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“SOSTENEMOS QUE ESTAS VERDADES SON EVIDENTES POR SÍ MISMAS....”

Para mí, la Primera Enmienda significa... que la única forma constitucional en que nuestro gobierno puede preservarse a sí mismo consiste en dar a su pueblo la más completa libertad posible para elogiar, criticar o discutir todas las políticas gubernamentales, como lo juzgue apropiado, y expresar, si así lo desea, que hasta sus postulados más fundamentales son erróneos y deben ser modificados....

Hugo Black, juez de la Corte Suprema de Estados Unidos (1886-1971), tomado de su opinión disidente en el caso Barenblatt v. Estados Unidos, 1959

Tradicionalmente, los primeros estadounidenses no hablaban de “derechos humanos”. Sin embargo, sí hablaron de independencia y de libertades a las que asignaban un alto valor. Como súbditos británicos, estaban muy familiarizados con la continua evolución de los derechos políticos y constitucionales en Gran Bretaña.

Muchos de los primeros colonizadores llegaron al Nuevo Mundo en busca de la libertad religiosa que la Europa del siglo XVII les negaba. Massachusetts fue fundada por puritanos, Pennsylvania por cuáqueros, Maryland por católicos. Calvinistas franceses —los hugonotes— intentaron la colonización temprana de la región central del sur y más tarde se establecieron en gran número en varias colonias ubicadas más al norte. Tal parece que esos grupos tan religiosos no se aceptaron mutuamente en un principio; de hecho, algunos les impusieron su voluntad a las minorías religiosas e instituyeron religiones de Estado en la Norteamérica colonial. Sin embargo, al cabo del tiempo, las exigencias de la vida colonial fomentaron un sentimiento de tolerancia religiosa entre los grupos y, en la mayoría de los casos, la libertad de culto fue incorporada a la ley y la costumbre de las colonias.

Además de llevar su fe religiosa al Nuevo Mundo, los colonizadores norteamericanos trajeron consigo la pasión por el autogobierno. Desde antes de su desembarco en la costa de Massachusetts en 1620, los primeros colonizadores de Norteamérica, los puritanos, concertaron el “Pacto del Mayflower”, en el cual se comprometieron a acatar “leyes justas e igualitarias”, elaboradas por dirigentes elegidos por ellos mismos. La democracia de Massachusetts no era perfecta, pero a medida que más y más colonizadores llegaron a los asentamientos de la costa y poblaron el interior de la región nororiental de Estados Unidos —la que hoy se conoce como Nueva Inglaterra— surgió una tendencia a la inclusión. Ya en el siglo XVIII se había establecido firmemente el carácter democrático de Nueva Inglaterra, pues allí los habitantes de cada poblado se reunían como su propia autoridad legislativa. Entre los padres fundadores de Estados Unidos surgidos de este medio figuraron John y Samuel Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman, James Otis, Alexander Hamilton y muchos otros.

En Virginia, la más grande de las colonias del sur, cuya estructura social era muy distinta de la de Nueva Inglaterra, también había una larga tradición de participación en el gobierno local. De esta tradición surgieron George Washington, Thomas Jefferson, George Mason, James Madison y otros fundadores de Estados Unidos.

Así, cuando llegó el momento en que los colonizadores norteamericanos disolvieron los vínculos políticos que los unían a Gran Bretaña, se apegaron a un acervo de leyes y costumbres bien establecidas que reconocían la libertad de expresión, de culto religioso y de reunión, así como el derecho de petición, de ser juzgado con justicia y de participar en el gobierno de sus propios asuntos. De hecho, el menoscabo de esas libertades fue la chispa que encendió la revolución norteamericana para independizarse de Gran Bretaña.

En la Declaración de Independencia, Jefferson creó una afirmación sucinta, pero elocuente, de los derechos humanos y la ley natural. En el segundo párrafo de la Declaración, Jefferson escribió: “Sostenemos como verdades evidentes por sí mismas el hecho de que todos los hombres son creados iguales; que a todos les confiere el Creador ciertos Derechos inalienables, entre los cuales se encuentran la Vida, la Libertad y la Búsqueda de la Felicidad... que para garantizar estos derechos, los Hombres instituyen Gobiernos cuyos justos poderes provienen del consentimiento de los gobernados....”

