GRANJEROS AFRONORTEAMERICANOS
vs.
EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Por David Pitts
Por David Pitts
En abril de 1999 un juez federal aprobó la transacción a que se llegó en el caso más importante sobre derechos civiles que se haya sometido a mediación. El caso fue presentado por un grupo de granjeros afronorteamericanos que, según alegaban, habían sido objeto de discriminación adversa, durante más de una década, por parte del Departamento de Agricultura (USDA). Nuestro colaborador, David Pitts, examina el origen de esta mediación histórica que puede sentar precedente para evitar en e futuro procedimientos judiciales prolongados y costosos en casos de derechos civiles y otros procesos civiles. (El anuncio del 19 de noviembre que indica que el caso antimonopolístico entablado por el gobierno de Estados Unidos contra Microsoft Corporation se someterá a mediación, pone de relieve este potencial.)
El caso de John Newkirt tiene raíces profundas en el suelo rural de Georgia. Heredó de su padre una finca de 140 hectáreas en Garfield, a unos 65 kilómetros al norte de Savannah, a la que posteriormente agregó 60 hectáreas. Según lo relata, sus problemas comenzaron en 1984 cuando funcionarios locales del USDA le negaron un préstamo para las faenas de su finca, por razones que, en su opinión, eran discriminatorias. En 1990 perdió la tierra porque el gobierno ejecutó una hipoteca que tenía sobre la misma. Newkirt indica que pudo recomprarla pero ahora la alquila en lugar de cultivarla él mismo. "Me quitaron la tierra", dice. "Siempre tendré el recuerdo del dolor y el sufrimiento que me causó".
La experiencia de John Newkit y James Beverly está lejos de ser única. En general se ha registrado, durante décadas, una disminución apreciable en el número de fincas de propiedad de afronorteamericanos y operadas por ellos. En 1920 había 925.000 fincas de propiedad de afronorteamericanos en Estados Unidos; para 1992, según estadísticas del USDA, el número se había desplomado a 18.000 (de 14 por ciento del total al uno por ciento), la mayoría ubicada en el sur de Estados Unidos. La razón de que haya sucedido esto es objeto de gran debate, pero la mayoría de los observadores está de acuerdo en que la discriminación por parte del USDA fue un factor clave, especialmente durante las últimas dos décadas. Uno de los efectos saludables de la solución final fue un compromiso renovado de erradicar cualquier vestigio de racismo que hubiera en los programas del USDA.
Las investigaciones realizadas por el mismo USDA confirman la existencia del problema. Una auditoría interna reveló que en varios estados del sur, incluso Georgia, funcionarios locales tomaron un promedio de tres veces más tiempo en tramitar las solicitudes de préstamo presentadas por granjeros afronorteamericanos que las solicitudes de granjeros blancos. Según un informe de la Prensa Asociada, entre 1980 y 1992 por cada dólar que se prestó a granjeros blancos, los granjeros afronorteamericanos recibieron 51 centavos. En 1982 la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos, entidad gubernamental, declaró que "a menos que cambien las políticas de improvidencia y discriminación es posible que no haya granjeros afronorteamericanos para el año 2000".
A finales de la década de 1990 los granjeros afronorteamericanos decidieron actuar. En diciembre de 1997 entablaron lo que llegó a ser la acción judicial de grupo más grande en la historia de Estados Unidos. El juicio alegaba la discriminación sistemática por parte del USDA ya que había demorado o negado préstamos y rehusado asistencia técnica crucial para el sustento de los granjeros. También se adujo que muchos granjeros afronorteamericanos habían sido llevados a la pobreza y otros habían perdido sus fincas, y algunas veces sus tierras totalmente, debido a la improvidencia y discriminación del USDA.
El caso pasa a mediación
El caso no fue a los tribunales, sin embargo. Las partes acordaron la mediación a instancias del juez de Distrito Federal, Paul Friedman. "No es inusual que muchos casos sobre derechos civiles, en realidad muchos litigios civiles, pasen a mediación", dice Michael Lewis, pionero en la solución alternativa de litigios (ADR) y quien fuera escogido por las partes para mediar en el caso. "La pregunta es", dice, "¿cuál es la mejor manera de solucionar estos casos?. La mediación toma menos tiempo que el proceso en los tribunales, especialmente si hay apelaciones, como habría sido posible en esta oportunidad. Además, es menos costosa y se elimina la posibilidad de perder el caso totalmente".
