La ciudadanía y el buen gobierno democráticoRalph Ketcham
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
En un seminario celebrado recientemente en una universidad de Estados Unidos, se pidió a un participante de Vietnam que respondiese al concepto de democracia del politólogo Robert Dahl, de que debe responder a los ciudadanos, que "son libres de concebir y utilizar medios pacíficos de criticar, presionar y reemplazar a los dirigentes". En el análisis de Dahl, los dirigentes están obligados a prestar atención y responder a las diversas voces y necesidades del pueblo, expresadas no sólo a través de instituciones representativas, sino también por otros medios pacíficos, como peticiones, manifestaciones, grupos de presión, de defensa, etc., que existen en una sociedad libre y liberal.
El politólogo John Mueller contribuye al debate con su explicación de que las responsabilidades de la ciudadanía son mínimas. "La democracia es, realmente, algo muy simple, al alcance de cualquier necio. ... La gente no necesita ser buena ni noble, sino sencillamente calcular qué le interesa más y, si así lo desea, expresarlo". Los ciudadanos de una democracia, en general apáticos e interesados en sí mismos, sólo necesitan poder evaluar la realidad y calcular las ventajas que les reporta cumplir con su deber. El deseo de ir en pos de ideales, buscar el bien público, o de otro modo ser noble es, afortunadamente, tan innecesario como prácticamente irrelevante como factor de motivación humana. Así pues, ¿cómo responde el estudiante vietnamita? ¿Ve este concepto de democracia y ciudadanía, a menudo alabado por su eficacia en Estados Unidos y otras democracias "maduras", como modelo para su país? "De ninguna manera", dice, y explica su respuesta en términos en los que resuena un concepto más rico y sólido de ciudadanía y un entendimiento de la democracia que va mucho más allá de la importancia que se da al procedimiento en el modelo que él rechaza. Su idea de democracia responde más a un espíritu público y se basa en una evaluación diferente de la capacidad humana de pensar y actuar teniendo deliberadamente en cuenta el interés público. También supone que el gobierno democrático puede funcionar mejor en las formas "buena y noble" desdeñadas por la idea de que la democracia es "realmente algo muy simple", y por tanto requiere sólo el acceso interesado de todos en algún modelo de conflicto de intereses o políticas de identidad. El modelo de ciudadanía inspirado en el bien público requiere ir más allá de las diversas actividades interesadas de votar, organizar, ejercer presión, manifestarse y unirse a partidos y grupos que representan intereses especiales. Estas actividades se esperan de miembros de una sociedad libre y, por supuesto, no están prohibidas. Manifiestan lo que el teórico en política británico, Harold Laski (1893-1950), llamaba "la variedad inexpugnable de voluntades humanas; ... una multiplicidad de voluntades sin un fin común". Las "causas latentes" de esta variedad de voluntades, que conducen a las "facciones", observó el presidente de Estados Unidos James Madison (1751-1836), "están… plantadas en la naturaleza del hombre..., y las vemos por todas partes en diferentes grados de actividad, según las distintas circunstancias de la sociedad civil". Por tanto, distintas personas en una sociedad libre se sentirían alentadas en la auto expresión, la creatividad y la búsqueda de la felicidad y la prosperidad. Asimismo, se obtendrían beneficios políticos de la necesidad de los diversos intereses (cuantos más, mejor) de relacionarse unos con otros y hacer concesiones mutuas para evitar el dominio tiránico de una de las facciones, o incluso una coalición de facciones: las ventajas de una sociedad libre, inclusiva, variada, abierta y equitativa. Para el estudiante vietnamita, y también para Madison, estas actividades no eran negativas ni se debían prohibir o desalentar, sino que eran incompletas, y no representaban realmente ciudadanía ni gobierno significativo por consenso en absoluto. La ciudadanía requería, en primer lugar, lo que el pensamiento republicano cívico del siglo XVIII entendía como la única virtud política esencial: que los participantes en el gobierno, los dirigentes o el pueblo, en el ámbito nacional o local, tengan presente, al menos parcialmente, el bien común, en vez de buscar sólo fines parciales, partidistas o egoístas. Ser ciudadanos, miembros del sistema de gobierno, exigía cierto grado de esta perspectiva pública, más allá de la centrada en el interés propio o del