Como dijo acerca de la Declaración Abraham Lincoln, quien encabezó a Estados Unidos en su batalla más enconada por los derechos humanos —la Guerra Civil— más de medio siglo después, los signatarios “intentaron sencillamente declarar ese derecho, con miras a que su debido cumplimiento se llevara a efecto en la forma más expedita que permitieran las circunstancias. Su propósito fue establecer una máxima uniforme para una sociedad libre, que fuera conocida y honrada por todos, para que en todo momento se esforzaran por alcanzarla, trabajaran continuamente por su consecución y, aunque jamás se alcanzara en forma perfecta, la aproximación a la misma fuera constante y, por ende, que su influencia se difundiera y profundizara sin cesar, incrementando así la felicidad y el valor de la vida para todas las personas, de todos los colores, en todas partes”.

Abraham Lincoln, 16º presidente de Estados Unidos, declaró el final de la esclavitud en todas las regiones rebeldes el 1 de enero de 1863, con la Proclamación de Emancipación.
Matthew Brady, Biblioteca del Congreso. (Para una foto ampliada - 16 Kb - haga clic en la imágen)

Si bien es cierto que la Declaración de Independencia no provocó la Revolución de Estados Unidos, esclareció la base racional para la lucha, la cual prosiguió, con ayuda de los franceses, hasta que se rindieron los británicos. El 3 de septiembre de 1783, representantes estadounidenses y británicos firmaron los artículos de paz —el Tratado de París— en el cual Gran Bretaña reconoció la independencia, libertad y soberanía de las 13 ex colonias norteamericanas que pronto se convertirían en estados.

En los primeros años de independencia, los estados norteamericanos siguieron siendo en gran parte independientes unos de otros, unidos solamente por los Artículos de la Confederación, poco específicos, que constituían la ley fundamental de la nueva nación. Esos artículos eran considerados más como un tratado entre estados iguales, unidos en busca de ventajas económicas y de seguridad militar, que como una constitución formal para gobernar al país. Esto se debió a la decisión deliberada de muchos, que temían la presencia de un gobierno central y creían que las libertades individuales estarían mejor protegidas en el nivel estatal que en el plano nacional.

El éxito de la revolución brindó a los estadounidenses la oportunidad de dar forma legal a sus ideales, tal como se expresan en la Declaración de Independencia, y remediar algunos agravios mediante las constituciones estatales. Ya en mayo de 1776, el Congreso había aprobado una resolución en la cual se recomendaba a las colonias la formación de nuevos gobiernos, “como resulte más conducente para la felicidad y seguridad de sus integrantes”. A un año de la Declaración de Independencia, sólo tres estados no habían redactado todavía su respectiva constitución.

El primer objetivo de los creadores de constituciones estatales fue garantizar aquellos derechos inalienables cuya violación impulsó a las ex colonias a romper sus vínculos con Gran Bretaña. Por eso cada constitución comenzaba con una declaración o carta de derechos. La constitución de Virginia, que fue el modelo para las demás, incluía una declaración de principios tales como la soberanía popular, la rotación en los cargos públicos y la libertad en las elecciones, además de una enumeración de libertades fundamentales: fianzas moderadas y castigos humanos, juicio expedito mediante jurado, libertad de prensa y de conciencia, y el derecho de la mayoría a reformar o cambiar al gobierno.

Otros estados prolongaron la lista de libertades. Pero las constituciones estatales tenían también limitaciones ostensibles. Las colonias al sur de Pennsylvania privaron a sus poblaciones de esclavos de sus derechos inalienables como seres humanos. Las mujeres no tenían derechos políticos. Ningún estado llegó al punto de permitir el sufragio masculino universal, e incluso en los estados que concedían el voto a todos los que pagaban impuestos, se requería que el aspirante a ocupar cargos públicos tuviera un patrimonio.

Con este propósito, en 1791 se añadieron diez enmiendas a la Constitución, conocidas colectivamente como la Carta de Derechos. Esas enmiendas garantizan específicamente la libertad religiosa, de expresión y de prensa. En ellas se proclama el derecho de las personas a reunirse pacíficamente, a exigir al gobierno la reparación de agravios, a portar armas, a la protección de su persona, su casa, sus documentos y efectos personales contra registro e incautación fuera de lo razonable, al debido proceso judicial y a un juicio público y expedito por un jurado imparcial.

