Según lo dispone la Constitución, Estados Unidos tiene dos sistemas judiciales: el federal y el estatal. Cada uno tiene dos procedimientos judiciales totalmente separados: el penal y el civil. E. Osborne Ayscue, Jr, abogado litigante en los tribunales civiles que ejerce en Charlotte, Carolina del Norte, y actual presidente del Colegio de Abogados Litigantes de Norteamérica , explica estas diferencias, las cuales son claves para entender el sistema judicial de Estados Unidos.




Fue un juicio que, durante meses, dominó los titulares de prensa no sólo en Estados Unidos sino en todo el mundo. Se trata del caso del Estado de California contra el famoso atleta O.J. Simpson, acusado de homicidio premeditado. Millones de norteamericanos sintonizaron fascinados sus televisores para ver los reportajes diarios. Pero los televidentes en el extranjero estaban a menudo confundidos: ¿por qué se le juzgó a Simpson en un tribunal estatal en lugar de un tribunal federal? ¿Por qué no se le exigía al acusado testificar? ¿Y por qué, cuando se lo halló no culpable, se le juzgó otra vez en un juicio civil donde se le obligó a testificar? ¿Acaso no es eso volver a juzgar a una persona que ya ha sido sometida a juicio por los mismos hechos?

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la compleja naturaleza del sistema judicial de Estados Unidos y de su sistema paralelo de tribunales federales y estatales. La Constitución de Estados Unidos asigna poderes específicos, entre ellos ciertos poderes de actividad legislativa, al gobierno federal y reserva todos los demás poderes a los estados. Según esto, hay tribunales federales para llevar cabo enjuiciamientos en caso de violación de las leyes federales y hay tribunales estatales para casos en que se violen las leyes estatales. La mayoría de los delitos corresponden a violaciones de las leyes estatales.

Incluso un delito grave, como el asesinato, constituye en la mayoría de los casos una violación de las leyes estatales. Esa es la razón por la cual O. J. Simpson fue enjuiciado por el Estado de California, el lugar del crimen, y no por los tribunales federales. Simpson no tuvo que testificar en su juicio por asesinato porque era su derecho constitucional el no hacerlo a no ser que así lo eligiera. De hecho, en Estados Unidos los acusados tienen un sinfín de derechos que emanan de la Constitución misma, ya sea que se los juzgue en tribunales estatales o federales. Por ejemplo, Simpson hubiera tenido el mismo derecho de no testificar en su contra en un juicio penal en un tribunal federal.

Pero, ¿cómo es que se le pudo enjuiciar a Simpson dos veces: una vez en un juicio penal, donde se le halló no culpable de los asesinatos de su esposa, Nicole Simpson, y del amigo de ésta, Ron Goldman, y otra vez en un tribunal civil, donde se le halló responsable de sus muertes y se le exigió pagar a los demandantes? La respuesta es que en Estados Unidos los procedimientos judiciales en causas penales y causas civiles son totalmente independientes, con imposición de diferentes penas y diferentes reglas de procedimiento.

En el juicio civil de Simpson, al acusado se le exigió testificar, y el tipo y carácter de las pruebas exigidas para establecer su culpabilidad fueron menos estrictos. En el juicio civil, en lugar de necesitar establecer la culpabilidad más allá de toda duda razonable, el jurado sólo necesitaba considerar la preponderancia de la prueba para declarar a Simpson culpable. El acusado tiene menos derechos de procedimiento en el juicio civil, donde la mayoría de las veces el resultado se limita a la indemnización monetaria.

Juicios civiles frente a juicios penales

Las reglas de los procesos civiles, en comparación con los juicios penales, varían un poco en el sistema federal y en el estatal, pero se parecen en casi todo debido a que, según lo que estipula la Constitución, todos los juicios deben otorgar derechos específicos a los acusados y las reglas procesales en cuanto a las pruebas son, en general, las mismas en ambos sistemas. Sin embargo, hay diferencias importantes entre los juicios civiles y los penales:

• Alegatos. El cuerpo de la demanda o acusación es más preciso y detallada en un juicio penal.

• Descubrimiento de la prueba. La capacidad de cada una de las partes þ fiscalía y defensa þ de reunir información que apoye su posición es más limitada en un juicio penal.