grupo, más allá del derecho a procurar intereses privados, que, como residentes en una sociedad libre poseían, naturalmente. EL DOBLE CARGO DEL CIUDADANO El interés público, en cierto modo, estribaba en el interés en el público, la capacidad de cada ciudadano, como decía Fukuzawa Yukichi a sus conciudadanos en el Japón de la era Meiji (1868-1911) cuando el país trataba de comprender la democracia occidental, de desempeñar "un doble cargo". Por supuesto, como los buenos ciudadanos del reino siempre habían estado obligados a hacer, los "nuevos ciudadanos" obedecerían las leyes y respetarían las costumbres del país, pero como ciudadanos también ejercían un cargo como participantes en el gobierno. Esto exigía, decía Fukuzawa a sus alumnos en la Universidad de Keio, forjar un "espíritu de independencia", interesarse por los asuntos públicos y tomar parte en los asuntos públicos de la nación como participantes en debates, votantes, organizadores y funcionarios. Así pues, debían "planificar... una empresa para bien de la nación, escribir sobre vuestras ideas y presentarlas al público... y trabajar con entusiasmo por vuestro país." Sobre todo, debían "adquirir buen juicio" para desempeñar su cargo de ciudadano. Aunque tendría que transcurrir cerca de un siglo antes de que estos preceptos se incorporasen en buena parte del sistema de gobierno japonés, Fukuzawa evidentemente pensaba en un cargo de ciudadanía mucho más rica que la "ciudadanía mínima" del modelo de conflicto de intereses que está alcanzando predominio en Occidente. El estadista norteamericano Benjamin Franklin tenía en mente un concepto muy similar cuando dijo a la Convención Constitucional de 1787 que estaba estudiando una propuesta para "restringir el derecho al voto a los dueños de tierras", que un factor clave que había que tener presente en el derecho al voto era "la virtud y el espíritu público de nuestro pueblo". Por tanto, se mostraba escéptico ante la idea de limitar el derecho al voto a los propietarios de tierras, porque muchos que no lo eran podían poseer virtud y espíritu público. Los hijos de granjeros y soldados no propietarios, que habían combatido como patriotas en la Revolución Americana, así como los artesanos y comerciantes, como ejemplos, serían todos ellos probablemente, votantes y ciudadanos responsables. Otro delegado explicó "que todo hombre que demuestre adhesión e interés común permanente con la sociedad debe compartir todos sus derechos y privilegios". La riqueza y la propiedad son pobres indicadores de esta cualidad esencial, señaló. Además, la experiencia de tomar parte en el gobierno, en particular en el ámbito local, realzaría probablemente el espíritu público del pueblo llano y sería una especie de formación para llegar a ser buenos ciudadanos. A Franklin le disgustaba, decía, "todo lo que tendiese a degradar el espíritu del pueblo llano", como creía que haría la denegación del sufragio. (Obsérvese, también, que ninguno de los criterios de Fukuzawa o de Franklin excluiría a las mujeres, los esclavos, los negros, los menores de 18 años, o los angloamericanos, a todos los cuales se les negaba el derecho al sufragio y la plena ciudadanía en los Estados Unidos del siglo XVIII, una vez que se considerase que estas categorías poseían las cualidades de inteligencia, razonamiento y capacidad política que se les negaban en el siglo XVIII. La plena ciudadanía se aplicaría necesariamente, con arreglo a la ideología republicana de Franklin, Thomas Jefferson y otros fundadores de los Estados Unidos, al ir avanzando los conocimientos antropológicos y culturales de raza, clase y género en los siglos siguientes. Cada extensión de la concesión de esos derechos, en el curso de los dos siglos siguientes, a negros, mujeres, antiguos esclavos, menores de 18 años (y en Gran Bretaña a los católicos) ocurrió cuando se reconoció finalmente que estas categorías poseían las cualidades de inteligencia y madurez política que anteriormente se les habían negado). Detrás de la atención a estas cualidades esenciales de la ciudadanía alentaba una justificación del gobierno democrático muy distinta de la sostenida en el modelo de conflicto de intereses. Se basaba en dos de los principios fundamentales de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776): que todos los hombres han sido creados iguales y dotados de derechos inalienables y que los gobiernos derivan "sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados". La Declaración de Independencia estipulaba, además, como el primer agravio y usurpación del