La constitución estadounidense, el sistema de mercado libre y una presunción contra la regulación inciden en la libertad de prensa en Estados Unidos.

"El Congreso no aprobará ley alguna ...que coarte la libertad de palabra o de imprenta".

Primera Enmienda, Declaración de Derechos, Constitución de Estados Unidos, 1791.

Estas palabras guardan la libertad de prensa como algo muy preciado en la Constitución de Estados Unidos, el documento que forma la estructura del gobierno y sustenta las leyes estadounidenses.

Al erigir la estructura del gobierno de Estados Unidos, la Constitución establece el equilibrio entre el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo (el presidente y la administración). La potestades que se otorgan a cada una de las ramas son diferentes y separadas, y establecen un sistema de mutua limitación de equilibrios y poderes. Los redactores de la Constitución diseñaron con esmero este edificio del gobierno para crear un sistema en el que la distribución del poder entre cada una de las ramas contribuyera a la estabilidad.

En los primeros años de la república, cuando se concibió este sistema de limitación de equilibrios y poderes, ya se había establecido una comunidad emprendedora de periodistas. La prensa, audaz y fragmentaria, fue una fuerza influyente en la denuncia de la autoridad del monarca inglés y dirigió a las colonias americanas hacia la revolución contra el imperio británico. Con la libertad de expresión asegurada en la Declaración de Derechos de 1791, la prensa avanzó con paso decidido durante las primeras décadas de la nación. En la actualidad, a los medios de información de Estados Unidos frecuentemente se los llama el Cuarto Poder, nombre que implica que la prensa está a la misma altura de las ramas del gobierno creadas por la Constitución.

La presunción en contra de la regulación de la prensa en las leyes estadounidenses se puede describir en varios párrafos, pero muchos tomos se han escrito sobre las luchas a veces encontradas y enconadas que se libraron para proteger la libertad de expresión y reprimir los excesos del periodismo irresponsable. A lo largo del tiempo, el poder judicial independiente ha sido el socio indispensable de la protección de la libertad de prensa.

Ha habido también varios casos que, tras ser ventilados en los tribunales, han marcado un hito al establecer el derecho de la prensa de recolectar información y publicar documentos del gobierno o información despectiva sobre figuras públicas. Por ejemplo, el Tribunal Supremo se puso de parte de los periódicos, y no del gobierno, al permitir la publicación de lo que se conoce como los Documentos del Pentágono. Los periódicos publicaron estos documentos confidenciales sobre la guerra de Vietnam, obtenidos extraoficialmente, pese a la objeción del gobierno.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha reafirmado también la protección que la Primera Enmienda ofrece a los medios contra las leyes de libelo -- por miedo a que las demandas y las compensaciones monetarias por daños puedan afectar la disposición de los propietarios de los medios de información de informar plenamente sobre cuestiones de interés público. Para que una figura pública pueda obtener ganar en un caso de difamación contra el medio noticioso demandado, el demandante deberá demostrar "malicia real", la que ha sido definida por los tribunales como la publicación de información a sabiendas de que es falsa o "caso omiso temerario de su veracidad o falsedad".

La verdadera independencia de los jueces federales es el factor clave en la evolución de la protección de la que gozan los medios de información en virtud de las leyes. Los jueces federales son nombrados por el presidente con la aprobación del senado. Una vez en el puesto, ocupan el cargo de por vida protegidos intencionalmente de las presiones externas que ejercen los grupos de intereses políticos o los funcionarios de la ramas legislativa o ejecutiva. Los sueldos de los magistrados no son susceptibles a reducciones y es prácticamente imposible destituirles.

Aparte de estos principios basados en la Constitución, son pocas o ninguna las leyes o regulaciones que rigen la práctica del periodismo. El gobierno de Estados Unidos no emite licencias de periodista ni controla los suministros de la prensa escrita como el papel o la tinta de imprenta. Sin embargo, los periodistas sí deben acatar las mismas leyes que generalmente se aplican a los demás ciudadanos. Los periódicos, emisoras de radio y televisión y los periodistas deben pagar contribuciones sobre ventas e ingresos como cualquier otro empresario o ciudadano. Los periodistas deben cumplir las leyes sobre intrusión en la propiedad ajena y seguridad en las carreteras como cualquier otro ciudadano, no importa con qué afán persigan una información.

El mercado

La economía tiene una función importante en dar forma a la información que se presenta al público estadounidense en los periódicos, la radio, la televisión y, ahora, en la Internet. Los medios son empresas movidas por el deseo de lucro. Si bien es cierto que las organizaciones sin fines de lucro y defensoras de causas tienen voz en los medios de Estados Unidos, la mayoría de las fuentes primarias de información -- los principales periódicos urbanos, los semanarios de noticias y las cadenas de radio y televisión -- son negocios que quieren ganar dinero.

La protección que ofrece la Primera Enmienda no se extiende directamente a los periodistas que recogen las noticias, sino más bien a los propietarios de los medios que difunden la información. Los propietarios de los medios pueden optar por dar libertades amplísimas a sus directores y reporteros. Pueden considerarlo buena práctica empresarial y buen periodismo, pero es una cuestión de elección y no de ley. Los reporteros de un periódico no tienen, por ley, más derecho a publicar su información que los lectores que quieren que se publiquen sus cartas, o a comprar espacio en el periódico para promover un punto de vista que el propietario quiere censurar.