• Preponderancia de la prueba. En un juicio penal al acusado se le debe probar su culpabilidad más allá de toda duda razonable, pero en un proceso civil el demandante y la parte que presenta la causa solamente necesitan, para probar su alegato, que sus pruebas tengan preponderancia sobre las de la parte contraria, requisito que, por ejemplo, en el juicio civil de Simpson el jurado consideró que se cumplía.

• Mayor protección. Debido a que las penas que se imponen en un proceso penal son más severas, al acusado se le otorgan más derechos y salvaguardias de procedimiento que en un proceso civil.

• Derecho de apelación. Si en un juicio penal al acusado se le absuelve, el derecho de apelación de la fiscalía es casi nulo, ya que el acusado no puede ser enjuiciado dos veces por el mismo delito. En una causa civil el que pierde tiene el derecho de apelar.

• Juicio rápido. En jurisdicciones donde existen leyes de juicios rápidos, las causas penales pueden ser vistas más rápidamente que las civiles.

Enjuiciamientos penales y derechos de los acusados

Gran parte de la idea que existe en el mundo sobre los procesos penales en Estados Unidos ha sido creada por los folletones de Hollywood para la televisión: desde Perry Mason, que rara vez perdía un caso para sus clientes, hasta L.A. Law. Estos programas no muestran necesariamente la estructura básica de un proceso penal en los tribunales de Estados Unidos. En realidad, en Estados Unidos los juicios penales son raramente tan dramáticos como se muestra en las películas, y son con frecuencia más laboriosos y meditados. El juez es quien dirige el juicio y es el árbitro final de la ley aplicable. El jurado decide si la fiscalía ha presentado suficientes pruebas para declarar culpable al acusado más allá de toda duda razonable. La fiscalía y la defensa presentan su caso, de acuerdo con las reglas de procedimiento, en un sistema adversativo. Lo que en el extranjero a menudo sorprende más es la multitud de derechos de que goza el acusado cuando se le acusa de un delito. Esto se conoce en Estados Unidos como "garantías procesales". Estos derechos incluyen:

• Sólo puede entablarse juicio tras un procedimiento judicial preliminar que halle causa probable del delito basada en pruebas dignas de crédito presentadas por la fiscalía.

• Derecho de comparecer en audiencia pública, donde los cargos se le leen al acusado, el cual debe acto seguido declararse culpable o no culpable.

• Derecho a disponer de un abogado, excepto en los juicios por delitos menores. Esto incluye el derecho de que el juez le asigne al acusado un abogado por cuenta del gobierno si el acusado no puede pagar. El acusado también tiene el derecho de exigir que los testigos comparezcan y de carearlos þ a través de su abogado þ en audiencia pública.

• Derecho de comparecer en audiencia pública ante un jurado compuesto por sus iguales; en otras palabras, un jurado de ciudadanos. En casi todas las jurisdicciones de Estados Unidos los veredictos en causas penales exigen unanimidad y, a diferencia de otros países con sistemas de jurado, tanto la fiscalía como la defensa tienen un derecho limitado de recusar a los jurados que creen que no van a ser justos.

• Un único juicio por el mismo delito. Esta es la famosa protección frente al doble enjuiciamiento por el mismo delito, que protege a los acusados de fiscales fanáticos decididos a encontrar un jurado que, finalmente, pronuncie un veredicto de culpabilidad.

• Derecho de no acusarse a sí mismo. En Estados Unidos no puede obligarse a un acusado a testificar en su contra, derecho al que, por ejemplo, O. J. Simpson se acogió en su juicio penal. Ahora bien, si el acusado decide prestar testimonio, ha de contestar las preguntas tanto de la fiscalía como de la defensa.

• Capacidad procesal. Un acusado debe estar mentalmente capacitado para entender los cargos que se le imputan.

• Juicio rápido. La Constitución garantiza un juicio rápido a cargo de un jurado imparcial en la jurisdicción donde se cometió el delito. Sin embargo, el juicio puede trasladarse a otra jurisdicción si se estima que es difícil encontrar un jurado imparcial.

• Procedimientos anteriores al juicio. Un acusado tiene el derecho de contar con suficiente tiempo para preparar su defensa y puede renunciar a su derecho a un juicio rápido. También tiene el derecho de obtener cualquier prueba en posesión de la fiscalía que pueda probar su inocencia. Además, tiene el derecho de entrevistar a los testigos antes del juicio.

