El Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene la última palabra en lo que se refiere a los conflictos que afectan el equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y los requerimientos del gobierno. Asimismo ha desempeñado un papel protagónico en la interpretación de los deseos de los fundadores de la nación norteamericana, quedaron expresados en la constitución de Estados Unidos y otros escritos. En la ejecución de estas funciones, dicho tribunal ejerce un enorme poder sobre muchos aspectos de nuestra vida diaria, y uno de ellos es la religión.

En febrero de 1997, el tribunal oyó la exposición inicial del caso Boerne v. la iglesia católica de San Pedro. La siguiente relación de los hechos ha sido tomada de un informe radial de Nina Totenberg, corresponsal de Asuntos Jurídicos de la Radio Nacional Pública.

Escuchan el programa EDICION MATUTINA. Soy Bob Edwards.

El Tribunal Supremo oirá hoy los argumentos de un caso sobre derechos religiosos que promete ser el más importante de este siglo. El punto contencioso es la constitucionalidad de la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa, conocida por su acrónimo en inglés de RIFRA.

RIFRA define como ilegal cualquier medida adoptada por un gobierno del país que interfiera con la religión, a menos que dicho gobierno pueda probar que su acción es justificable.

Nos informa Nina Totenberg:

El caso que oirá hoy el Tribunal Supremo supone, más que una prueba para los derechos de religión, una prueba de poder. Una prueba del poder legislativo contra el poder judicial, del poder federal contra el poder estatal, y de los derechos de la comunidad contra los derechos religiosos.

Si el Tribunal Supremo declara ilegal la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa, podría arrojar dudas sobre la constitucionalidad de casi todas las leyes de derechos civiles que hay en los códigos.

Del mismo modo, si el tribunal confirma la ley, se podría dar paso a que todas las acciones de los gobiernos estatales y locales se miren ahora a través del cristal de la religión. Dicho fallo podría también debilitar la facultad del tribunal como árbitro incontestable del significado de la Constitución.

Hay mucho en juego para todos. "Este es el caso más trascendental en la relación entre la iglesia y el estado", dice el ministro de la religión bautista Oliver Thomas, del Consejo Nacional de Iglesias, "porque afectará a toda persona y organización religiosa del país".

Y, efectivamente, parece ser que la coalición que apoya a RIFRA incluye a casi todas las sectas religiosas del país, desde los fundamentalistas cristianos hasta protestantes, católicos, musulmanes y judíos.

RIFRA es una ley federal aprobada hace cuatro años en respuesta a una decisión del Tribunal Supremo, que fue ampliamente censurada por sus restricciones al culto religioso. RIFRA requiere que los gobiernos de todos los niveles sean más acomodaticios con la religión que lo que la Constitución requiere.

Lo que RIFRA estipula específicamente es que el gobierno no puede interferir en la práctica de la religión a menos que pueda demostrar que existe una necesidad apremiante, fundada, por ejemplo, en cuestiones de salud o seguridad, y que ha utilizado medios menos restrictivos. Todo ello puede parecer sencillo, pero se trata de requisitos jurídicos muy difíciles de satisfacer, y en los años que han transcurrido desde la aprobación de la ley se han presentado cientos de demandas por particulares e iglesias que, amparándose en RIFRA, buscan quedar exentos de leyes locales y estatales.

Se han entablado causas por todo -- leyes de zonificación (control del uso de terrenos en las ciudades), leyes antidiscriminatorias y reglamentos de prisiones -- alegando interferencia con el libre ejercicio de la libertad religiosa.

Pero, finalmente, ha llegado un caso al Tribunal Supremo que determinará si el Congreso excedió su autoridad al aprobar la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa. El caso enfrenta la pequeña ciudad de Boerne de Texas contra su contrario, una de las iglesias de más rápido crecimiento del estado, la iglesia católica de San Pedro.

La iglesia quería ampliar sus instalaciones, pero debido a que está ubicada en una zona designada como patrimonio histórico, el concejo de la ciudad le negó el permiso. La iglesia presentó varios planes que preservaban la fachada del edificio, pero la ciudad siguió negándose.

Por último, la iglesia acudió a los tribunales alegando que la negativa de la ciudad a autorizar la expansión de la iglesia era una violación de la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa.

El padre Tony Cummings es el párroco de la iglesia San Pedro: "El problema es que tenemos una iglesia con cabida para 230 personas, pero una población parroquial de miles de familias, y no podemos acomodar a todos nuestros feligreses durante los servicios dominicales. Estamos utilizando las instalaciones deportivas de una escuela para nuestro culto dominical".

Pero la ciudad se ha mantenido en sus trece. Patrick Heath, alcalde de la ciudad, declara que las leyes de la ciudad se deben aplicar a todos por igual. "¿Cómo podemos exigirles a los propietarios de otros edificios que cumplan las normas establecidas para la preservación del legado arquitectónico de esta comunidad, si no le pedimos lo mismo a la iglesia?"

Un tribunal federal de distrito estuvo de acuerdo con la ciudad y declaró que RIFRA era anticonstitucional. No obstante, un tribunal de apelaciones revocó la decisión del tribunal de distrito. La ciudad apeló al Tribunal Supremo por lo que, hoy, los magistrados escucharán los argumentos de este caso.

Los argumentos del caso revelan los poderosos intereses que hay en juego (las diferentes partes presentarán su alegato por escrito a los magistrados, ya que el tribunal permite que otras organizaciones interesadas en la cuestión presenten asimismo sus argumentos). De un lado, y en defensa de RIFRA, se tiene al mundo de la religión, la administración de Clinton, los legisladores liberales y conservadores del Congreso, una serie de organizaciones en pro de los derechos civiles y cinco estados, entre ellos Nueva York y California.

