Por Peter R. Steenland, Jr.
El uso de la solución de disputas para lograr un arreglo rápido y eficiente de las querellas civiles se va convirtiendo rápidamente en una tendencia en Estados Unidos. En este artículo, el asesor jurídico principal de la Oficina de Solución de Disputas del Departamento de Justicia, Peter R. Steenland, hijo, brinda una perspectiva sobre la alternativa de la solución de disputas y ofrece una perspectiva de la manera en que el Departamento de Justicia usa el proceso en sus casos.
En Estados Unidos, el Departamento de Justicia tiene la responsabilidad de conducir los litigios en representación de los organismos federales y sus funcionarios, a través de sus abogados en Washington y en 94 distritos judiciales en todo el país. Estos abogados son responsables de alrededor del 20 por ciento de todos los juicios civiles en los tribunales federales estadounidenses. Los juicios comprenden algunos de los litigios más complejos y difíciles en el país y cubren una amplia variedad de temas, incluso demandas judiciales, cumplimiento de los derechos civiles, leyes de empleo, disputas contractuales, querellas por cuestiones del medio ambiente, cuestiones impositivas y asuntos que involucran las leyes antimonopolísticas.
Para lograr una mayor eficiencia en el manejo de estos casos, la secretaria de Justicia Janet Reno estableció en 1995 un Programa de Solución de Disputas del Departamento de Justicia que se aplica a todos los casos civiles. La secretaria de Justicia ordenó a todos los abogados del departamento que se capacitaran acerca de la manera de usar la mediación y las técnicas avanzadas de negociación. También asignó fondos para contratar mediadores para casos del gobierno y dejó en claro con quienes litigan con el gobierno federal que Estados Unidos estaba interesado en usar la mediación cuando fuese apropiado.
Bajo el patrocinio del Programa de Solución de Disputas, se creó la Oficina de Solución de Disputas para trabajar con los abogados del Departamento de Justicia, los tribunales, las organizaciones profesionales y otros organismos federales a fin de promover el uso mayor de la mediación y de otras formas de solución de disputas. Desde la perspectiva de la secretaria de justicia, cada abogado del gobierno debería ser un "solucionador de problemas" así como un litigante y debería estar preparado para usar cualquier proceso que resulte útil en el logro de una solución favorable de la disputa con una cantidad mínima de conflicto.
En los cuatro años desde la creación de la oficina, se ha cuadruplicado el uso de solución de disputas por el Departamento de Justicia. Una forma de solución de disputas -- generalmente la mediación -- se usó en unos 2.000 casos por año para ayudar a encontrar soluciones a problemas que fuesen aceptables para todas las partes. Con frecuencia esto involucra un arreglo sobre términos que los tribunales no tienen autoridad para proveer, pero que sin embargo es muy importante para las partes. Este punto demuestra que el litigio puede ser una manera ineficiente de resolver disputas debido a que un tribunal sólo puede resolver las cuestiones legales. No puede atender los intereses subyacentes de las partes que podrían haber causado la disputa para empezar.
"Justicia demorada es justicia denegada"
Conforme al sistema judicial de Estados Unidos, los tribunales federales y estatales dan prioridad a las cuestiones penales. Con frecuencia el acusado es encarcelado antes del juicio, y en muchas ocasiones la declaración de un testigo del delito no resulta tan efectiva si ha pasado mucho tiempo entre la comisión del delito y el juicio subsiguiente. Por lo tanto, aunque podría haber buenas razones para dar prioridad a las cuestiones penales pendientes, esa preferencia puede tener un efecto en las disputas civiles que también están esperando una fecha en los tribunales. Por lo general, cuanto más larga es la lista de casos pendientes, más tiempo pasa hasta que el tribunal decide un caso civil corriente.
La demora de todo procedimiento legal, desde luego, es una grave preocupación tanto en casos de litigio civil como de casos penales. La antigua máxima de "justicia demorada es justicia negada" bien podría ser muy precisa, especialmente en una querella civil en la que alguien que ha sufrido heridas o que se encuentra sin empleo, o que procura hacer cumplir las provisiones de un contrato, demanda indemnización monetaria por daños. Otra preocupación para las partes en un litigio civil es la cantidad creciente de honorarios legales que podrían cobrarles, a menudo como resultado de un proceso extenso de revelación de información y de otras actividades preparatorias del juicio. En efecto, algunas partes descubren que después de haberse esforzado mucho para llevar su caso a los tribunales y ganarlo, realmente no han "ganado" debido a que el tiempo y el dinero que gastaron para lograr la victoria es mucho mayor que los beneficios que hubieran recibido de un fallo favorable.
Por estas y otras razones, una cantidad creciente de partes en las querellas civiles acuden a la solución de disputas, y especialmente a la mediación, para que las ayude a conseguir una solución rápida y aceptable del litigio civil. Aunque hay muchos procesos asociados con la solución de disputas, tales como arbitraje, pronta evaluación neutral, minijuicios y juicios sumarios con jurado, el procedimiento claramente preferido es la mediación.
