En una democracia participativa es esencial que los ciudadanos confíen en sus instituciones. Un poder judicial que se considere imparcial e independiente es un elemento importante para que persistan esa confianza y seguridad. En los primeros años de la historia del país, los redactores de la Constitución de Estados Unidos consideraron cuál sería la mejor forma de garantizar un procedimiento judicial transparente y un sistema de tribunales libre de manipulaciones políticas, en el que los acusados de haber cometido un delito dispondrían de un juicio imparcial y un abogado adecuado. Sus deliberaciones resultaron en la adopción en 1791 de la Declaración de Derechos, documento que constituye las primeras diez Enmiendas a la Constitución. La sexta Enmienda declara que:

En toda causa criminal, el acusado gozará del derecho de ser juzgado rápidamente y en público por un jurado imparcial del distrito y Estado en que se haya cometido el delito, distrito que deberá haber sido determinado previamente por la ley; así como de que se le haga saber la naturaleza y causa de la acusación, de que se le caree con los testigos que depongan en su contra, de que se obligue a comparecer a los testigos que le favorezcan y de contar con la ayuda de un abogado que le defienda.

Cumplir con este ideal supone un desafío, que exige la participación de muchas personas, entre ellos educadores, legisladores, profesionales de derecho y ciudadanos comunes. En el sistema legal estadounidense, los esfuerzos para garantizar "igualdad de justicia para todos" se desarrollan de muchas maneras. Este periódico electrónico trata varios aspectos sobre el proceso en curso para asegurar protecciones legales y educar a los ciudadanos sobre sus derechos y responsabilidades.

El presidente del Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA), Robert J. Grey, ofrece una visión general del compromiso de Estados Unidos a la igualdad de acceso de todos los ciudadanos al régimen jurídico. El acceso a los tribunales se ha vuelto más inclusivo por definición debido a resoluciones judiciales, y va más allá del derecho de los pobres a un asesor legal para incluir disposiciones especiales para los menores y los discapacitados. Grey describe también los esfuerzos del ABA para mejorar el acceso a los tribunales en Estados Unidos y en el extranjero y fortalecer las democracias en todo el mundo.

Andrew A. Guy, abogado que ejerce en el Estado de Washington y presidente de la Comisión Pro Bono y de Asistencia Jurídica del Colegio de Abogados del Estado de Washington, analiza los diferentes regímenes que aseguran que los pobres dispongan de representación adecuada en los tribunales. Los acusados de haber cometido un delito grave cuentan con abogados de oficio, abogados contratados y defensores de oficio. Pero incluso cuando los pobres necesitan ayuda en asuntos civiles, tienen varias opciones a su disposición. Los colegios de abogados, los abogados de intereses especiales y los bufetes de abogados colaboran para garantizar que los pobres dispongan de una representación adecuada.

El profesor de derecho Peter A. Joy examina los programas de educación legal clínica que permiten que los estudiantes de derecho provean asesoría legal a personas y grupos demasiado pobres como para contratar abogados. Bajo la supervisión de los catedráticos de derecho u otros abogados de su comunidad, los estudiantes de derecho de la clínica jurídica aprenden a ejercer la abogacía y a resolver los problemas de los clientes a la vez que ofrecen acceso a los tribunales para los necesitados. Estos programas vienen ampliándose debido a que proporcionan capacitación práctica a los estudiantes así como servicios necesarios a los ciudadanos que no tienen recursos suficientes. Joy describe también los esfuerzos para establecer programas similares en el resto del mundo.

Cuando hay problemas con un sistema, es necesario reconocer las cuestiones y tomar medidas para efectuar los cambios. Shira Goodman y Lynn Marks, de la organización no gubernamental "Pennsylvanians for Modern Courts" (Ciudadanos de Pensilvania en pro de tribunales modernos), describen los esfuerzos de su grupo para trabajar en coaliciones con ciudadanos,colegios de abogados y la asamblea legislativa del estado para mejorar y reformar el sistema de tribunales de Pensilvania.

Darlisa Crawford, redactora del Servicio Noticioso desde Washington, entrevista al catedrático de derecho de la Universidad de Georgetown Richard Roe sobre su trabajo en el programa "Street Law" (Derecho práctico para el ciudadano común y corriente), que alienta a personas de toda condición a que participen en programas de educación legal para los ciudadanos. El profesor Roe ha impartido clases de este tipo de programas a niños, desamparados, presos y muchos otros grupos en Estados Unidos y en todo el mundo.

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