"Los granjeros convinieron en la mediación porque ha habido antecedentes de discriminación que datan de 20 años atrás", dice Alexander Pires, principal asesor legal de los demandantes. "Ha sido un proceso largo y querían una solución". Michael Sitcov, abogado principal del gobierno, no quiso comentar. Por su parte Andrew Solomon, un portavoz del USDA, dice: "Creo que es obvio porqué acordamos la mediación. Era evidente que existía un problema de discriminación. Queríamos confrontarlo y seguir adelante". Lewis está de acuerdo. El USDA quería ponerle punto final a "un mal capítulo" en las relaciones con los granjeros afronorteamericanos, dice.
El presidente Clinton también tuvo parte en el asunto. En una reunión con granjeros afronorteamericanos en la Casa Blanca, a la cual concurrió también el Secretario del USDA, Dan Glickman, Clinton dejó en claro su deseo de que la queja contra un organismo en la rama ejecutiva de su gobierno tuviera una conclusión rápida y satisfactoria. "Haré todo lo que pueda dentro de mis facultades legales para acelerar la solución de estos casos pendientes", observó. "Haré todo lo que pueda para que la presión moral y política se movilice cuando sea posible".
Dos días después de la reunión en la Casa Blanca, el 19 de diciembre de 1997, el USDA y el equipo legal del Departamento de Justicia, actuando en nombre del Departamento, acordaron la mediación en el caso. Pires y Lewis no dicen que la declaración del presidente fue un factor decisivo, pero que sí ayudó. "Fue importante para los granjeros porque demostró que el presidente tomaba en serio sus inquietudes", dice Lewis. "No obstante, no fue una varita mágica y no afectó el curso de la mediación".
Un proceso de un año
Se convino en que la mediación duraría seis meses, pero de hecho "tomó aproximadamente un año", dice Lewis. "Mi labor era lograr que llegaran a un acuerdo. La complicación radicó en que los abogados de los granjeros no representaban a una o dos personas, sino a miles. Es difícil saber exactamente lo que 10.000 o 12.000 personas quieren. Creo que fue muy importante que no se trataran los casos individualmente sino en grupo. Teníamos que descubrir la manera de solucionar todas sus demandas juntas. Esa fue una de las primeras batallas".
"Convoqué a muchas reuniones conjuntas con las dos partes y celebré muchas reuniones separadas", continúa Lewis. "En la mayoría de los casos eran los abogados quienes concurrían, aunque representantes de los granjeros asistieron a algunas de ellas; sus abogados habían hecho una buena labor viajando por todo el país e intercambiando ideas con ellos sobre sus necesidades", agrega. "Al principio el proceso fue difícil", recuerda Pires. "En las primeras etapas fallaron ocho intentos. Las diferencias con el gobierno eran demasiado amplias".
En el otoño de 1998, sin embargo, ocurrió algo que favoreció en forma decisiva la causa de los demandantes. El Congreso aprobó y el presidente Clinton sancionó con su firma una ley que extendió retrospectivamente en 17 años, a 1981, el período de prescripción. "Nadie en el Congreso se opuso a la extensión del período de prescripción", dice Pires. "¿Quien va estar contra los granjeros?. Este hecho fue considerado decisivo porque sin la extensión más del 90 por ciento de los demandantes no habría podido recibir compensación, ya que la supuesta discriminación había ocurrido en un pasado bastante distante.
Lewis está de acuerdo en que la extensión de dicho período facilitó un arreglo, aunque pone de relieve la función que tuvo el tribunal durante el proceso. "El tribunal estuvo muy activo y celebró reuniones periódicas para mantener su influencia en el curso de los sucesos. Por ejemplo, el tribunal decidió un punto legal sumamente importante que hizo posible agrupar los casos de los granjeros. Una vez el tribunal decidió esta cuestión, el progreso fue mucho más rápido", explica.