El derecho a la libre expresión que otorga la Primera Enmienda, según ha dictaminado el Tribunal Supremo de Estados Unidos, incluye el derecho del propietario del medio de censurar allí la expresión de cualquiera otra persona. Ello se aplica aun cuando éste sea el único periódico, emisora de radio o de televisión de una localidad. El efecto neto es que los únicos ciudadanos que tienen un poder absoluto e irrestricto, en virtud de la Primera Enmienda, de divulgar sus opiniones en la prensa son esos pocos que son propietarios de los medios de información.

Sin embargo, los propios consumidores de noticias de Estados Unidos, que son capaces de juzgar equilibrio y exactitud entre la diversidad de productos periodísticos que hay en el mercado de la información, restringen a las compañías propietarias de medios de información de divulgar informes que reflejen únicamente sus prejuicios y temarios. Estos ciudadanos conocedores de los medios saben determinar rápidamente los prejuicios y errores que aparecen en los diarios o en los informes de las emisoras. De modo que los propietarios de los medios que intentan tergiversar la cobertura de noticias para que refleje sus propios prejuicios corren el riesgo de perder público, y si pierden público, pierden las ganancias de los publicistas que quieren llegar al público.

Los periódicos y algunas cadenas de difusión solían enorgullecerse del "muro" que existía entre el departamento de publicidad y el departamento de noticias. Algunos críticos señalan que ese muro se ha venido derrumbando. Esto se debe en parte a la fusión de un número cada vez mayor de medios de comunicación en manos de un número cada vez más reducido de corporaciones. Los que se oponen a este tipo de consolidación corporativa temen que la sección de noticias de una cadena de difusión ya no será aceptada como una pérdida financiera que se ve compensada por el prestigio que provee. Ahora, las juntas de directores de las corporaciones pueden considerar las noticias como otro "centro de ganancias" que contribuye al "resultado final" y que afecta el precio de las acciones.

Equilibrar el costo del periodismo de alta calidad y las ganancias de la corporación constituye en la actualidad uno de los retos más importantes del periodismo de Estados Unidos. Cuando las empresas amenazan con entablar demandas por artículos de periodismo de investigación o cancelar publicidad, el director o jefe de noticias deberá decidir si utiliza un artículo provocador, aun cuando los riesgos sean la pérdida de ganancias o la pérdida de su propio empleo. De modo que la autocensura que resulta de este dilema y de otros, quizás sea, en la actualidad, la forma de censura más prevaleciente e influyente en el contenido de los medios de información de Estados Unidos.

Las ondas radiofónicas

Los medios de emisión y los impresos comparten la misma libertad periodística garantizada por la Primera Enmienda. Sin embargo, el privilegio de utilizar las ondas radiofónicas somete a las emisoras a regulaciones del gobierno que no aplican a sus colegas de la prensa escrita. La ley de Radio de 1927, la primera ley que rige este medio de difusión, expone las limitaciones físicas de la banda de emisión. No toda persona que quiera transmitir puede hacerlo porque la señal interferiría con otras y no se podría proporcionar este servicio al público.

Cuando se elaboraban las políticas nacionales en las décadas de 1920 y 1930, Estados Unidos, a diferencia de muchos países, no optó porque un organismo de gobierno o una corporación pública del estado fuese el propietario y encargado de operar las emisoras. En lugar de ello, para el nuevo medio de difusión se eligió un sistema híbrido. El equipo de la emisora sería de propiedad privada, pero su derecho de transmisión sería regulado por el gobierno y limitado por licencias.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), establecida en 1934, es la agencia reguladora de Estados Unidos responsable de conceder licencias de transmisión y controlar si las licencias sirven a "la conveniencia, el interés y los requerimientos del público". Al principio, el privilegio de tener esa licencia exigía que el propietario de la emisora limitara la cantidad de publicidad y presentara una programación variada -- con inclusión de una gran dosis de noticias y asuntos de interés público. Pero aparte de ello, era poca, si acaso ninguna, la intervención del gobierno en el contenido de la programación.

Durante los últimos 30 años, se ha notado una tendencia hacia la liberalización de las regulaciones en los medios de información. En la actualidad la FCC no impone casi ninguna norma en cuanto a la calidad o cantidad de la programación. La agencia ha eliminado las anteriores regulaciones que limitaban el número de emisoras que un propietario podía tener en una sola ciudad, y las corporaciones, que ahora han reemplazado en gran medida a los propietarios particulares, pueden obtener licencias para cientos de emisoras de radio y televisión.

Los críticos sostienen que un número más reducido de licencias resulta en menos diversidad en la programación. Por ejemplo, a medida que las corporaciones adquieren las cadenas de radio, la tendencia es a homogeneizar su sonido y a ofrecer menos programación dirigida al público local.

Los vigilantes

Dada la función principal de un periodismo independiente en una sociedad democrática, y la falta de un organismo regulador consecuente, los ciudadanos, grupos de interesados y asociaciones de periodistas han iniciado esfuerzos independientes y no gubernamentales para vigilar e informar sobre los medios y su calidad. Por supuesto, ninguno de ellos tiene poder coercitivo, pero son eficaces al reforzar los principios de imparcialidad, veracidad y exactitud de los reportajes.

Por otra parte, hay muchas publicaciones que han visto la utilidad de crear el puesto de "intermediario"-- un empleado semiindependiente al que pueden acudir los lectores con querellas sobre la publicación o la cobertura de las noticias. El "intermediario" puede informar en las páginas de la publicación sobre estas querellas y cómo se han resuelto.

Pocas instituciones son más importantes para una sociedad democrática que los medios informativos, libres e independientes. Tales libertades requieren que el público, los funcionarios elegidos y las organizaciones cívicas den su apoyo a la verdad, la imparcialidad y el equilibrio en las informaciones e insistan en que los medios de información observen los principios que los facultan.