En todo juicio, además de los acusados, hay otros actores que aportan al proceso sus perspectivas exclusivas. Los editores colaboradores Stuart Gorin y Bruce Carey hablaron en entrevistas separadas con la fiscal federal adjunta Rosa Rodríguez Mera, del distrito del sur de la Florida, quien se refiere a la función del fiscal; con el defensor público Martin Sabelli, de San Francisco, quien habla del derecho civil relativamente nuevo en Estados Unidos de asesorar en un juicio penal; con el abogado Steve Mayo, de San Francisco, quien actúa como director del Instituto de Estudio de Sistemas Legales y comenta el proceso de selección de jurados, y con la juez Laura Safer Espinoza, del estado de Nueva York, quien explica el funcionamiento de la sala judicial.




El fiscal

Los fiscales federales dividen sus casos en dos categorías principales, reactivos y proactivos, dice la fiscal federal adjunta Rosa Rodríguez Mera, cuyas responsabilidades incluyen el procesamiento de casos de narcóticos en el sur de la Florida.

"Los casos reactivos son instantáneos, por ejemplo, un delito que se ha cometido en el aeropuerto que involucra drogas", dice Rodríguez Mera. En los casos proactivos, que pueden llevar mucho tiempo, se hace mucha labor de investigación antes de arrestar a una persona. Este tipo de casos generalmente se sigue en cooperación con organismos federales como la Administración de Control de Drogas, la Oficina Federal de Investigaciones y el Servicio de Aduanas de Estados Unidos, agrega Rodríguez Mera. Señala que cuando los fiscales entrevistan a testigos policiales, los agentes tienen que explicar cosas como la manera en que efectuaron la vigilancia. Las grabaciones y transcripciones también se examinan con testigos informantes que prestarán declaración en el caso.




En cualquier caso, dice Rodríguez Mera, "la función de la oficina del fiscal federal es encausar a los violadores de la ley federal, y en eso es diferente de la de los agentes, cuya tarea es hacer cumplir las leyes".

Una vez que se ha cometido un delito y hay detenido un sospechoso, el agente notifica al fiscal de turno, quien determina cuáles son las pruebas existentes para un arresto. A los agentes que hicieron el arresto se les formulan preguntas como "¿dónde estaban las drogas?" y "¿cómo sabemos que el sospechoso sabía que había drogas en su maleta?". El fiscal se comunica entonces con el juez de turno, quien imparte una orden de arresto y decide el monto de la fianza que se le fijará al acusado.

El acusado tiene que ser presentado inicialmente ante el magistrado dentro de las 48 horas. En esa audiencia se designa un abogado para el acusado, si hay necesidad; se informa al acusado de los cargos y se establece la fianza. Rodríguez Mera dice que si la cantidad de drogas involucradas es muy grande, o hay riesgo de fuga o un peligro muy grande para la comunidad, el gobierno por lo común solicitará que se mantenga detenido al sospechoso sin fianza. De otra manera, el juez puede fijar fianza en el caso y dejar al acusado en libertad hasta que se celebre el juicio.

Después que al acusado se le han formulado los cargos, si opta por declararse "no culpable" el comienzo del juicio puede demorarse debido a una cantidad de medidas, incluso peticiones de la defensa para descartar pruebas, sobre las cuales decide el juez, y descubrimiento de la prueba, cuando el fiscal presenta copias de declaraciones, informes de laboratorios, grabaciones u otras pruebas al abogado de la defensa.

Rodríguez Mera dice que en cada caso individual, dentro de las pautas establecidas, hay un margen pequeño de discreción para hacer un trato. Por ejemplo, a cambio de una admisión de culpabilidad el gobierno puede pedir una pena de prisión menor para el acusado si éste brinda "asistencia sustancial en el caso, tal como cooperar contra otro acusado". Cita como ejemplo un caso en que había involucrados 10 kilos de cocaína, lo que implica una sentencia obligatoria de 10 años de prisión. Rodríguez Mera dice que si el acusado brinda ayuda substancial, el gobierno podría presentar una moción solicitando que las sentencias sean reducidas en una tercera parte, pero también puntualiza que el juez no tiene obligación de aceptar la recomendación.

