MANTENGAMOS FUERA DE LA INTERNET
Por el senador John Ashcroft
Republicano de Missouri
La Internet brinda una gran oportunidad
para
nuestro país porque, en parte en cierta medida, representa el
medio
de comunicación más atractivo que se haya desarrollado. Hace que
personas de todos los rincones del mundo se reúnan para compartir
y comunicarse, a niveles sin precedente, y pone todas las ramas
del
gobierno más cerca del público al que sirven.
La Internet permite que las pequeñas empresas lleguen a todas
partes del mundo y superen la distancia que pueda existir entre
ellas y sus clientes potenciales. Los individuos pueden examinar
la mercancía y hacer compras sin salir de sus casas. La Internet
también representa una gran promesa para la educación. Los
estudiantes (en el campo, los barrios residenciales suburbanos o
las ciudades) pueden tener acceso, cada vez más con más
frecuencia,
a todo un tesoro de información que antes no tenían a su alcance,
con sólo tocar el teclado.
Con el fin de garantizar que Estados Unidos responda al desafío
de
esta nueva forma de comercio, comunicación y educación, el
gobierno
debe cuidarse de no interferir. No debemos obstaculizar la
Internet imponiendo un conjunto confuso de reglas y controles
intrusos. Sin embargo, la administración Clinton trata de hacer
precisamente eso.
A la administración Clinton le gustaría que al gobierno federal
le
fuera posible leer las comunicaciones transmitidas por
computadora,
nacional o internacionalmente. El FBI quiere tener acceso para
descifrar, seleccionar y discutir las transacciones financieras,
el
correo electrónico personal y la información patentada que se
envía
al exterior; todo en nombre de la seguridad nacional. Para
lograrlo, el presidente Clinton querría que los organismos
gubernamentales tuvieran las claves para descifrar todos los
programas de computadora estadounidenses que se exporten, así
como
las comunicaciones vía Internet.
Esta política ya propuesta ha suscitado inquietudes obvias en
cuanto al derecho de los estadounidenses a su intimidad personal,
además de afectar la ventaja competitiva de que actualmente gozan
nuestros fabricantes de programas de computadora en el campo de
la
tecnología criptológica. No sólo la presencia poderosa del
gobierno se cerniría sobre los navegantes cibernéticos
internacionales, sino que la administración amenaza con hacer que
nuestros ingenieros, que dominan los últimos adelantos de la
programación de computadoras, se conviertan en trabajadores
obsoletos y desempleados.
Existe la preocupación de que la Internet pueda ser utilizada
para
cometer delitos y que la criptología avanzada pueda encubrir ese
tipo de actividad. Sin embargo, no le suministramos al gobierno
conexiones telefónicas fuera de nuestras casas para que
intercepte
en forma ilimitada las comunicaciones. Entonces, ¿por qué
tenemos
que darle al gobierno una capacidad orwelliana de escuchar a su
gusto y cuando le convenga nuestras comunicaciones en toda la
Web?
La protección que garantiza la Cuarta Enmienda (de la
Constitución
de Estados Unidos) es clara. El derecho de estar protegido del
allanamiento ilegal es un valor estadounidense indivisible.
Durante doscientos años de fallos los tribunales han persistido
en
defender este derecho fundamental. El interés del estado en
combatir eficazmente el delito no debe nunca anular la
Declaración
de Derechos del ciudadano.
El presidente propuso que las compañías estadounidenses que
fabrican programas de computadoras suministren al gobierno las
claves de tecnología criptológica avanzada. Sin embargo, los
productores europeos de programas tienen libertad para producir
códigos de criptología de computadora a todos los niveles de
seguridad, sin tener que suministrar las claves a autoridad
gubernamental alguna. Quienes compran los programas de
criptología
valoran la seguridad por encima de todo. A fin de cuentas, estos
compradores escogerán programas de criptología más seguros, que
no
serán los programas hechos en Estados Unidos cuyas claves estén
en
manos del gobierno.
A pesar de esta verdad de Perogrullo, el presidente trata de
imponerle su política rígida a la industria de computadoras que,
por naturaleza, es excepcionalmente inestable y de ritmo
acelerado.
Además, avances recientes en la tecnología criptológica ponen en
duda la dinámica de la intromisión del gobierno en esta
industria.
Hace tres meses, un procesador de baja potencia, un Pentium de 90
MHz, descifró el código criptológico estándar gubernamental de
algoritmo de 56 bitios, el cual protege la mayoría de las
transacciones financieras electrónicas estadounidenses, desde las
tarjetas bancarias automáticas hasta las transferencias
alámbricas.
En 1977, cuando este código fue aprobado como estándar por el
gobierno de Estados Unidos, se lo creía indescifrable. Y con
razón. En un código de 56 bitios hay 72.000 billones de
combinaciones diferentes. No obstante, ensayar cada una de estas
72.000 billones de combinaciones utilizando la tecnología actual
es
sólo cuestión de tiempo.
Dos días después de que se descifrara este código, la mayoría de
la
Comisión de Comercio del Senado de Estados Unidos votó en favor
de
la política de la administración de forzar a las compañías de
programación estadounidenses a perpetuar este sistema
criptológico
de 56 bitios ya descifrado; a pesar de que hay programas
criptológicos de 128 bitios, producidos por firmas europeas, en
varios lugares en la Web, accesibles a todos los usuarios de la
Internet.
Curiosamente, las firmas europeas pueden importar esta tecnología
criptológica supersegura (desarrollada originalmente por
estadounidenses) a Estados Unidos, pero a las compañías
estadounidenses se les prohíbe por ley exportar estos mismos
programas a otros países.
