En momentos en que el Congreso de Estados Unidos considera un proyecto de ley agraria de cinco años, el gobierno del presidente Bush impulsa cambios para permitir la entrega de alguna ayuda alimentaria que incluya productos de los mercados locales, en lugar de ser únicamente productos estadounidenses. La resistencia al cambio es fuerte y el resultado incierto.

Bruce Odessey es editor gerente de eJournal USA.

Las decisiones del gobierno con respecto a gastos de ayuda alimentaria sin duda entrañan cálculos políticos. El mayor programa de ayuda alimentaria estadounidense se denomina Título II de la Ley Pública 480. Durante largo tiempo una de las exigencias del programa era que todas las donaciones estadounidenses de ayuda alimentaria al extranjero tenían que consistir de productos de Estados Unidos.

En este momento, el gobierno está considerando la política agrícola de Estados Unidos para los próximos cinco años, debido a que la ley agraria de 2002 vence a finales de septiembre de 2007. No se sabe aún si el Congreso cambiará la sección del proyecto de ley que corresponde a la política de ayuda alimentaria.

La ley agraria, aprobada por el Congreso cada cinco años, reglamenta la política agrícola de Estados Unidos y cubre no sólo la ayuda alimentaria nacional y extranjera, sino también la ayuda para los productos e ingresos de los agricultores, préstamos, medidas de conservación, investigaciones y desarrollo rural.

El hecho de que la asistencia alimentaria estadounidense ayuda a los agricultores y a la industria agropecuaria ha sido un elemento esencial del apoyo del Congreso a estos programas.

Opiniones diferentes

Entre los diversos cambios que la administración Bush desea que el Congreso adopte en lo que respecta a la ley agraria de 2007, cabe destacar cierta flexibilidad en el programa de ayuda alimentaria.

La administración quiere que se le autorice utilizar hasta el 25 por ciento de los fondos asignados al programa de ayuda alimentaria, para comprar productos en los mercados locales de los países en desarrollo. En determinadas situaciones de emergencia, la adquisición de productos en los mercados locales o regionales puede acelerar la distribución de alimentos a los damnificados.

La versión del proyecto de ley agraria de 2007 aprobada en julio por la Cámara de Representantes por 222 votos contra 202 dejaría sin cambios el programa actual. Los miembros de la Cámara no abordaron la cuestión durante el debate del pleno.

El representante demócrata Collin Peterson, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara, dijo que “todavía piensan que deberían ser productos estadounidenses por cuyo suministro pagamos con dólares de los impuestos”.

La Federación Agrícola de Estados Unidos (American Farm Bureau Federation) se opone a la compra local y regional de alimentos de emergencia. El director de relaciones legislativas de esa organización, Chris Garza, dice que el programa actual con productos estadounidenses ha funcionado bien.

“Muchos de los productos […] se comprarían en países que no siempre tienen suficientes alimentos, con lo cual causaría una subida en los precios de los alimentos en esos países”, opinó Garza.

No obstante, el resultado final sigue siendo incierto. Para convertirse en ley, la versión final del proyecto de ley agraria debe ser aprobada por la Cámara de Representantes y por el Senado, y promulgada posteriormente por el presidente. El Senado aún tiene que considerar el proyecto. De hecho, es poco probable que este proyecto se apruebe hasta meses después de que haya vencido la ley agraria de 2002.

Si el Senado aprobase un proyecto distinto a la versión que tiene la Cámara de Representantes, ambas cámaras tendrían que reconciliar las diferencias. Una comisión de representantes del Senado y la Cámara seguramente elaboraría un proyecto de compromiso que, posteriormente, se sometería a la votación final del pleno.

El senador demócrata Tom Harkin, presidente de la Comisión de Agricultura, Nutrición y Silvicultura indicó que tenía interés en crear un pequeño programa piloto de adquisiciones locales, quizás unos 25 millones de dólares anuales durante cuatro años. “El objetivo es intentar responder más rápidamente a las situaciones de emergencia graves”, dijo Harkin.

La postura del gobierno

El subsecretario de Agricultura, Mark Keenum, está de acuerdo en que la adquisición local se emplearía solamente en casos de emergencia. Agregó que incluso en estos casos Estados Unidos enviaría alimentos estadounidenses cuando no hubiera alimentos locales o regionales para la compra.

Keenum dijo que la flexibilidad de poder comprar productos locales, en lugar de enviar sólo alimentos estadounidenses, no debería impactar los mercados comerciales de Estados Unidos.

Según el funcionario, la mayoría de la asistencia alimentaria estadounidense consiste en cereales y semillas oleaginosas. La producción anual de estos productos alcanza cerca de 200 millones de toneladas, mientras que las donaciones anuales de ayuda alimentaria de estos productos no superan los tres millones. Además, en la propuesta del gobierno sólo el 25 por ciento de las donaciones se proporcionaría con alimentos comprados localmente.

Algunas ONG estadounidenses que distribuyen ayuda alimentaria en distintos países del mundo apoyan la idea de la adquisición local de productos, pero otras no.

Asimismo, en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, estancadas durante largo tiempo, Estados Unidos está siendo presionado para hacer un cambio. Keenum explicó que Estados Unidos se resiste a cualquier acuerdo que permita a la OMC dictar la cantidad o la proporción de ayuda alimentaria que ha de ser en efectivo o en productos.