El defensor público

El derecho de contar con un abogado defensor en un juicio penal "es un derecho civil relativamente nuevo en Estados Unidos", dice el defensor público Martin Sabelli, abogado cuya función es defender a personas acusadas de haber cometido delitos federales.

Agrega que "por lo menos a nivel estatal, en la larga lista de derechos que los tribunales han inferido de la Constitución y que han agregado a los que habían sido redactados originalmente por los autores de la Constitución, el origen de éste se puede remontar solamente a la década de 1960 y ha llevado la mayor parte de los últimos 30 años desarrollarlo eficazmente".

El derecho al asesoramiento legal deriva del caso de Clarence Gideon, (Gideon v. Wainwright), un hombre pobre y carente de educación de la Florida, quien en 1963 fue acusado de un delito menor. Gideon fue presentado en un tribunal, sin dinero y sin abogado, y pidió al juez que le designara un defensor. Pero el juez se negó porque la ley de la Florida permitía defensores designados por el tribunal sólo en casos que pudieran ser sancionados con la pena de muerte. Gideon fue declarado culpable y condenado a prisión, pero apeló su caso a través del sistema judicial del estado de la Florida y, finalmente, ante el Tribunal Supremo de la nación.

"Tan sólo eso es algo magnífico", dice Sabelli. "Que un hombre pobre, con poca educación, tenga derecho de peticionar ante los tribunales hasta llegar al Tribunal Supremo para reclamar por una injusticia que sufrió, dice mucho de la importancia vital que tiene la protección de la libertad individual en nuestro sistema de derecho".

En el caso de Gideon, el Tribunal Supremo falló, en una decisión unánime, que todo acusado ante los tribunales federales y estatales en un caso penal tiene derecho a asesoramiento legal, y si no puede pagar un abogado, el juez debe designarle uno. A Gideon se le asignó un abogado y se lo sometió a un nuevo juicio en la Florida. Gideon fue absuelto con ayuda del abogado designado por el tribunal.

Sabelli dice que el fallo Gideon es un hito histórico en el constante refinamiento y adelanto de los derechos humanos. "Gideon condujo al desarrollo del cargo de defensor público tanto en el sistema judicial federal como en los 50 estados", agrega. "En ciertas circunstancias especiales, el tribunal designa un abogado de una firma privada para defender a un acusado. Pero el grueso de los acusados indigentes ordinarios consiguen sus abogados de la oficina del defensor público".

En realidad, el defensor público es parte del propio tribunal. "Somos parte del sistema judicial, y los jueces supervisan nuestra operación para asegurar un comportamiento ético apropiado y buena administración", señala Sabelli. Pero ningún juez, en realidad ninguna persona, puede interferir en la relación privilegiada entre un defensor público y su cliente. Y los defensores públicos trabajan arduamente porque saben que su presencia misma hará que el fiscal trabaje con más empeño, observa Sabelli. En el curso de los años ha visto a los fiscales preocuparse más en la preparación de los casos y tratar al acusado con imparcialidad y dignidad cuando saben que del otro lado hay un defensor público.




Sabelli concluye diciendo que "el derecho a asesoramiento legal es el derecho más básico. Sin él, no podrían garantizarse los otros derechos preciosos: el derecho de la Cuarta Enmienda a estar a salvo de allanamientos y confiscaciones irrazonables; el derecho de la Quinta Enmienda de no ser juzgado dos veces por el mismo delito y de no acusarse a sí mismo; el derecho de la Sexta Enmienda a un juicio rápido, de poder carear a testigos y de obtener pruebas a su favor. El derecho a asesoramiento legal hace posibles todos los otros derechos", dice. Y, a la larga, "nos asegura una mejor justicia y confianza en nuestro gobierno".

