En septiembre de 2000, 189 naciones acordaron unir fuerzas en una lucha contra la pobreza, el analfabetismo, el hambre, la falta de educación, la desigualdad sexual, la mortalidad infantil y materna, las enfermedades y la degradación ambiental. Estos países, entre ellos Estados Unidos, se comprometieron a tomar decisiones audaces para hacer del desarrollo una realidad para todas las naciones. El 14 de septiembre del 2005, cinco años después de esa reunión histórica, los líderes de más de 170 naciones se reunirán en las Naciones Unidas, en Nueva York, para medir el progreso que se ha hecho hasta la fecha. Si bien queda mucho por conseguir, el progreso ha sido substancial.

La reunión del 2000 dio el impulso político a la reforma, pero fueron dos años más tarde, en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en México con el patrocinio de las Naciones Unidas, cuando los líderes acordaron el marco estructural definitivo para el desarrollo exitoso que denominaron el Consenso de Monterrey. En esa reunión, tanto los países en desarrollo como los donantes, con aportes de la sociedad civil y la comunidad empresarial, adoptaron, como elementos claves del crecimiento económico y la prosperidad, el buen gobierno, la titularidad nacional de las estrategias de desarrollo, el comercio y la inversión privada.

En África, por ejemplo, muchos líderes trabajan ahora a través del proceso de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD), que vincula la erradicación de la pobreza con las políticas que promueven el crecimiento sostenible y el comercio, el buen gobierno y la lucha contra el mal pernicioso de la corrupción.

Por su parte, Estados Unidos ha aumentado su ayuda oficial al desarrollo (ODA), incluso más allá del compromiso que asumió el presidente Bush en 2002 en Monterrey. Desde el año 2000, la ayuda estadounidense casi se ha duplicado, al pasar de 10.000 millones de dólares a 19.000 millones en el 2004. Eso representa una cuarta parte de la ODA procedente de los 30 países industrializados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

La historia ha demostrado, sin embargo, que la cantidad de la ayuda al desarrollo es menos importante que los usos a los que se destina y los mecanismos de aplicación usados para ejecutar los programas. Por lo tanto, es esencial que los aumentos de la ODA vayan a la par de los aumentos en efectividad y sostenibilidad.

Los países que han demostrado su compromiso con el cambio y reforma, el gobierno con justicia, la inversión en su pueblo y políticas e instituciones que apoyen el crecimiento dirigido por el mercado, recibirán en los próximos años miles de millones de dólares de otra de las iniciativas del presidente Bush: la Corporación del Desafío del Milenio.

Pero Estados Unidos da mucha más ayuda al desarrollo que la que reflejan las estadísticas de la ODA. Las contribuciones del sector privado, por ejemplo, ya sean de empresas, organizaciones voluntarias privadas u organizaciones no gubernamentales, no se cuentan como ayuda oficial al desarrollo. Y, sin embargo, estas fuentes de capital privado representan un gran porcentaje de lo que la gente de Estados Unidos contribuye cada año al desarrollo. Según cifras publicadas por el Instituto Hudson, una organización no partidista de investigación de políticas, las donaciones privadas estadounidenses a países en desarrollo superaron 62.000 millones de dólares en el 2003.

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha tratado en años recientes de sacar partido de estas nuevas fuentes de ayuda al desarrollo, uniendo fuerzas con organizaciones socialmente responsables del sector privado en nuestra Alianza Mundial para el Desarrollo. Desde el 2002, hemos invertido 1.000 millones de dólares en 290 alianzas público-privadas en 98 países, en tanto que nuestros socios del sector privado han contribuido con más de 3.700 millones de dólares en recursos totales.

Con demasiada frecuencia el socorro humanitario se ha considerado como si estuviera de alguna manera separado del desarrollo y el logro de las metas fijadas en la Declaración del Milenio del 2000. No es así. La falta de respuesta a las emergencias alimentarias en los países de África y otras partes del mundo sólo puede conducir a una inestabilidad adicional y hacer aún más difícil el desarrollo.

Para ayudar a los estados atrapados en crisis y conflictos volver a la estabilidad y poner sus economías en camino hacia el crecimiento sostenible, el presidente Bush anunció recientemente que Estados Unidos ofrecerá este año 674 millones de dólares adicionales para emergencias humanitarias en África. Esta cifra se suma a los aproximadamente 1.400 millones de dólares ya comprometidos.

En su condición de fundador y principal donante del Fondo Mundial de Lucha contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, Estados Unidos aportó también al fondo 459 millones de dólares en el 2004. La contribución estadounidense a todos sus programas contra el VIH/SIDA equivale a más de 2.800 millones de dólares en el año fiscal actual. Además, donamos aproximadamente 435 millones de dólares anuales a 60 países, con destino a la planificación voluntaria de la familia y el cuidado de la salud materna.