Desde la adopción de la Carta de Derechos, sólo 17 enmiendas adicionales se han incorporado a la Constitución. En varias de esas enmiendas se revisó la estructura y la operación del gobierno federal, pero muchas siguieron el precedente establecido por la Carta de Derechos y ampliaron las garantías y libertades individuales.

Si bien es cierto que Estados Unidos comenzaron con un conjunto de libertades y derechos bien establecidos, tuvieron que pasar casi dos siglos para que pudiera decirse que esos derechos y libertades incluían a toda su población.

Un paso hacia una mayor inclusión consistió en expandir la franquicia más allá de los estrechos preceptos de la época, según los cuales sólo los varones blancos con propiedades podían votar u ocupar cargos públicos. A principios del siglo XIX, prácticamente todos los estados habían suprimido el requisito de tener un patrimonio como condición para votar o para ocupar cargos públicos, y la élite aristocrática que antaño gobernó al país ya había sido desplazada en gran parte por el nuevo norteamericano, el hombre forjado por sí mismo. Como lo comentó el autor francés Alexis de Tocqueville en su introducción a Democracy in America (La democracia en Estados Unidos) a mediados del siglo XIX, “cuanto más avanzo en el estudio de la sociedad estadounidense, tanto más me percato de que esa condición de igualdad es el hecho fundamental del cual parecen dimanar todos los demás”.

La expansión del sufragio dio lugar a un nuevo concepto de educación, pues los estadistas de todo el mundo percibieron la amenaza que implicaba el sufragio universal en manos de un electorado analfabeta y sin guía. Esos dirigentes tenían el respaldo de los sindicatos obreros, cuyos líderes exigían escuelas gratuitas para todos los niños, financiadas con los impuestos; poco a poco, los estados promulgaron leyes para ofrecer ese tipo de instrucción. Sin embargo, aunque el sistema de escuelas públicas se volvió muy común en todo el norte del país, la lucha por la educación pública duró muchos años en otras regiones.

La búsqueda de derechos y oportunidades de los estadounidenses atestiguó también el inicio de la organización de los trabajadores. En 1835, fuerzas laborales lograron que se redujera la antigua jornada de trabajo “de sol a sol” a un horario de 10 horas, en Filadelfia, Pennsylvania. En otras reformas de la época se abordaron los problemas de las cárceles y el cuidado de los enfermos mentales. Se hicieron esfuerzos para convertir las prisiones que hacían énfasis en el castigo, en penitenciarías donde los internos pudieran rehabilitarse, y para instituir hospitales estatales dedicados al cuidado de los enfermos mentales, a quienes antes se confinaba en miserables manicomios y prisiones.

El comercio internacional de esclavos fue abolido en 1808 y mucha gente pensó que eso pondría fin a la esclavitud también en Estados Unidos. Sin embargo, la esperanza resultó falsa, pues en la siguiente generación la región sur del país cerró filas en torno a la institución de la esclavitud, ya que el auge de las industrias sureñas intensivas en trabajo, como las de algodón, tabaco y caña de azúcar, hizo que los esclavos fueran inmensamente lucrativos. Así, los líderes del sur se aferraron a la esclavitud y anularon todas las acciones del movimiento abolicionista, cada día más fuerte y elocuente.

Frederick Douglass fue una voz destacada a favor de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos; exigió que se extendieran todos los derechos políticos para los afro-estadounidenses.
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En sí misma, la esclavitud era un sistema de brutalidad y coerción en el cual los azotes y la separación de las familias por la venta individual de esclavos, eran lo más común. Sin embargo, la crítica más incisiva contra la esclavitud era que, a juicio de muchos, violaba la esencia misma del derecho de todos los humanos a ser libres.

La situación empezó a cambiar con la elección de Abraham Lincoln como presidente del país en 1860. “Una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer”, había dicho él en un discurso de su campaña para llegar al Senado en 1858. “Creo que este gobierno no podrá durar permanentemente medio esclavo y medio libre”. Lincoln asumió la presidencia el 4 de marzo de 1861, y el 12 de abril de ese año los sureños abrieron fuego contra tropas federales estacionadas en el Fuerte Sumter, en el puerto de Charleston, Carolina del Sur, iniciando así la Guerra Civil estadounidense. La lucha entre los dueños de esclavos del sur, que querían independizarse de la Unión, y los residentes del norte costó medio millón de vidas de norteamericanos antes de llegar a su fin en 1865.