rey de Gran Bretaña que "se ha negado a dar su asentimiento a las leyes justas y necesarias para el bien público". Es decir, un aspecto esencial de un gobierno autónomo era que los ciudadanos pudieran de algún modo dar su asentimiento, expresar su acuerdo razonado para validar los actos del gobierno y que, en justicia, ninguna autoridad podía interponerse entre dicho asentimiento y la promulgación de leyes "justas y necesarias para el bien público". Sin esta participación constructiva y activa, se puede considerar a los ciudadanos, como había dicho Pericles más de dos mil años antes en Atenas, "no como ambiciosos, sino inútiles". Cualquier necio no puede hacerlo; los atenienses "son capaces de juzgar y, en lugar de considerar el debate como un obstáculo en el camino a la acción [¿simple choque de facciones?], lo consideramos un paso preliminar indispensable a cualquier acción prudente". Para sostener este noble ideal de ciudadanía sería necesario prestar atención a numerosos aspectos de la vida si queremos que un gobierno autónomo sea un buen gobierno. ¿Cómo puede ser esto? En primer lugar, el gobierno debe estar libre de dominio extranjero o de opresión interna; de ahí la energía de centenares de revoluciones contra la tiranía a lo largo de la historia y en todo el mundo. Pero incluso si es "triunfante" contra un tirano (los puritanos ingleses y Cromwell en 1649; los comunistas rusos y Lenín en 1917-1921; Ho Chi Minh en 1953 y 1975; de otro modo, incluso las armas estadounidenses contra Saddam Hussein en 2003, etc.), todavía queda el problema de lograr un buen autogobierno. El diplomático estadounidense George Kennan señaló en 1993 que entre los numerosos "perjuicios" que el régimen soviético ha causado a la sociedad rusa", uno de los peores fue "el hecho de que dejó, a su partida, un pueblo tan deficientemente cualificado [obsérvese la palabra] para desplazarlo por cualquier cosa mejor". La gran atención que se ha prestado y todo lo que se ha escrito en torno a esta difícil y portentosa cuestión ha estado en el centro del debate sobre ciudadanía, sociedad civil y buen gobierno, al menos desde tiempos de Pericles y Aristóteles, e incluso, en particular en Estados Unidos, desde las inquietudes de Franklin en 1787, a las reservas del tratadista Alexis de Tocqueville respecto del gobierno de la mayoría en el decenio de 1830, los argumentos post darwinianos de los sociólogos de que el gobierno lo constituyen simplemente grupos interesados en su propio interés que luchan por el poder, y a las preocupaciones contemporáneas por la existencia o creación de "capital social". Por tanto, de nuevo, ¿qué costumbres, qué estado de ánimo, qué instituciones pueden alimentar la "virtud y el espíritu público" esenciales para los ciudadanos de democracias en ciernes, "en transición," y maduras? LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Los defensores del buen gobierno, desde Platón, Aristóteles, Confucio y Erasmo a John Locke, Thomas Jefferson, Horace Mann, John Dewey y Vaclav Havel, han sido maestros, escritores y filósofos de la educación, empeñados en asegurar que quienes gobiernen estén preparados para esa tarea exigente, orientada por un alto sentido moral y espíritu público. Todos aducen, asimismo, que el gobierno en manos de quienes no reúnan estas cualidades será un mal gobierno, cualquiera que fuere el número de los gobernantes. El análisis clásico de Aristóteles de que el gobierno de uno, unos pocos, o muchos puede ser bueno como en la monarquía, la aristocracia o el gobierno constitucional, o malo como en la tiranía, la oligarquía o la democracia (en el sentido de gobierno de las masas controladas por demagogos). La distinción consiste, no en cuántos son los que gobiernan, sino en qué bien gobiernan. En cierto modo, el problema se complica más, pero no deja de ser igualmente importante, cuando el número de los gobernantes se amplía de uno a unos pocos o, como en una democracia, al mayor número posible: todos los ciudadanos.. Thomas Jefferson, uno de los autores de la Declaración de Independencia y tercer presidente de Estados Unidos, propuso en 1776 que en el nuevo estado independiente, autogobernado, de Virginia se implantara el régimen de educación general (incluso universal), de manera que todos "estuvieran capacitados para comprender sus derechos, mantenerlos y ejercer con inteligencia la parte que les corresponde en el autogobierno". El pedagogo estadounidense Horace Mann propugnó la misma idea en 1848 cuando dijo que todos debían pagar impuestos para sufragar