El jurado

La responsabilidad del jurado en el proceso judicial estadounidense "es tomar determinaciones basándose en los hechos", dice Steve Mayo, abogado de San Francisco que actúa como director del Instituto de Estudio de Sistemas Legales. Observa que si no hubiera jurado, el juez tendría que tomar todas las decisiones sobre leyes y hechos. En cambio, el jurado toma las decisiones basándose en los hechos presentados durante el juicio, en la declaración de los testigos, en documentos y discusiones entre las partes que se hayan presentado en el tribunal.

La selección de un jurado integrado por sus iguales es un proceso estrictamente al azar, agrega Mayo. Los empleados de los sistemas judiciales locales compilan nombres de una cantidad de listas, que incluyen pero no están limitadas a las del empadronamiento electoral, el registro de propiedad de automotores y de licencias de conducir. Cualquiera que tenga por lo menos 18 años de edad, sea ciudadano de Estados Unidos y no tenga antecedentes de convicciones penales puede ser elegido y debe presentarse ante el tribunal el día que lo citan como parte de un grupo del cual se escogen los jurados. Algunos estados requieren que las personas del grupo regresen todos los días durante un cierto período; otros usan el sistema de "un día o un juicio", después del cual se excusa al ciudadano de seguir prestando servicio. En cualquiera de los casos por lo general no se vuelve a llamar a una misma persona durante varios años.

Mayo dice que, en una jornada típica, se llama a varios centenares de jurados potenciales a los tribunales y el juez y los abogados les hacen preguntas para determinar su idoneidad para prestar servicio. Entre los ejemplos de preguntas se incluye "¿habla y comprende el inglés?" y "¿ha sido usted víctima de un delito?".

Agrega que en el sistema penal los abogados de ambos lados que pueden recusar jurados potenciales sin dar una razón específica un cierto número de veces. Finalmente, se ponen de acuerdo sobre 12 hombres y mujeres para que presten servicio durante un juicio y también seleccionan tres suplentes para el caso de que alguno de los 12 tenga que retirarse durante el curso del juicio. En los casos civiles, en ocasiones sólo se necesitan seis jurados.

Ocasionalmente, y con frecuencia en algunos casos criminales que tienen mucha publicidad, se ordena el "secuestro" del jurado durante la duración del juicio, dice Mayo. Eso significa que los miembros del jurado no pueden ir a sus casas y se los mantiene en habitaciones de hotel donde no tienen acceso a la radio, la televisión o los diarios a fin de que no puedan ser influidos por lo que dice la prensa sobre un caso.

Mayo agrega que inmediatamente antes del juicio, durante el período de descubrimiento de pruebas, los abogados tienen que decidir, con el consentimiento del juez, cuáles son las pruebas que se permitirá presentar ante el jurado. Añade que los abogados también presentan "preguntas que se harán a miembros del jurado a fin de que cuando vayan a deliberar tengan preguntas específicas a las cuales tengan que responder conforme a los hechos". Por ejemplo, dice que una pregunta en un caso civil podría ser si "la persona actuó con negligencia cuando chocó con el otro auto". En un caso penal, el abogado podría preguntar: "¿El acusado sabía que hería tiros a la víctima?"




Los abogados y el juez tienen que elaborar también instrucciones legales específicas para el jurado. Mayo dice que esto puede incluir cosas como la definición de términos planteados durante el juicio, cómo tratar las pruebas circunstanciales y cómo tratar a los testigos expertos.

Una vez que el jurado entra a deliberar, escoge un presidente entre sus miembros. Mayo explica que "esta persona actúa como moderadora en las deliberaciones" y observa que "frecuentemente las personas son muy firmes en sus creencias y no están dispuestas a oír cómo otros presentan sus opiniones". El presidente permite que cada uno exponga sus opiniones y mantiene orientada la discusión.