Lincoln declaró el final de la esclavitud el 1 de enero de 1863, con la Proclamación de Emancipación, en la cual declaró que todos los esclavos residentes de las regiones rebeldes serían “libres para siempre”. La esclavitud quedó formalmente abolida en diciembre de 1865, mediante la Decimotercera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, la cual dispone que “ni la esclavitud ni la servidumbre involuntaria existirán en Estados Unidos o en lugar alguno sujeto a su jurisdicción, salvo como castigo por un delito del cual la persona haya sido debidamente convicta”.

A unos cuantos meses del final de la guerra, el Congreso empezó a elaborar un plan para la reconstrucción del sur, que fue devastado por la lucha armada. A mediados de 1866, el Congreso ya había aprobado una carta de derechos civiles y establecido una Oficina de Hombres Libertos, ambas con el fin de evitar la discriminación contra los negros a manos de las legislaturas del sur. El Congreso aprobó también la Decimocuarta Enmienda a la Constitución, la cual declara que “toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción será ciudadana de este país y de los estados donde resida. Ningún estado aprobará o aplicará ley alguna que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de Estados Unidos; ni ningún estado privará a persona alguna de su vida, su libertad o su propiedad sin el debido proceso de ley, ni negará a nadie, dentro de su jurisdicción, la protección de las leyes en un plano de igualdad”. Así se rechazaba un veredicto anterior —conocido como la decisión Dred Scott, por el nombre del esclavo negro que presentó la querella— por el cual se negaba a los esclavos el derecho de ciudadanía.

Todas las legislaturas del sur, con una sola excepción, se negaron a ratificar la enmienda. La enmienda no fue ratificada hasta 1868, cuando la ratificación de la misma se impuso como condición para que los estados del sur pudieran librarse de la presencia de un gobierno militar permanente, establecido por el Congreso en esa región.

En 1870 se agregó otra enmienda a la Constitución, esta vez para afirmar que la raza no debía ser causa de impedimento para el derecho al sufragio. La Decimoquinta Enmienda, ratificada el 30 de marzo de ese año, dispone que “ni Estados Unidos ni ningún estado de la Unión negará o coartará a los ciudadanos de Estados Unidos el derecho al voto, por razón de raza, color o condición previa de esclavitud”.

A pesar de las leyes aprobadas y los esfuerzos realizados para resolver los problemas del sur, la Reconstrucción fue un periodo de regresión en muchos aspectos. Las legislaturas estatales del sur aprobaron “códigos negros”, con miras a imponer nuevamente la servidumbre a las personas libertas. Los códigos variaban de un estado a otro, pero todos tenían disposiciones en común. A los negros se les exigía la firma de contratos anuales de trabajo y se les imponían castigos en caso de violación; los hijos dependientes estaban sujetos a aprendizaje obligatorio y a penas corporales al arbitrio de sus amos; y los vagabundos podían ser vendidos para el servicio privado si no lograban pagar cuantiosas multas. El último cuarto del siglo XIX atestiguó también una gran profusión de leyes “discriminatorias para los negros”, en los estados sureños, por las cuales éstos segregaron las escuelas públicas; prohibieron o limitaron el acceso de los negros a instalaciones públicas, como parques, restaurantes y hoteles; y negaron a la mayoría de los negros el derecho al voto, con la aplicación de impuestos electorales y exámenes arbitrarios de lectura y escritura.

En efecto, a los esclavos se les había otorgado la libertad, pero no la igualdad. Sus necesidades económicas no eran plenamente atendidas en el norte. Aun cuando la Oficina de Personas Libertas trató de proteger a los esclavos frente a la violencia, no les pudo brindar oportunidades políticas y económicas. Los negros dependían de los blancos del norte —algunos de ellos, racistas— para que los defendieran del Ku Klux Klan, una organización de hombres blancos que amenazaba a los negros y les impedía ejercer sus derechos. Sin recursos económicos, muchos negros del sur se vieron forzados a trabajar como granjeros arrendatarios en tierras pertenecientes a los que habían sido sus amos, lo cual creó un ciclo de pobreza.

