LA FORMACIÓN DE UN GOBIERNO NACIONAL

El histórico salón de Independence Hall, en Filadelfia, donde los delegados firmaron la Constitución de Estados Unidos en el verano de 1787. La Constitución es la ley suprema de la nación. (© Robert Llewellyn)

Las 13 colonias norteamericanas se convirtieron en los 13 Estados Unidos de América en 1783, después de su guerra para independizarse de Gran Bretaña. Antes del final de esa guerra, ratificaron un marco de trabajo para sus esfuerzos colectivos. Esos Artículos de la Confederación permitieron crear una unión, pero ésta era extremadamente informal y frágil. George Washington la llamó “una cuerda de arena”.

No había moneda común en virtud de que cada estado acuñaba todavía la suya. Tampoco existía una fuerza militar nacional pues muchos estados seguían teniendo sus propios ejércitos y armadas. Había poco control centralizado sobre la política exterior; los estados negociaban directamente con otros países y tampoco tenían un sistema nacional para establecer y recolectar impuestos.

Original de la Constitución de Estados Unidos firmada por los delegados en Filadelfia el 17 de septiembre de 1787. (The National Archives)

Las disputas entre Maryland y Virginia por los derechos de navegación en el río Potomac, que era su frontera común, dieron lugar a una conferencia de cinco estados en Annapolis, Maryland en 1786. Alexander Hamilton, un delegado de Nueva York, dijo que esos problemas comerciales eran parte de cuestiones económicas y políticas más amplias. Añadió que lo que se necesitaba era un replanteamiento de la Confederación. Él y los demás delegados propusieron organizar una convención con ese propósito. El apoyo de Washington, que era sin duda el hombre que inspiraba más confianza en Estados Unidos, los ayudó a imponerse sobre quienes pensaban que esa idea era demasiado audaz.

La reunión realizada en Filadelfia en mayo de 1787 fue notable. Los 55 delegados elegidos para la convención tenían experiencia en el gobierno colonial y estatal. Ellos conocían bien la historia, la ley y la teoría política. Eran jóvenes en su mayoría, aunque en el grupo estaba también el veterano Benjamin Franklin, quien se acercaba al final de una extraordinaria carrera de servicio público y logros científicos. Dos estadounidenses notables no estaban allí: Thomas Jeff erson había ido a París como embajador de Estados Unidos en Francia, y John Adams estaba en Londres como embajador en Gran Bretaña.

James Madison, cuarto presidente de Estados Unidos, es considerado a menudo como “El Padre de la Constitución”. (The American History Slide Collection, © Instructional Resources Corporation)

John Marshall, presidente de la Corte Suprema de EE.UU. de 1801 a 1835, en un retrato de Alonzo Chappel. (© AP Images)

El Congreso Continental había autorizado a la convención para que enmendara los Artículos de la Confederación. En lugar de eso, los delegados descartaron los Artículos por considerar que no eran adecuados para las necesidades de la nueva nación e idearon una nueva forma de gobierno basada en la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. La reunión se había convertido en una convención constitucional.

Llegar a un consenso en algunos de los detalles de una nueva constitución sería en extremo difícil. Muchos delegados abogaban por un gobierno nacional fuerte que limitara los derechos de los estados. Otros argumentaban en forma igualmente convincente a favor de un gobierno nacional débil que preservara la autoridad estatal. Algunos delegados temían que los estadounidenses no fueran capaces de gobernarse por sí mismos y, por lo tanto, se oponían a las elecciones populares de cualquier tipo. Otros pensaban que el gobierno nacional debía tener una base popular de la mayor amplitud posible. Los representantes de estados pequeños insistían en una representación igualitaria en la legislatura nacional. Los de estados grandes creían que ellos merecían tener más influencia. Los representantes de estados donde la esclavitud era ilegal esperaban que ésta fuera proscrita. Los que venían de estados esclavistas rechazaban cualquier intento a ese respecto. Algunos delegados querían limitar el número de los estados de la Unión. Otros pedían que se otorgara la condición de estado a las tierras recién colonizadas en el Oeste.

Cada cuestión suscitó nuevas divisiones y cada una fue resuelta por medio de un compromiso.

El texto de la Constitución no era un documento largo. Sin embargo, sirvió de marco general para establecer el gobierno más complejo creado hasta entonces. El gobierno nacional tendría plenas facultades para emitir moneda, recaudar impuestos, otorgar patentes, conducir la política exterior, mantener un ejército, establecer oficinas de correos y declarar la guerra. Además, tendría tres ramas iguales –un congreso, un presidente y un sistema de tribunales– con facultades equilibradas y contrapesos para que todas controlaran sus acciones en forma recíproca.

Los intereses económicos influyeron en el curso del debate en torno al documento, pero lo mismo se puede decir de los intereses estatales, sectoriales e ideológicos. Otro factor importante fue el idealismo de los hombres que lo redactaron. Ellos estaban convencidos de que habían ideado un gobierno que promovería la libertad individual y la virtud pública.

El 17 de septiembre de 1787, al cabo de cuatro meses de deliberaciones, la mayoría de los delegados firmaron la nueva Constitución. Acordaron que ésta se convertiría en la ley suprema de la nación cuando nueve de los 13 estados la hubieran ratificado.

El proceso de ratificación se prolongó cerca de un año. Los opositores expresaban su temor de que un gobierno central fuerte llegara a ser tiránico y opresivo. Los partidarios respondían que el sistema de frenos y contrapesos impediría que eso ocurriera. El debate hizo que surgieran dos facciones: los federalistas que deseaban un gobierno central fuerte y apoyaban la Constitución, y los antifederalistas que proponían una asociación informal de estados y se oponían a la Constitución.

Aún después de que la Constitución fue ratificada, muchos estadounidenses sentían que carecía de un elemento esencial pues, a su juicio, no especificaba los derechos de los individuos. Cuando el primer Congreso se reunió en la ciudad de Nueva York en septiembre de 1789, los legisladores accedieron a agregar las disposiciones en cuestión. Tuvieron que pasar otros dos años antes que esas 10 enmiendas –conocidas en conjunto como la Carta de Derechos– fueran incorporadas a la Constitución.

La primera de las 10 enmiendas garantiza la libertad de expresión, de prensa y religiosa; y el derecho de protestar, reunirse pacíficamente y exigir cambios. La cuarta protege contra los registros y arrestos sin causa razonable. La quinta dispone el debido proceso judicial en todos los casos penales. La sexta garantiza el derecho a un juicio imparcial y expedito. Y la octava protege contra los castigos crueles e inusuales.

Desde que la Carta de Derechos fue adoptada, hace más de 200 años, sólo 17 enmiendas más han sido agregadas a la Constitución.