El desarrollo de un proceso penal

Un proceso penal comienza con las declaraciones iniciales, primero a cargo de la acusación, y luego a cargo de la defensa. La acusación presenta entonces sus pruebas y testigos, los que están sujetos a interrogatorio por parte de la defensa. El tribunal -- en esencia, el juez -- puede en esta etapa declarar el caso sin lugar, si cree que la prueba no demuestra que el acusado ha cometido el delito.

La defensa tiene luego la oportunidad de presentar sus pruebas y testigos. Después que la defensa ha presentado su caso, la acusación puede presentar pruebas de refutación. Como ocurre en los casos civiles, el juez supervisa los procedimientos y dictamina en las disputas en torno a la admisibilidad de la prueba. El proceso termina con las declaraciones finales de ambos lados y la deliberación del jurado, a continuación de las instrucciones que emite el juez.

El jurado debe encontrar al acusado culpable o no culpable de cada acusación que se le haya hecho. Un veredicto de no culpabilidad termina el procedimiento y el acusado queda en libertad. En el caso de un acusado que ha sido hallado o se ha declarado a sí mismo culpable -- lo que evita la necesidad de un juicio --, comienza entonces la fase de sentencia, salvo cuando puede aplicarse la pena de muerte; en ese caso se le requiere al jurado decidir entre esa pena y otra menor.

El proceso de sentencia incluye una investigación previa y preparar un informe sobre todos los asuntos aplicables a la sentencia que se le impone al acusado. El acusado puede examinar y comentar el informe. Tiene también derecho de recibir asesoría legal en la audiencia de sentencia. El tribunal emite entonces una orden, que especifica la pena impuesta al acusado y cómo se la aplicará. El juez impone la sentencia sujeta a cualquier norma que pueda haber sido prescrita por la ley.

De modo significativo, todos los acusados en procesos penales tienen derecho de apelar a un tribunal superior, inclusive, en ciertos casos, ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Si hubieran ocurrido errores de derecho, o si se hubieran violado los derechos del acusado, puede revocarse el veredicto emitido en el juicio. El proceso de apelación es parte integral del sistema judicial estadounidense. Muchos acusados han visto sus sentencias revocadas o reducidas por los tribunales de apelaciones.

Uno de los ejemplos más célebres de una revocación de sentencia luego de una apelación es el caso del doctor Sam Sheppard quien, en 1954, había sido declarado culpable de asesinar a su mujer. Las apelaciones iniciales de Sheppard, inclusive una que llegó al Tribunal Supremo, fueron rechazadas. Pero, en 1966, el Tribunal Supremo revocó el veredicto y dictaminó que Sheppard tenía derecho a nuevo juicio. Más tarde ese mismo año, fue absuelto por un nuevo jurado. El caso de Sheppard fue una noticia sensacional en aquel momento y se volvió aun más famoso cuando se convirtió en el argumento de "El Fugitivo", un programa de televisión de larga duración en la década de los 60. Pero otros acusados mucho menos famosos han conseguido ser juzgados de nuevo o han visto revocados sus veredictos como resultado del proceso de apelaciones.

El desarrollo de un proceso civil

En un proceso civil, el demandado tiene muchos de los derechos que le corresponderían en un proceso penal, pero no todos. Una acción civil empieza con una declaración escrita de una alegación del demandante y la reparación que procura obtener, lo que se denomina una "demanda". El tribunal emite entonces un emplazamiento que pide que se responda a la demanda dentro de un plazo específico, contado a partir del momento en que el demandante la recibe.

El demandado debe admitir o rechazar cada una de las alegaciones y presentar cualquier defensa. Puede también sostener alegaciones contra el demandante, un codemandado u otra persona que no haya sido originalmente parte del caso. Puede también pedir que se declare sin lugar la demanda porque no alcanza a hacer una reclamación válida. Podría también pedirle al tribunal que declare sin lugar la demanda, alegando falta de jurisdicción en cuanto al sujeto de la demanda o el propio demandado. Podría también sugerir que el demandante planteó la demanda en el tribunal equivocado o que el demandado no fue notificado del caso como corresponde.