Por el fracaso del periodo de la Reconstrucción, la lucha de los afro-estadounidenses por la libertad y la igualdad tuvo que ser aplazada hasta el siglo XX, en el cual resurgió como un problema nacional, no sólo del sur.

En el mismo año, los trabajadores conquistaron el derecho de organizarse y negociar en forma colectiva. Después, en 1938, se estableció el salario mínimo y la jornada de trabajo semanal máxima.

Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos de 1933 a 1945, exhortó a todos los gobiernos a garantizar a sus ciudadanos el derecho de estar libres de las privaciones y el temor, además de la libertad de expresión y de culto.
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Aun cuando Roosevelt se vio a sí mismo dentro de la tradición de Thomas Jefferson y Abraham Lincoln a causa de su interés por los derechos políticos, la necesidad lo obligó a preocuparse por los problemas de la pobreza y las necesidades económicas fundamentales. El estallido de la guerra en Europa, en 1939, hizo que Roosevelt se apartara de los apremiantes problemas internos del país y considerara el tipo de mundo que podría surgir tras la devastación de tantos millones de seres. En enero de 1941, en el que se llegó a conocer como el discurso de las “cuatro libertades”, Roosevelt exhortó a todos los gobiernos a garantizar a sus ciudadanos el derecho de estar libres de las privaciones y el temor, además de la libertad de expresión y de culto.

En agosto de 1941, Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill concertaron la Carta del Atlántico, que proclamó la amplia visión de un nuevo mundo de posguerra basado en la democracia, la libertad, el desarme y la cooperación internacional. En enero de 1942, dos docenas de naciones que luchaban contra Japón y la Alemania nazi adoptaron los principios básicos de dicha carta. En ese documento se usó por primera vez el término “las Naciones Unidas”, acuñado por Roosevelt.

En diciembre de 1941, los japoneses atacaron la base naval estadounidense de Pearl Harbor, Hawai. La fiereza del ataque y el temor al espionaje asiático indujeron al gobierno de Estados Unidos a confinar a su población de origen japonés sin el debido proceso judicial. En febrero de 1942, casi 120.000 japonés-estadounidenses residentes de California fueron desalojados de sus viviendas y recluidos en 10 campos de concentración temporal, cercados con alambre de púas, para ser trasladados más tarde a “centros de reubicación”, en las afueras de poblados aislados del sudoeste. Más del 60% de esos estadounidenses de origen nipón nacieron en Estados Unidos y eran ciudadanos del país. Jamás se encontraron pruebas de espionaje. De hecho, varios japonés-estadounidenses de Hawai y de la porción continental de Estados Unidos combatieron con distinción en el frente italiano, y otros prestaron servicio en el Pacífico como intérpretes y traductores. Si bien la exclusión de los japoneses de la costa occidental de Estados Unidos fue mantenida por la Corte Suprema del país en el caso Korematsu v. U.S. en 1944, el gobierno nacional reconoció en 1983 la injusticia de esos actos y pagó indemnización a los estadounidenses de origen japonés de aquella época que todavía vivían.

Durante toda la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt siguió teniendo un profundo interés por la paz que vendría después y por establecer instituciones internacionales eficaces, para promover los derechos humanos fundamentales de toda la humanidad, no sólo de los estadounidenses. Como dijo el filósofo político Isaiah Berlin, la visión de responsabilidad internacional de Roosevelt lo hizo un héroe “para los indigentes y los oprimidos, aun más allá de los confines del mundo de habla inglesa”.

Roosevelt nunca dejó de creer que surgiría un mundo mejor después de la guerra. “El hecho grandioso que conviene recordar es que la tendencia de la civilización siempre es ascendente”, dijo en su discurso de toma de posesión —el cuarto y último— en enero de 1945. En 1945, el año de su muerte, las Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales en cuya creación trabajó tanto, ya estaban en vías de convertirse en instituciones perdurables. En contraste con los años siguientes a la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se negaron a ser miembros de la Liga de las Naciones y adoptaron una política de aislacionismo, su participación en la conferencia de San Francisco de 1945, para construir el marco general de las Naciones Unidas, demostró al mundo que el país estaba dispuesto a desempeñar un papel clave en los asuntos internacionales.