Alcanzar las metas formuladas en la Declaración del Milenio sirve muy bien los intereses de Estados Unidos y es un elemento central de la misión de la USAID. Como primera agencia bilateral de desarrollo -y seguimos siendo la mayor- hemos tenido un interés considerable en el proceso y más de 40 años de experiencia en cuanto a lo que da resultado y lo que no. Por ese motivo recalcamos tanto el crecimiento económico. En pocas palabras: sin comercio no puede haber crecimiento económico sostenido. Sin crecimiento económico, no aumentan los ingresos fiscales para apoyar servicios públicos mejorados. Y sin crecimiento y servicios, no aumenta la riqueza y la reducción de la pobreza. A menos que la ayuda exterior contribuya al crecimiento económico, fracasará en el cumplimiento de su misión primordial.

Un programa de desarrollo exitoso tiene varios componentes. Hemos aprendido que uno de los elementos más importantes es el comercio. Durante largo tiempo Estados Unidos se ha situado a la cabeza del mundo en liberalización del comercio, y la USAID dedica considerables recursos a ayudar a los países a participar en negociaciones comerciales y entrar en la Organización Mundial del Comercio (OMC). La liberalización de las leyes comerciales y participación plena en la economía mundial no beneficia sólo a los países desarrollados. Llevar a término la Ronda de Desarrollo de Dohá de la OMC podría añadir 200.000 millones de dólares anuales a los ingresos de los países en desarrollo y sacar de la pobreza a más de 500 millones de personas.

Durante varios años, Estados Unidos ha estado a la vanguardia del movimiento para aliviar las cargas de la deuda del Tercer Mundo. Estados Unidos y otros países del G-8 han pedido una cancelación del 100 por ciento de muchas de las obligaciones con el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. Esto podría resultar en un alivio inmediato de la deuda que equivale aproximadamente a 40.000 millones de dólares, y podría llegar a más de 56.000 millones si todos los países pobres muy endeudados (PPME) ¹ resultan elegibles.

Otra fuente inmensa de ingresos potenciales para los países en desarrollo de todo el mundo está dentro de sus propias fronteras. El informe de la Comisión de la ONU sobre el Sector Privado y el Desarrollo —Desatar el espíritu de empresa - hacer que las empresas trabajen para los pobres— calcula que los países en desarrollo tienen 9,4 billones de dólares en activos financieros privados que no pueden movilizarse totalmente para el desarrollo, en gran parte debido a la corrupción y a la insuficiente protección legal de la propiedad y los contratos. Además, como lo ha demostrado el economista peruano Hernando de Soto en varias de sus obras, la incapacidad de millones de personas del tercer mundo para capitalizar sus viviendas y empresas (debido a normativas excesivamente rígidas sobre los bienes inmuebles y los títulos de propiedad), sugiere que un gran depósito de riqueza está a la espera de ser explotado en muchas naciones en desarrollo.

Un mercado privado competitivo bien regulado es indispensable porque es la institución más eficaz que jamás se haya concebido para asignar los recursos eficientemente, promover la innovación y comunicar información que ayude a consumidores y a productores a tomar decisiones. No es una casualidad que los países más ricos y desarrollados del mundo son todos democracias de libre mercado. Los marcos estructurales normativos que generan confianza en los mercados privados, protegen la propiedad, hacen valer los contratos y respetan el imperio de la ley en general, son esenciales si las naciones en desarrollo han de alcanzar las metas de la Declaración del Milenio.

Según un estudio del Banco Mundial, en un país en desarrollo se necesitan 203 días para abrir un negocio, en tanto que en otro lleva 1.459 días hacer valer un contrato. Con barreras como éstas a la formación de empresas y el empresariado, las empresas siguen siendo pequeñas y permanecen en el sector informal. No tiene sentido debatir si la ayuda oficial al desarrollo debiera llegar a 68.000 millones de dólares, a 100.000 millones o a 195.000 millones si no existen las políticas básicas para generar riqueza.

Terminar con la pobreza es un desafío serio. Crear instituciones económicas eficaces y equitativas requiere tiempo, empeño y reforma. Deben establecerse políticas para proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad. La buena noticia es que muchos países ya han abierto un camino y Estados Unidos y la comunidad internacional ayudarán a aquellos que estén dispuestos a ayudarse a sí mismos. Si se eligen las opciones correctas tenemos una buena oportunidad de alcanzar las metas que nos fijamos en Monterrey y en la Declaración del Milenio.

(¹)La Iniciativa PPME es un enfoque abarcador al problema de la reducción de la deuda en países pobres muy endeudados que se han acogido a los programas de ajuste y reformas del FMI y del Banco Mundial.