La fase siguiente es un "proceso de descubrimiento" amplio, que normalmente no involucra al tribunal. Sin embargo, una parte que procura descubrimiento puede pedir ayuda al tribunal para que obligue a un oponente renuente o a otra persona a que entregue información. De modo similar, una parte de la que se pide un descubrimiento no razonable puede buscar la protección del tribunal.

El descubrimiento puede incluir: preguntas por escrito a ser contestadas bajo juramento; deposición oral bajo juramento; solicitudes de documentos pertinentes; exámenes físicos o mentales cuando se pide reparación de lesiones; y solicitudes de admisión de hechos sobre los cuales no hay disputa. Antes del proceso, cualquiera de las partes puede presentar una moción de juicio sumario en cualquier cuestión que no se apoye en pruebas. Si el caso sigue hasta la etapa del juicio, el tribunal puede emitir una orden previa al juicio que defina las cuestiones a decidir y tome otras medidas para acelerarlo.

Los casos civiles a veces se refieren a delitos graves, como ocurrió en el caso Simpson. Sin embargo, a menudo tienen que ver con casos menos graves, tales como las disputas entre propietario e inquilino. En algunos casos, se demanda a un tercero. Por ejemplo, en el caso de un tiroteo reciente en Atlanta, Georgia, en el que el supuesto autor de los disparos resultó muerto, un pariente de una de las víctimas demandó a la compañía de inversiones donde ocurrió el tiroteo, a los dueños del edificio, a la compañía responsable de la seguridad en ese lugar y a los bienes que dejó en herencia el autor de los disparos.

Las acciones civiles se juzgan normalmente en un tribunal abierto al público ante un juez y un jurado compuesto por entre seis y doce individuos escogidos al azar, a menos que las partes acuerden un juicio ante solamente el juez. Como ocurre en un proceso penal, las partes tienen derecho de recusar a ciertos jurados. El juez digige los procedimientos del juicio y declara qué ley puede aplicarse. Luego de las declaraciones iniciales, el demandante, sobre quien recae el peso de la prueba, presenta sus pruebas. Si las pruebas no sostienen su alegación, ésta es declarada sin lugar en ese momento. Si se considera que las pruebas son suficientes, el demandando presenta su caso.

Luego que ambas partes presentan sus pruebas, el juez puede declarar sin lugar algunas o todas las alegaciones que no pueden probarse. A cada parte se le permite entonces hacer una declaración final, y luego el juez le explica la ley al jurado. Si el caso se juzga ante un jurado, éste debe decidir por sí sólo cuáles son los hechos, y decidir el caso de acuerdo con ellos. Los veredictos mayoritarios, sin embargo, se permiten en una mayor cantidad de casos civiles que de casos penales. En un caso que se juzga en ausencia de un jurado, es el juez quien lo decide.

Las sanciones civiles son generalmente mucho menos onerosas que las que se imponen en juicios penales. En el juicio civil contra Simpson, por ejemplo, se le impuso al demandado un veredicto de 8,5 millones de dólares. Aunque esto puede parecer severo, es mucho menos punitivo que la sentencia a cadena perpetua que Simpson habría encarado de haber sido encontrado culpable en el juicio penal. Simpson fue declarado culpable por unanimidad en el caso civil, pero, de acuerdo con las leyes de California, podría haberlo sido por decisión de nueve de los doce jurados. En el juicio penal, en cambio, se requirió un veredicto unánime.

Además de las indemnizaciones financierasa, las sanciones civiles pueden incluir que se ordene a una de las partes ejecutar o abstenerse de ejecutar un acto específico, o brindar otra compensación apropiada. El juez puede imponerle también a la parte que pierde costas procesales. Estas costas son nominales y por lo común no incluyen los honorarios de los abogados. Como ocurre en los casos penales, la parte perdedora tiene derecho de apelar la decisión.

Conclusión

El sistema tribunalicio estadounidense puede parecerles excesivamente complejo a algunos observadores extranjeros. Es un sistema adversarial basado en el juicio por jurado y, de ninguna manera, es perfecto. Pero tiene la ventaja de ser independiente del gobierno. En Norteamérica ningún ciudadano va a la cárcel porque el gobierno quiera que esté allí. Esa decisión la toma un jurado compuesto por sus iguales -- sus conciudadanos -- que deciden el caso basándose en reglas imparciales de prueba que se diseñan, en todo lo que sea posible, para asegurar que sólo los culpables sean castigados.

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