiciales de extención que enseñan al público el funcionamiento del sistema judicial y le dan a conocer sus derechos y responsabilidades. Por ejemplo:

• En Uzbekistán, los centros de defensores de oficio patrocinados por la ABA han prestado valiosos servicios jurídicos a los acusados indigentes en causas penales.

• En países como Ucrania, Moldova, Azerbaiyán y Rusia la ABA entrena y apoya a abogados locales en la promoción de derechos de vivienda, la lucha contra la degradación ambiental y la violencia en el hogar.

• Desde Croacia y Rumania hasta los estados de Asia Central de Uzbekistán, Kirguistán y Kazajstán, la ABA ha organizado programas para ayudar a los tribunales a explicar sus actividades a los medios de comunicación y al público en general y enseñar a los ciudadanos cómo funciona el sistema judicial y darles a conocer sus derechos.

• En Ruanda, la ABA apoya la asistencia legal y el acceso a la justicia para mujeres y niños que viven con VIH/SIDA.

• En Kenia, Tanzania y Uganda, la ABA apoya la aplicación de los derechos de mujeres y niños a la tierra y a la protección contra los delitos sexuales.

• En China, la ABA ha prestado asistencia en apoyo del establecimiento de nuevas reglamentaciones que disponen un mayor acceso de los abogados a sus clientes y la divulgación previa al juicio de las pruebas entre el fiscal y el abogado defensor. La ABA también ha apoyado a un centro chino de asistencia legal en el establecimiento y distribución de un folleto básico que enseña a conocer sus derechos a los ciudadanos que de otro modo tienen poca información sobre el sistema legal y sus derechos en el mismo.

• En Camboya, la ABA trabaja para reforzar la capacidad de los profesionales jmer del derecho en general y de los derechos humanos, de prestar servicios jurídicos a los oprimidos para tramitar causas de "impacto" en nombre del público.

• En México, la ABA trabaja en estrecha relación con los tribunales supremos de más de 20 estados para prestar servicios de mediación dependientes de los tribunales en causas civiles. El proyecto sirve de catalizador de un movimiento mexicano imparable para proporcionar a sus ciudadanos métodos alternativos de resolución de controversias. De este modo, ha dado acceso a los tribunales a las clases marginadas que anteriormente no podían permitirse los servicios de un abogado o litigar formalmente.

• En Ecuador, la ABA colabora con autoridades gubernamentales y no gubernamentales para poner coto a la trata de seres humanos, en particular de mujeres, niños y adolescentes, con fines de explotación sexual. Las víctimas de este delito, por lo general mujeres y niños pobres, se cuentan entre los más vulnerables de la sociedad y buscan amparo en los tribunales. Junto con el Tribunal Supremo de Ecuador y el Consejo Nacional del Poder Judicial, la ABA organizó una reunión nacional de las principales instituciones que trabajan en la lucha contra la trata en ese país. Ahora se ha hecho un llamamiento a favor de un plan nacional para combatir la trata de seres humanos.

El acceso real y significativo a los tribunales es esencial para la salud y vitalidad de toda democracia. Es el escudo de los ciudadanos contra la tiranía, los abusos y las simples equivocaciones. El acceso a los tribunales es la savia del sistema, porque de él emanan todos los demás derechos. Contribuye a mantener el orden cuando surge un conflicto y hace que los ciudadanos participen activamente en el uso debido de su poder colectivo.

Robert J. Grey Jr., es presidente del Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA) y socio del bufete de abogados Hunton & Williams de Richmond, Virginia. Su labor se concentra en caso administrativos ante las agencias de gobierno estatales y federales. Se ha desempeñado también como presidente de la Cámara de Delegados de la ABA y miembro de la Junta de Gobernadores.

El autor desea agradecer la contribución de las siguientes entidades de la ABA a este artículo: El Centro Judicial, el Consorcio de Servicios Legales y el Público, la Comisión sobre Violencia en el Hogar, el Centro sobre los Niños y la Ley, la Iniciativa de Derecho para América Latina y el Caribe (ABA/LALIC), la Iniciativa de Derecho para Europa Central y Eurasia (ABA-CEELI), la Iniciativa de Derecho para Asia (ABA-Asia) y la Iniciativa de Derecho para Africa (ABA-Africa).

Las opiniones expresadas en este artículo no reflejan necesariamente las opiniones o políticas del gobierno de Estados Unidos.