Creo que seguir adelante con la política del presidente o el
proyecto de ley de la Comisión de Comercio sería un acto de
locura,
crearía un cuadro de "curiosos" gubernamentales y causaría
perjuicios graves a nuestra vigorosa industria de programación.
El
gobierno se vería atrapado en un juego perpetuo de recuperar el
terreno perdido debido a la labor de los jóvenes genios que
descifran códigos y a los avances de la industria. El líder de
la
mayoría en el Senado, Trent Lott, ha hecho conocer su objeción a
ambas propuestas.
El líder y yo quisiéramos poder llevar al pleno una legislación
sólida sobre criptología. No importa cuál sea la propuesta,
deberá
dar a los productores de programas de criptología la libertad
para
competir en igualdad de condiciones en el mercado internacional,
estableciendo para la industria una junta cuasi gubernamental que
decidiría sobre la potencia en bitios, teniendo como base el
nivel
del desarrollo tecnológico internacional.
Las compañías estadounidenses se encuentran a la vanguardia de la
tecnología de entrada directa o en línea -- las industrias de
valor
añadido del futuro. Consideremos lo siguiente: cada 18 meses se
duplica la capacidad de las computadores para procesar. La
velocidad con que hoy en día hacen operaciones de cálculo las
computadores más rápidas equivaldrá a la de un caracol en el
próximo milenio, o sea la época en que se realizarán las próximas
elecciones presidenciales. La mejor política en cuanto a la
tecnología criptológica es la que permite reaccionar rápidamente
ante avances importantes en la capacidad de descifrar y reducir
los
límites de la criptología, según sea necesario.
El interés de la administración en todo el correo electrónico es
un
precedente totalmente malsano, especialmente si se tienen en
cuenta
los antecedentes de esta administración en lo que se refiere a
los
archivos del FBI y el husmear del Servicio de Rentas Internas
(IRS). Todos los medios que utiliza la gente para comunicarse
pueden someterse a explotación por parte de quienes tengan
intenciones ilícitas. Con todo, eso no es razón para poner al
alcance poderoso del gobierno la clave con que se abre nuestro
diario que en el correo electrónico o nuestro registro de
transacciones de cajero automático, o que permite leer nuestra
historia clínica o traducir nuestras comunicaciones
internacionales.
Además, nunca se realizará todo el potencial de la Internet si no
existe un sistema que proteja justamente los intereses de quienes
la usan para sus negocios y tienen propiedad literaria registrada
que envían vía Internet o los del usuario individual. Las
repercusiones en este caso tienen un gran alcance, porque afecta
a
individuos, compañías, bibliotecas, universidades, maestros y
estudiantes.
En diciembre de 1996 la conferencia diplomática de la
Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) aprobó dos tratados
para
actualizar el derecho internacional de la propiedad intelectual y
artística. Estos tratados ampliarían dicho derecho internacional
para cubrir la esfera digital, incluso la Internet. Sin embargo,
estos tratados no ofrecen una respuesta completa a los muchos
interrogantes sobre los derechos de autor que plantea el
florecimiento de la Internet y la promesa de la tecnología
digital.
Debemos esforzarnos por mantener la balanza de los derechos de
autor en equilibrio, proveyendo protección sólida a los creadores
de material de propiedad intelectual y asegurando al mismo tiempo
la amplia distribución de éste. En un intento de lograr estas
metas, propuse la ley de 1997 para aclarar los derechos de autor
en
la reproducción digital y la tecnología de la educación.
Es igualmente importante que comencemos un proceso que lleve al
equilibrio entre los derechos de los propietarios de material
intelectual y las necesidades y limitaciones de los
distribuidores
de información electrónica y los derechos y necesidades de
usuarios
individuales. Los tratados y declaraciones actuales no son
suficientes y partes de sus textos podrían crear confusión y su
vaguedad podría llevar a adoptar leyes que ignoren realidades
técnicas. Es preciso aclarar el texto con legislación que el
Senado puede promulgar al ratificar los tratados.
Otro elemento que podría impedir que la Internet alcance su
potencial es la aplicación de impuestos. Si imponemos impuestos
a
la Internet prematuramente o permitimos tributación
discriminatoria, arriesgamos asfixiar un desarrollo tecnológico
naciente que ofrece gran promesa comercial, social y pedagógica
para todos los estadounidenses. La tributación debe considerarse
sólo después de realizar un examen completo y de llegar a
comprender bien el efecto que tendría en este nuevo medio de
comercio una tributación inequívoca. La ley de libertad
impositiva
de la Internet permitiría una consideración a fondo de las
oportunidades y de los posibles abusos mediante una moratoria que
impediría aplicar más impuestos al comercio que se lleva a cabo
mediante el sistema de entrada directa y apalicar impuestos
tecnológicamente discriminatorios. Es importante observar que la
Sección 442 permitiría a las jurisdicciones estatales y locales
continuar cobrando todo impuesto que ya esté en efecto en el
comercio electrónico.
La tecnología de las comunicaciones mediante el sistema de
entrada
directa es semejante al indómito Oeste del siglo XIX. Para
colonizar mejor esta nueva frontera debemos desatar los
conocimientos técnicos y el ingenio estadounidenses. La política
de estado-policía del gobierno, con respecto la criptología, crea
estorbos y vallas que a la postre perjudican nuestra capacidad de
competir internacionalmente. La función del gobierno debe ser la
de tumbar barreras, permitir que todo el mundo se distinga en el
grado más alto y mejor posible.
______________
El senador Ashcroft es miembro de las comisiones de Comercio, de
lo Judicial y de Relaciones Exteriores del Senado. Su página en
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