las escuelas públicas, "porque la ignorancia, la superstición y el vicio generalizados producirán godos y vándalos en el interior, más funestos [en una democracia] para el bienestar público que cualquier godo o vándalo del exterior". La prolongada carrera de John Dewey en la primera mitad del siglo XX, durante la cual se propuso vincular la democracia y la educación y trató de transformar las escuelas de Estados Unidos en "laboratorios de democracia" donde los estudiantes practicaran y "aprendieran con la práctica" las actitudes y el arte del gobierno democrático, tenía la misma intención: el autogobierno, en cualquier ámbito, funcionaría bien y daría buenos resultados (en el interés público) sólo si los que lo practican, provenientes del extranjero o nacidos en el país, fueran educados para desempeñar ese deber. Así pues, un régimen de escuelas y universidades, públicas o privadas, con cursos deliberadamente concebidos para alentar la formación de una ciudadanía responsable y unos líderes imbuidos de espíritu público, es esencial para el buen gobierno democrático. De hecho, en algunas sociedades asiáticas, esta ecuación ha sido tan esencial que se ha considerado necesario posponer las prácticas democráticas, la participación de los gobernados en el gobierno, hasta que todos han sido alfabetizados y han podido comprender las cuestiones de gobierno a través del debate público. Entonces tiene sentido darles sus derechos; serán ciudadanos informados en vez de súbditos obedientes como siempre habían sido. Corea del Sur, Malasia, e incluso China, han seguido este criterio en su manera de abordar el autogobierno, igual que hizo Japón cuando empezó a considerar la democracia. EL CIUDADANO RESPONSABLE A la conclusión de un estudio del pensamiento y la carrera de Vaclav Havel, ex presidente de la República Checa, Paul Berman, en 1997, tomó nota de la observación de Havel de que, incluso después de mucho hablar sobre derechos humanos, leyes, constituciones y organizaciones no gubernamentales, muchos países "todavía no tienen mucha democracia. ¿Por qué?" "Porque," Berman deduce de Havel, "la democracia requiere cierta clase de ciudadano. Requiere ciudadanos que se sientan responsables por algo más que su propio cómodo rincón; ciudadanos que deseen participar en los asuntos de la sociedad, que insistan en ello, ciudadanos con agallas; ciudadanos que defiendan sus ideas de democracia hasta el fondo" (lo que Pericles quería decir cuando llamaba a los ciudadanos inactivos "inútiles"). Esta "cierta clase de ciudadano" que se necesita para un buen gobierno democrático tiene sus raíces morales en el carácter personal y en un interés por el bien público, lo que conduce a una conducta virtuosa, inspirada por el bien público en todos los aspectos del discurso social, incluida la familia, los asuntos locales, la responsabilidad nacional y el interés mundial de paz y justicia. Si esto parece un concepto idealista imposible, contrario a la naturaleza humana, puede no ser tan poco realista como suponer que todo funciona para el mejor fin cuando se permite el choque de diversos e inclusivos intereses propios en un modelo de vida pública de conflicto de intereses y mínima ciudadanía. Además, el modelo de espíritu público exige que los ciudadanos con intereses privados también tengan un conocimiento del bien público y se interesen en promoverlo. Este modelo también da por sentado que cierta medida de interés propio es parte indeleble de la vida humana y siempre existirá en cierto grado en la conducta humana, pero esa es una cualidad que se ha de controlar y dominar, no celebrar, lo mismo en la vida pública que en la privada. Acepta, asimismo, que algunos seres humanos logran este control mejor que otros (ejemplos de esta diversidad abundan en la historia de todos los pueblos), y que las costumbres sociales, la religión, los valores culturales y la educación pueden tener un efecto importante en la manera en que esto funciona en cualquier sociedad. Una combinación de las influencias de los valores familiares, capital social, prácticas de los medios de información, escuelas y liderazgo político puede afectar la calidad de la vida pública de cualquier país, y el efecto beneficioso, en lo que se refiere al espíritu público, puede sentirse a escala microcósmica en cualquier momento o lugar siempre que un ciudadano cultive ese espíritu y actúe con arreglo a él.
Las opiniones expresadas en este artículo no reflejan necesariamente los puntos de vista ni las políticas del gobierno de Estados Unidos.
|
|||||||