El final de un capítulo doloroso
El 14 de abril de 1999 el juez Paul Friedman aprobó una transacción del caso de miles de millones de dólares. El USDA practicó "discriminación generalizada contra granjeros afronorteamericanos", dijo el juez en su dictamen de 65 páginas, que fue dado a conocer después de la transacción. La negación de crédito y de asistencia técnica tuvo un "efecto devastador" en los granjeros afronorteamericanos en todo el país. El juez puso de presente que todavía falta mucho llegar a deshacer la discriminación histórica. "Sin embargo, el Decreto Judicial de Aquiescencia es un primer paso", observó.
El juez Friedman citó en su dictamen el caso de James Berverly, de Virginia, como ejemplo de la injusticia cometida. No se anduvo con rodeos. "El USDA incumplió la promesa hecha al señor James Beverly, dijo. "Le prometió un préstamo para construir las porquerizas de reproducción que le permitirían criar cerdos. Por ser afroamericano nunca recibió el préstamo. Perdió su finca debido a un préstamo que nunca se le otorgó. Nada puede deshacer completamente la discriminación en el pasado, ni restaurar al señor Beverly, y a todos los demás granjeros afronorteamericanos cuyos representantes acudieron a este Tribunal, la tierra y las oportunidades perdidas".
El secretario del USDA, Dan Glickman, hablando en nombre del gobierno, anunció la transacción y reconoció que la discriminación había sido indudablemente un problema en su organismo. "Con esta aprobación el USDA puede seguir adelante para dejar atrás un doloroso capítulo de nuestra historia", dijo. Glickman dijo a la CBS: "No había duda de que en muchos lugares en el país granjeros pertenecientes a minorías no obtuvieron los préstamos que granjeros no pertenecientes a minorías podían recibir". El jefe del USDA también prometió erradicar el racismo en el USDA. Ya había tomado medidas para restablecer la Oficina de Derechos Civiles de ese organismo que había sido eliminada en 1983, durante la administración Reagan.
Los abogados de los demandantes reaccionaron extáticos. "Este es el resarcimiento más grande en la historia del país en lo que se refiere a un caso civil. Hay pocas transacciones de miles de millones", dijo Pires en ese momento. Al preguntársele por qué el gobierno convino en una transacción de esa magnitud, responde: "Creo que decidieron que no podían ganar el caso en los tribunales. Además, creo que muchos funcionarios gubernamentales sabían que había habido discriminación, lo reconocieron, querían llegar a un arreglo y seguir adelante".
El Representante John Conyers (demócrata por Michigan), miembro principal del Cónclave de Negros del Congreso, también elogió el acuerdo declarándolo un acontecimiento que hace época. "Felicito de todo corazón a los granjeros afronorteamericanos que trabajaron tan arduamente y durante tanto tiempo por la reivindicación y reparación económica", observó.
Según el acuerdo los demandantes sólo requieren presentar un mínimo de documentación para tener derecho, cada uno, a un pago en efectivo de 50.000 dólares, libres de impuesto, más la cancelación de su deuda con el USDA, cuyo valor oscila entre 75.000 y 100.000 dólares. Los granjeros pueden reclamar una mayor cantidad por la vía del arbitraje, procedimiento que también será supervisado por Michael Lewis, pero en ese caso deberán presentar mayor documentación. Cuando se le preguntó a Lewis cómo se llegó a determinar el valor de la transacción, dijo: "La mejor respuesta que puedo dar es que se hizo por medio de negociaciones. Creo que los abogados de los demandantes tuvieron en cuenta el promedio de las deudas de los granjeros y otros factores pertinentes, pero a la larga fue a través de negociaciones".
Es comprensible que un abogado como Lewis, uno de los fundadores de ADR Associates, compañía importante dedicada a proveer servicios de mediación, ensalce los beneficios de ésta. Hace hincapié, sin embargo, en que esa mediación no es apropiada en todas las circunstancias, aunque se trate de casos civiles. "Hay cuestiones importantes, casos importantes", dice, "en los que es realmente necesario recurrir a los tribunales en donde se puede decir: `esta es la ley de la nación'. Eso fue lo que ocurrió en los casos de segregación en las escuelas de hace medio siglo, por ejemplo. Era una cuestión que evidentemente debía ir al Tribunal Supremo para su solución final, como ocurrió; pero casos como ése son pocos y esparcidos".
De acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Judicial de Aquiescencia, se nombrará un monitor, responsable ante el juez Friedman, quien vigilará la ejecución de la transacción. No se ha seleccionado ese individuo todavía", dice Lewis. El plazo para que los granjeros presenten sus reclamos es el 12 de octubre de 1999, o sea 180 días después de expedirse el Decreto de Aquiescencia. Según Pires y fuentes dentro del USDA, 15.000 granjeros sometieron sus reclamos antes del plazo, muchos más de los que se esperaba, y la mayoría decidió acogerse a las disposiciones de la transacción general, no al arbitraje. Se espera que los primeros cheques de la transacción se envíen en noviembre.
Según informaciones, la mayoría de los agricultores está satisfecha con la transacción mediada, aunque no todos. John Boyd y Gary Grant, quienes dirigen dos de las organizaciones de mayor influencia que representan a los granjeros afronorteamericanos y, en opinión de muchos, ayudaron a organizar sus esfuerzos, dicen que no proveyó suficiente dinero para los demandantes que no recurrieron al arbitraje y que no requirió suficientes modificaciones en el proceso para los préstamos que otorga el USDA. No obstante, Lewis observa que es importante comprender que en la mediación ninguna de las partes obtiene todo lo que quiere, que a cambio de evitar procesos judiciales costosos y prolongados, cada una de las partes debe ceder un poco.
"Luchamos por tanto tiempo"
James Beverly, quien es también el representante en Virginia de una organización nacional de granjeros afronorteamericanos, comenta que se siente orgulloso de que el juez Friedman lo mencionara en su dictamen sobre el caso como ejemplo de lo que les ocurrió a miles de granjeros afronorteamericanos. Dice que en general está satisfecho con el acuerdo. "No logramos todo lo que queríamos, pero lo apruebo". También observa que la mayoría de los granjeros en su región ha presentado sus reclamos de conformidad con las disposiciones de la transacción general y ya ha recibido cartas de aprobación.
REFIEREN A MEDIACION UN CASO DE ALTO NIVEPara el mediador en el caso -- el juez federal de Tribunal de Circuito (apelaciones) Richard Posner -- se trata de un trabajo cortado a su medida: la diferencia entre la posición del gobierno estadounidense y la de Microsoft es muy amplia. Pero muchos periódicos norteamericanos dicen que si alguien puede mediar con éxito en este caso, ese alguien es Posner, a quien los círculos judiciales estadounidenses tienen en alta estima y es un distinguido juez federal de apelaciones. La reacción inicial de la prensa ante la iniciativa fue de apoyo. El periódico The Washington Post la calificó de sabia. "Aunque ahora parece haber poco en común entre las partes, es una buena idea que el juez Jackson (que nombró al mediador) se asegure de que es imposible un arreglo, antes de emitir un dictamen que podría afectar la competencia en el área de la tecnología avanzada durante muchos años". El Chicago Tribune informó que ambas partes acogieron el anuncio con agrado. "Es la señal más fuerte de que ambas partes pueden estar listas a llegar a una solución intermedia en el caso", dijo el periódico. Sus fuentes indicaron que se tiene amplia confianza en Posner como persona justa e imparcial, con un punto de vista heterodoxo que no puede ser definido con facilidad políticamente. El Boston Globe dijo que el nombramiento de Posner "podría suscitar esperanzas de que se haga un esfuerzo serio para arreglar este asunto", y planteó la cuestión de si Microsoft, si no se llegara a un arreglo, podría encarar sanciones aún más severas, incluso un desmembramiento de la compañía.
Puede esperarse que el juez Posner les indique claramente a ambas partes los riesgos involucrados, si no se llega a un acuerdo y el caso vuelve a los tribunales para su adjudicación final, lo que haría probable un proceso de apelación largo y costoso luego de un veredicto.
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John Newkirt, de Georgia, califica la transacción de "un gesto muy bueno, a pesar de que nadie está totalmente satisfecho". Dice que decidió acogerse a las disposiciones de la transacción general y que ya recibió una carta del gobierno, aunque no el cheque, todavía. Observa también que perdió más de lo que recibirá en compensación. "No obstante, para mi la importancia de la transacción no son los cheques que nos enviarán, sino el respeto que ahora nos muestran", y agrega, "Valoro el hecho de que el gobierno ha dicho a los granjeros afronorteamericanos: `Ustedes fueron privados de sus derechos económicos. Lo reconocemos y queremos rectificarlo.'
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