En el otro lado, la ciudad de Boerne, dieciséis estados y varios grupos de preservación del patrimonio histórico.

Para entender las profundas cuestiones que están en juego, hay que remontarse al período posterior a la Guerra Civil, cuando se aprobó la Décimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. El objetivo de las enmiendas constitucionales aprobadas en la era de la reconstrucción era obligar a los estados, aún cuando éstos no quisieran, a respetar los derechos civiles de cada persona (derechos garantizados en la Constitución) al dar al Congreso, que es la legislatura nacional, el poder de hacer valer esos derechos.

Desde entonces, el Congreso ha dispuesto de su potestad para aprobar leyes que estipulan una protección de los derechos particulares mayor que la que, según el Tribunal Supremo, requiere la Constitución. Eso fue lo que hizo el Congreso al aprobar la Ley de Sufragio, la Ley contra Discriminación de las Mujeres Embarazadas y toda una serie de leyes sobre derechos civiles.

Y así como el Congreso requería una justificación convincente para prácticas que afectaran una raza o sexo, aun cuando fuera de manera fortuita, al aprobarse RIFRA se exigió una justificación válida para llevar a cabo prácticas que afectaran, aun cuando fuera de manera fortuita, el culto religioso.

Hoy, en el Tribunal Supremo, expondrá sus argumentos el catedrático de la Escuela de Abogacía de la Universidad de Texas, en representación de la iglesia de San Pedro, quien al dirigirse a los magistrados declarará que RIFRA es anticonstitucional, así como lo es todo el esquema de la ley de derechos civiles, un esquema que, hasta ahora, ha sido repetidamente mantenido por los tribunales. "Sería un cambio abrupto de rumbo", dice el profesor Laycock, "si de repente el tribunal dijera al Congreso que no puede ampliar sus derechos constitucionales, pues se irían por la ventana 130 años de jurisprudencia".

Sin embargo, Marci Hamilton, quien representará a la ciudad de Boerne, dirá que RIFRA no es un estatuto cualquiera, sino una enmienda constitucional que se asemeja a un estatuto para poder ser aplicado sin necesidad de dar los difíciles pasos que requiere una enmienda constitucional.

"Este estatuto o supuesto estatuto tiene aspecto de enmienda constitucional", dice Hamilton. "Se aplica a toda ley que cada gobierno de Estados Unidos haya puesto en vigor. Si RIFRA es una buena ley, entonces se puede abrir un camino que lleve del portal del Tribunal Supremo hasta el portal del Congreso, y cada vez que alguien pierda un alegato constitucional en el tribunal, sólo tendrá que tomar ese camino para que el Congreso lo revoque. Y nada será final o definitivo; de hecho, el tribunal se convertirá en la rama más irrelevante del gobierno federal".

Hamilton argumentará que RIFRA difiere de otras leyes de derechos civiles porque exalta la religión sobre todo lo demás en la sociedad, y enlaza de modo inextricable al gobierno con la religión, lo cual es una violación de la Constitución. "El problema es la exaltación simultánea de todos los intereses religiosos del país. Es exactamente el problema que más preocupaba a los creadores de la constitución -- la unión del poder de la iglesia y del estado", dice Hamilton.

El abogado de la iglesia, Douglas Laycock, responde que, como mínimo, la iglesia tiene derecho a que no interfieran con ella: "La iglesia no tiene derecho a ir e imponer su voluntad sobre todos los demás, pero tiene derecho a practicar su fe".

Por otro lado, hay en curso un debate sobre los derechos de los estados (la Constitución concede a los estados el derecho de hacer leyes a nivel estatal y local que afectan a los ciudadanos). El Tribunal Supremo ha concedido un período de tiempo al estado de Ohio, que es su propio representante y de otros quince estados, para preparar su argumento sobre la interferencia de RIFRA en lo que es ya una función tradicional del gobierno estatal y del local, y el ejemplo número uno son las prisiones.

"Lo que se está viendo", dice Betty Montgomery, secretario de Justicia de Ohio, "es que los prisioneros que no pueden obtener por canales normales lo que pretenden, han comenzado a recurrir a esta Ley de Restauración de Libertad Religiosa para reclamar su derecho a determinado tipo de alimento, a determinado tipo de vestimenta, que tienen derecho a determinado tipo de trato que no está dentro de los límites de lo normal, y a menudo ponen en riesgo la seguridad de la institución".

Montgomery enumera muchas de estas historias de horror. Por ejemplo, el caso de prisioneros que reclaman su derecho religioso a repartir literatura inflamatoria o material pornográfico, pero reconoce que todas estas demandas han sido desestimadas por el tribunal. Los que apoyan RIFRA observan que las nuevas leyes aprobadas por el Congreso imponen multas y añaden más años a las sentencias de prisioneros que presentan demandas injustificadas.

Sin embargo, a fin de cuentas, la cuestión ante el tribunal es una sola: ¿es constitucional la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa? Si el tribunal dice que es constitucional, luego todos, incluso la iglesia de Douglas Laycock, sabrán que en el futuro los casos a tenor con RIFRA serán difíciles. Pero, sostiene él, este caso es fácil. "Es la esencia de la Primera Enmienda, la postura de la ciudad de Boerne es que estas personas no pueden asistir a Misa la mañana del domingo, porque se tendría que reorganizar la cantería de la iglesia. Es una postura absurda y atañe la misma esencia del libre ejercicio de la religión".

(Se prevé que este caso se decidirá en el verano de 1997).