Equilibrio decisivo: derechos civiles y seguridad nacional

Por Mark Blitz Cátedra Fletcher Jones de Filosofía Política
y presidente del Departamento de Ciencia Política
en Claremont McKenna College, Claremont, California

Entre los muchos efectos de los atentados terroristas del 11 de septiembre contra Estados Unidos figura el vigoroso debate actual sobre algunas de las libertades civiles. ¿Debe procesarse en los tribunales a los sospechosos de terrorismo de manera diferente a otros sospechosos? ¿Deben fiscalizarse más estrictamente las actividades y paradero de quienes no son ciudadanos de Estados Unidos? ¿Se debe comenzar a exigir una tarjeta nacional de identidad? Varias de estas cuestiones han ido más allá de la discusión, a medida que se detiene y coloca ante los tribunales a los sospechosos de terrorismo y se aprueban nuevas leyes y se reinterpreta la legislación antigua para permitir un escrutinio más riguroso de las comunicaciones y las transacciones financieras.

El contexto de las libertades civiles en Estados Unidos

Todas estas cuestiones se discuten y se llevan a la acción dentro de un contexto que de muchas maneras dice más acerca de las libertades civiles que el debate mismo. Por mucho tiempo los estadounidenses han disfrutado y apoyado toda una gama de estas libertades, que van desde las garantías a la libertad de expresión y tolerancia de las diversas religiones hasta la garantía de igual protección ante la ley.

La preocupación fundamental por la preservación de las libertades civiles es uno de los elementos del contexto en la discusión actual. Un segundo elemento es la manera en que los estadounidenses toman decisiones concretas, políticas y legales. Los tribunales, el Congreso y el presidente, desempeñan, todos, un papel. Normalmente la orientación legislativa sobre asuntos importantes proviene del presidente, pero las medidas revisten carácter de ley únicamente con la aprobación del Congreso, que a menudo ocurre (si es que ocurre) sólo después de que las propuestas han sido modificadas substancialmente. En tiempos de guerra o de emergencia, la autoridad ejecutiva del presidente y su posición oficial como comandante en jefe de las fuerzas armadas se hace más importante legislativamente y las medidas de emergencia que proponga se tramitan rápidamente, aunque incluso en esas circunstancias el Congreso puede aplicar modificaciones. Después del 11 de septiembre el Congreso aprobó, sin demora y por mayoría abrumadora, algunas leyes importantes para enfrentar la amenaza terrorista inmediata y a largo plazo. Sin embargo, la propuesta del presidente, para crear un Departamento de Seguridad Territorial, a nivel de gabinete, ha sido tramitada a un ritmo más lento, con el toma y daca más típico del proceso legislativo ordinario.

El poder ejecutivo es especialmente fuerte en tiempos de guerra porque requiere que la movilización de recursos y las decisiones militares se efectúen en un mismo despacho. La ley y la práctica estadounidense otorga a los presidentes amplia facultad ejecutiva en época de guerra. Hasta dónde puede llegar esa facultad en el caso específico de los ataques terroristas del 11 de septiembre es, sin embargo, algo diferente, puesto que el alcance, la duración y los métodos de la campaña contra el terror no se parecen, en muchos aspectos, a las operaciones militares convencionales. El Congreso sigue teniendo la responsabilidad decisiva de establecer los límites del ejercicio de la autoridad del poder ejecutivo con la realización de audiencias, aprobación de las leyes y control del presupuesto.

Los tribunales, y en última instancia la Corte Suprema, pueden decidir sobre la constitucionalidad de las leyes y las medidas del poder ejecutivo. Además, los tribunales tienen libertad para tramitar los reclamos específicos que surjan en el curso de juicios penales y civiles. De hecho, aunque algunas de las actuales discusiones sobre las libertades civiles se refieren a medidas legislativas en esferas como reforma de la inmigración, la mayoría tiene que ver con los tribunales en cuanto a decisiones en casos específicos con medidas tomadas por el presidente y su gabinete.

Controversias actuales

Las controversias principales sobre las libertades civiles y la respuesta al terrorismo conciernen a los derechos que deben tener los acusados de delitos en casos de terrorismo, la justicia de la detención de quienes se sospechan de actividades terroristas o de tener información importante sobre tales actividades y la condición y manera de tratar a los combatientes capturados en Afganistán y otros lugares. En todos estos casos dicho trato se mide según una norma que ha dado a los ciudadanos de Estados Unidos creciente protección los últimos 40 años; norma que ha sobrepasado su base constitucional, que ya era bastante elevada. Este elevado nivel del denominado procedimiento apropiado, en casos de un delito, es el tercer elemento contextual útil para comprender el debate actual.

En el régimen jurídico estadounidense, todo individuo, incluso el pobre de solemnidad, tiene garantías básicas:

• El derecho a la asesoría jurídica;

• Las pruebas encontradas durante el allanamiento de la residencia del sospechoso pueden usarse en contra de él ante el tribunal sólo si se ha seguido el procedimiento más estricto;

• A los sospechosos se les debe informar de que no tienen obligación de hablar ante los agentes de policía y que cualquier cosa que digan, si no se les ha dado tal información, no puede usarse contra ellos en los tribunales;

• A la policía se le sanciona cuando utiliza tácticas coercitivas y las pruebas que obtengan por la coerción, por ejemplo una confesión, son inadmisibles durante el juicio;

• Al sospechoso se le debe encausar sin demora e informársele de los cargos de los que se le acusa.