Las deliberaciones pueden llevar horas e incluso varios días debido a que las decisiones tienen que ser unánimes. Si un jurado no puede llegar a un veredicto puede declararse la nulidad del juicio. En los casos penales, si se llega a un veredicto de culpabilidad la sentencia por lo general es dictada por el juez en una fecha posterior. Y va sea el veredicto de culpable o inocente, al terminar el juicio se excusa al jurado con el agradecimiento del traibunal por haber cumplido con su deber cívico.

Mayo concluye que con muy pocas excepciones el sistema de jurado funciona de manera apropiada, y que las decisiones alcanzadas son casi siempre las mismas que habría determinado el juez si no hubiera jurado.

El juez

"La independencia judicial es de gran importancia" en Estados Unidos y la apertura a la prensa y al público "es un buen control del poder judicial", dice la juez Laura Safer Espinoza, del estado de Nueva York. Como tal, la función del juez en el sistema de derecho consuetudinario vigente en Estados Unidos es la de "determinador neutral e imparcial de los hechos y, en algunos casos, determinador también de la ley".

Espinoza explica que esto difiere del sistema de derecho romano practicado en muchos otros países donde el juez "asume la función de investigador y encargado de formular acusaciones, así como la de árbitro de casos". Puntualiza, sin embargo, que en ambos sistemas, en el caso de un veredicto de culpabilidad, el juez es quien generalmente determina la sentencia.




Observa la juez que en un juicio penal en Estados Unidos los acusados tienen el derecho de enfrentar carear a sus acusadores, los abogados tienen el derecho de interrogar a los testigos, y todo esto ocurre ante un juez y/o un jurado que hacen "determinaciones independientes de hechos" en el caso. A ningún juez se le permite tener conversaciones "ex parte" o fuera del tribunal sin que los abogados de ambas partes estén presentes. Agrega que "esto lo requiere nuestro código de ética, y es un componente crítico para mantener la honestidad e impedir posibilidades de corrupción del sistema".

Con respecto al decoro de la corte, Espinoza dice que los juicios están abiertos al público y que "todo ciudadano tiene el derecho de observar lo que está ocurriendo". Agrega que el juez tiene que mantener el orden entre los espectadores y entre las dos partes en el juicio, al tiempo que hace avanzar el proceso. Espinoza dice que si los abogados no se comportan de una manera profesional, el juez tiene autoridad para hacerlos detener por desacato al tribunal y puede sancionarlos con una multa o una corta sentencia de cárcel, aunque esto ocurre raramente.

En años recientes se desató una fuerte controversia en Estados Unidos acerca de si debería permitirse o no que se televisen los juicios. En el punto central del debate está el equilibrio entre el derecho del público de saber sobre el caso y el derecho de los acusados a un cierto grado de privacidad. Espinoza admite que los medios impresos tienen derecho de estar en la sala, pero cree que las cámaras "pueden conducir a una distorsión de los procedimientos", especialmente en los casos que tienen mucha publicidad. Agrega que las legislaturas de diferentes estados establecen sus propias normas con respecto a la televisión en las salas judiciales, pero, incluso donde se la permite, el juez todavía tiene facultades para prohibirla en ciertos casos. No se permiten cámaras de televisión en las salas de los tribunales federales.

El proceso de selección de jueces en Estados Unidos varía conforme al estado, pero por lo general sigue uno de dos sistemas principales: elección popular o designación por el gobernador o el alcalde. En Nueva York, el estado de Espinoza, el candidato tiene que haber ejercido la profesión de abogado durante un mínimo de 10 años y encarar una comisión de selección por mérito integrada por representantes de escuelas de abogacía, colegios de abogados y organizaciones comunitarias. Las comisiones pasan entonces los nombres a las autoridades electorales los nombres de los candidatos que se consideran para el cargo, a fin de que los coloquen en las boletas de votación, o al funcionario encargado de efectuar los nombramientos si es que se usa el método de designación. Los términos de los jueces en Nueva York son de 10 años en los tribunales inferiores y de 14 años en los superiores. Los jueces pueden ser reelegidos o designados nuevamente conforme a su desempeño.

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