No tiene que decidir quién tiene razón
En la mediación, un individuo que ha sido capacitado para ayudar a las partes a negociar entre ellas conduce reuniones confidenciales con cada lado del litigio. Al mediador no se le pide que decida quien tiene razón, y no se espera que el mediador trate de imponerles a las partes un resultado específico. En cambio, por medio de reuniones confidenciales con cada lado, el mediador trata de desarrollar opciones de arreglo que las partes podrían ser reticentes a explorar por su cuenta y a identificar intereses clave de las partes que tendrán que ser tenidos en cuenta en cualquier arreglo.
Cuando se selecciona un caso para el proceso de solución de disputas, los mediadores los escogen juntamente ambas partes de la querella judicial. En la selección del mediador es más importante la experiencia en mediación que la experiencia en el tema de la disputa. Puesto que el mediador no tiene facultades para decidir el caso, las partes en un litigio contra el gobierno federal deben estar dispuestas a cooperar en la búsqueda de un mediador aceptable e imparcial para todos. Por lo general, las partes involucradas en la mediación comparten por igual el costo y los honorarios del mediador.
Si el mediador puede ayudar a las partes a lograr una solución consensual del caso, el arreglo se reduce a un acuerdo escrito en forma de contrato. En algunos casos las partes podrían presentar el acuerdo al juez a fin de que pueda ser inscrito como una orden del tribunal. Si no hay arreglo, las partes están en libertad de volver a los tribunales y conducir el litigio como si la mediación nunca hubiera tenido lugar.
Confidencialidad
Un ingrediente clave en toda mediación exitosa es que las negociaciones en sí son confidenciales. Al hacer confidenciales todas las negociaciones, las partes están más dispuestas a explorar opciones de arreglo que si estuvieran negociando por su cuenta. La confidencialidad también rige en todas las reuniones privadas que el mediador conduce con cada parte, de manera que nada de lo que se dice en cualquier reunión entre una parte y el mediador se le revela a la otra parte, a menos que haya sido acordado así por los participantes.
Si las partes lograr llegar a un arreglo, el acuerdo se torna documento público, pues el público tiene derecho de saber cómo ha resuelto el gobierno una disputa legal. Por otro lado, si el mediador no puede lograr un acuerdo entre las partes, no hay razón para admitir otra cosa que el hecho de que se ha tratado de lograr un arreglo.
El beneficio de un fallo judicial
En algunos casos, el Departamento de Justicia no usará el procedimiento de solución de disputas porque cree que el interés público será mejor servido si la cuestión se decide en un tribunal. Esto es verdad cuando el gobierno cree que la otra parte en una querella no tiene argumentos legales de mérito, y donde el éxito en un tribunal está virtualmente asegurado. Algunas veces hay circunstancias en las que el gobierno necesita el beneficio de un fallo judicial a fin de obtener una declaración judicial sobre el significado de una nueva ley o reglamentación. Esto sienta un precedente a fin de que las partes afectadas por esa cuestión legal, así como las que no participan en esa querella, sepan qué es lo que la ley o reglamentación les requiere.
Un proceso consensual
Es importante destacar que se trata de un proceso consensual y que en Estados Unidos ningún juez o mediador puede forzar a ninguna de las partes a aceptar un arreglo de una querella si esa parte no lo desea. Alrededor del 60 por ciento de las mediaciones en las que participa el gobierno federal terminan en un arreglo. Si la parte opuesta al gobierno en una querella no quiere llegar a un acuerdo, y no tiene interés en usar el procedimiento de solución de disputas, no se la puede obligar a seguir este proceso. De la misma manera, no puede obligar al gobierno a resolver un caso en el que el gobierno esté resuelto a obtener un fallo de un tribunal.
La mediación y otras formas de solución de disputas permiten a las partes de una demanda civil negociar de una manera informada y eficiente. Pueden llegar a arreglos más rápidamente y encontrar maneras de resolver casos que no habrían sido considerados si hubieran estado negociado sin ayuda.
Desde la perspectiva particular que tiene del litigio el gobierno de Estados Unidos, la solución de disputas es un instrumento especialmente importante que permite a los abogados del gobierno federal mantener su vigilancia acostumbrada sin incurrir en las consecuencias del proceso acusatorio que con frecuencia resulta en litigios prolongados y difíciles. Al participar en la solución de problemas con la otra parte de una demanda, pueden representar eficazmente al gobierno de Estados Unidos con el máximo de respeto y el mínimo de conflicto.
Como tal, la mediación es un instrumento valioso que todos los abogados deberían estar en condiciones de usar, cuando sea apropiado, para ayudar a un cliente a lograr una solución satisfactoria de una disputa legal.
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