En estos aspectos y en otros, el significado práctico de estas garantías del þdebido proceso de la leyþ puede muy bien ser tema de la actual discusión, pero, fundamentalmente lo que hace es limitar las acciones de la fiscalía gubernamental y proteger a los acusados de enjuiciamientos injustos.

Una vez establecido este contexto nos es posible apreciar las diversas cuestiones contempladas en la discusión actual. Una de ellas se refiere a las medidas del gobierno en virtud de la Ley USA Patriot (Ley para Unir y Fortalecer a Norteamérica Mediante la Provisión de Herramientas Apropiadas Requeridas para Interceptar y Obstruir el Terrorismo), que el Congreso aprobó después de los ataques del 11 de septiembre. Esta ley otorga al gobierno varias facultades para la intercepción telefónica, la vigilancia del uso de computadoras y la fiscalización de las transacciones financieras, para enfrentar a los sospechosos de terrorismo y a quienes los ayudan.

Inicialmente algunos comentaristas temían que estas facultades permitieran al gobierno una intrusión excesiva en la vida privada. Dado que las nuevas facultades deben ejercerse de conformidad con procedimientos establecidos, a la luz de la prohibición constitucional de allanamiento y detención arbitrarios, la posibilidad de tales excesos disminuye. Los tribunales del país siguen participando activamente en la definición de los límites de estas facultades más amplias de investigación.

Un segundo punto se centra en el empleo enérgico, por el gobierno, de leyes vigentes para mantener en prisión a posibles terroristas y a quienes se sospecha de ayudarlos o de tener información útil sobre ellos. Poco después del 11 de septiembre, el Fiscal General, John Ashcroft, comparó esta actividad a las tácticas que utilizó Robert Kennedy contra la delincuencia organizada, cuando éste ocupó la fiscalía general durante la presidencia de su hermano en los años sesenta. La violación de las normas del visado, por ejemplo, ha hecho que quienes posiblemente tengan información sobre actos terroristas pasados o futuros sean sometidos a detención prolongada. Algunos han puesto en tela de juicio las tácticas enérgicas del gobierno en general, pero la cuestión de la detención, especialmente, es lo que se ha venido discutiendo más ampliamente.

La juez de distrito federal, Gladys Kessler, falló recientemente que el gobierno debe publicar la lista de detenidos, puesto que no lo había hecho. Los detenidos tienen y han tenido la libertad de consultar con abogados, y éstos y los familiares de los detenidos tienen y han tenido la libertad de publicar las detenciones. En general el Departamento de Justicia preferiría no divulgar esos los nombres, ante la preocupación de que los terroristas puedan utilizar esa información, o que ello ponga en peligro a los detenidos, particularmente cuando éstos retornen a sus países. La cuestión será resulta finalmente cuando la administración apele la decisión de la juez Kessler ante un tribunal superior.

Un tercer grupo de cuestiones tiene que ver con los juicios contra los sospechosos de terrorismo. El gobierno ha hecho una distinción entre extranjeros, ciudadanos estadounidenses y combatientes que pueden ser directamente acusados de cometer crímenes de guerra. En el caso de los combatientes, inicialmente hubo alguna preocupación ante los planes de la administración de emplear los tribunales militares para enjuiciar a los capturados en batalla (por ejemplo los detenidos actualmente en la base naval de Guantánamo) o cuando realizaban actividades militares. La publicación del reglamento para los tribunales militares puso en claro que las salvaguardias esenciales del procedimiento normal seguirán rigiendo. Además, el edicto presidencial que autoriza el empleo de dichos tribunales no excluyó la opción de realizar los juicios contra los terroristas sospechosos en los tribunales civiles.

El último punto es menos específico. Algunos individualistas en cuanto a los derechos civiles estiman que aunque los fiscales e investigadores gubernamentales actuasen dentro de la ley, estas medidas: la enérgica recolección de información, la aplicación estricta de la ley de inmigración y la integración de paneles de jurados para tribunales militares, crean una atmósfera hostil a la libre discusión.

Otros argumentan, en respuesta, que la rápida reacción del gobierno (y del público) al mal trato de algunos estadounidenses y visitantes de origen árabe, después del 11 de septiembre; que la discusión política, amplia y abierta, sobre la mejor manera de enfrentar el terrorismo y la propiedad del procedimiento con que se han llevado a cabo los litigios judiciales, demuestran la profunda importancia y la vigencia total de las libertades civiles y del cuidadoso mantenimiento del equilibrio constitucional entre los poderes, incluso en momentos difíciles. Desde este punto de vista, el compromiso del ciudadano estadounidense con las libertades civiles es tan fuerte y vigoroso como su apoyo a los esfuerzos contra los terroristas que quieren arrebatarle esas libertades.

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